POR Luis Fernando Moreno Mayoral
Un alumno de la secundaria José Vasconcelos, en el municipio de Villa de Álvarez, era constantemente agredido por dos compañeros de clase: lo humillaban, lo insultaban, lo molestaban y le pegaban. Diario.
El menor de edad, con una condición de depresión, acudió con sus papás para contarles por lo que pasaba; de inmediato fueron a la escuela a poner la queja y después interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Colima.
En la secundaria los directivos no hicieron nada; en la FGE se inició el procedimiento pero los alumnos no se presentaron a declarar.
Después el caso fue un escándalo: un estudiante apuñaló a dos de sus compañeros y a una prefecta; los alumnos tuvieron heridas menores, pero la prefecta fue la más afectada.
La conclusión de todos: el agresor era una psicópata que debería estar recluido en un manicomio y los padres también.
Pero la verdad detrás de esta historia es diferente: el estudiante, sin que eso suene a justificación, se defendió de sus agresores sistémicos en la escuela; un día estalló y no permitió que nunca más lo maltrataran.
La prefecta, a la que hoy califican de heroína, se metió entre los navajazos y recibió varios cortes en su cuerpo; la pregunta es por qué nunca se metió ni arriesgó su vida cuando anteriormente los dos estudiantes agredían al que esta vez reaccionó para defenderse.
Si sabía, qué mal; si no lo sabía, qué mal: se supone que los prefectos saben todo lo que sucede en las escuelas y entre los alumnos.
Días después de la tragedia, un padre de familia exhibió al director de la secundaria José Vasconcelos delante de las autoridades de la SEP en Colima: molesto, incluso indignado, el señor señaló al director en todo momento mientras narraba cómo le decía a su hijo, sólo por tener melena, niña. Tres veces lo llamó así: un verdadero patán el director.
La primera acción que las autoridades educativas deben hacer ante este caso es cesar de manera fulminante al director de la secundaria por imbécil, negligente, clasista y discriminar a un niño por tener el pelo largo.
Lo segundo, después de que se recuperen los agresores de las heridas que les provocaron, es suspenderlos por los maltratos y el hostigamiento hacia su compañero: sus papás también deberían tener consecuencias jurídicas por solapar las acciones déspotas y miserables de sus hijos.
La prefecta debe tomar cursos sobre cómo actuar en situaciones de riesgo: quienes estuvieron ahí señalan que reaccionó sin saber qué hacer ni cómo lidiar con el problema.
El alumno que se defendió, por último, debe recibir toda la ayuda del Estado para que pueda continuar sus estudios en un ambiente sano y tranquilo; no se le debe criminalizar ni juzgar por actuar como lo hizo porque antes de ese hecho hubo abusos y agresiones hacia su persona que nadie de la secundaria pudo detener.
El bullying en las escuelas de Colima, sin embargo, no es nuevo: en la secundaria Jesús Reyes Heroles, al menos desde hace 30 años, se solapaba la nefasta actitud de alumnos que se sentían protegidos por sus padres, que a su vez pertenecían al SNTE 39.
Los directivos de entonces, como los de ahora, navegan de acuerdo a su comodidad y prefieren no interferir en los problemas para no salir afectados; para ellos es mejor que sucedan tragedias que prevenirlas.
Lo sucedido en la escuela José Vasconcelos, donde hay múltiples quejas de lo que sucede al interior sin que los directivos actúen, debe ser el parteaguas para ser más estrictos y no permitir conductas inapropiadas y hostiles de estudiantes contra sus propios compañeros.
Una sacudida a toda la plantilla de la secundaria es lo que se necesita como primer paso.