POR Jorge Octavio González
Si bien en estos momentos se están discutiendo los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, centrados por ahora a la radio y a la televisión, eso significa que después van a querer regular a la prensa escrita y a las redes sociales y los medios digitales.
De saque el gobierno federal está perdiendo el debate sobre la viabilidad de la ley propuesta de la presidencia de la República: a ningún medio ni a ningún periodista nos gusta que desde el gobierno se nos dicte qué tenemos que decir y qué no.
Pero además es peligroso el diseño: cualquier persona que se sienta agraviada, sea de la sociedad civil o político, puede interponer una queja ante el defensor de las audiencias y los dueños de los medios tienen que atender la solicitud para dar una solución.
Hay, en efecto, sanciones para quienes no corrijan la información que, de acuerdo a un comité que quién sabe quién lo integre y lo nombre, consideren que es falso o tergiversado; se llega incluso al extremo de una sanción económica que, ciertamente, podría ser utilizado como una herramienta de amenaza contra medios críticos del gobierno en turno.
No hay un solo medio de comunicación, desde el inicio de esta semana a la fecha, que no haya advertido la peligrosidad de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias: todos coinciden en que el gobierno federal lo que intenta es amordazar a los medios críticos del sistema so pretexto de una sanción económica o algo peor.
Cierto que apenas están analizando las propuestas y sugerencias de los expertos y de las audiencias para enriquecer la propuesta; el problema es que de entrada hay vicios y prejuicios de algunos actores del oficialismo que, no es novedad, tienen una animadversión en contra de los medios de comunicación.
Desde aquí advertimos que la propuesta de la presidencia de la República, si bien puede ser perfectible y enriquecida con propuestas que de verdad garanticen el derecho de las audiencias y el derecho a la libertad de expresión de los medios y de los periodistas, no es lo ideal en estos momentos que la prensa pasa por uno de los momentos más difíciles para ejercer la profesión.
En cada entidad existen sus particularidades, ciertamente: en Campeche, por ejemplo, a un comunicador de la tercera edad lo castigaron severamente y toda información que quiere publicar en su medio de información digital tiene que pasar por un censor del gobierno del Estado para darle luz verde o no.
El caso es indecente, pero la mandataria Layda Sansores es una dictadora bananera.
En San Luis Potosí, sin embargo, las cosas tampoco están mejor: el narco gobernador Ricardo Gallardo Cardona publicó una ley que sólo ha sido utilizada por su esposa, que tiene en estos momentos a tres periodistas en la cárcel y a otros diez denunciados a la espera de que el juez determine la sanción para cada uno de ellos.
El pretexto: castigar “la creación o difusión de contenidos manipulados digitalmente” para que, al final, los políticos del gobierno del Estado que se sientan agraviados sean los que utilicen esta ley que, a diferencia de las calumnias y la difamación, se sanciona con cárcel porque es por la vía penal.
Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias es un debate que el gobierno federal ya perdió antes de que se discuta: nadie puede creer en las buenas intenciones de un gobierno que se ha caracterizado por la estigmatización de los medios de comunicación y el ataque sistémico contra periodistas incómodos desde la máxima tribuna en Palacio Nacional.
El tema en cuestión, el de los derechos de las audiencias, se ha tocado desde el 2006 y tanto Felipe Calderón Hinojosa como Enrique Peña Nieto y después Andrés Manuel López Obrador lo pusieron sobre la mesa para regular a los medios tradicionales, todo con la finalidad de que, una vez cooptadas la radio y la televisión, sigan los medios digitales y las redes sociales, que es el verdadero objetivo.
El gobierno federal puede recular en su intentona de regular a la radio y a la televisión: al final la audiencia tiene la facultad de leer y escuchar a quien se le pegue la gana sin que alguna autoridad le diga a quién sí y quién no.
Y eso no debe cambiar nunca.