POR Jorge Octavio González
Primero hay que decir lo obvio: el artero ataque que recibió la ex presidenta municipal de Cuauhtémoc y su hermano es un hecho por demás lamentable.
En la gestión de Gaby Mejía, al margen de los claroscuros que se narraron a través de los medios de comunicación, la ola de violencia se desató como nunca en la historia del municipio otrora refugio de ex gobernadores.
Cierto es que nadie, partícipe o no en actividades criminales, merece morir en tales circunstancias, mucho menos dejando sin el cariño de una madre a un niño de cuatro años y a otro de apenas 15 días de nacido.
Como regidora del ayuntamiento de Cuauhtémoc, sin embargo, el perfil de Gaby Mejía era bajo: si acaso en las sesiones de Cabildo participaba o hacía una crítica a la administración actual; sin embargo, nada como para llamar la atención ni esperar represalias de alto calibre.
Porque, como los zopilotes que son, de inmediato salieron algunos representantes de la micro oposición en Colima a salir a gritar que lo de la ex alcaldesa era un crimen político.
Primero que nada no hay una línea de investigación sólida que concluya que se trató de un atentado con tintes políticos; tampoco se puede aventurar cualquier otra hipótesis que tenga que ver con asuntos personales o de negocios que haya tenido al margen de la política.
Serán las autoridades correspondientes las que se encarguen de investigar qué fue lo que sucedió y, eventualmente, presentar ante el ministerio público a los responsables de tan terrible acto criminal.
Pero los carroñeros, los que no tiene agenda política, salieron a exhibir su verdadero rostro: primero se dedicaron a golpear al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón por el recurso que se aprobó en el Congreso del Estado; ahora salieron en redes sociales y en comunicados oportunistas a exigir lo que ellos nunca pudieron ofrecer cuando estuvieron en el poder.
¿O ya se les olvidó que con José Ignacio Peralta Sánchez se secuestró, se torturó, se asesinó y se enterró en una fosa clandestina a una diputada en funciones, Anel Bueno, sin que ninguna autoridad diera con los responsables de los hechos? ¿Acaso nadie recuerda que, para proteger a familiares de un diputado del PRI, se comisionó a una docena de policías estatales hacia el vecino Jalisco, regresando la mitad de ellos descuartizados en bolsas de basura, sin que hasta la fecha haya un solo detenido de tal acción?
O nos vamos un poco más atrás: los atacantes del ex gobernador Moreno Peña nunca fueron aprehendidos y por eso todo el sexenio anterior y el actual, con el dinero de todos los contribuyentes, se tiene que pagar en estos momentos una media docena de escoltas que de manera permanente lo cuidan día y noche y a donde vaya.
Incluso uno de los mercenarios al servicio de Ignacio Peralta sufrió un atentado que casi le cuesta la vida; los criminales nada más esperaron a que el ex mandatario saliera por la puerta de atrás, repudiado por toda la sociedad colimense por dejarlos sin salario alrededor de 3 meses, para ir en contra de sus más cercanos colaboradores que, ciertamente, tuvieron señalamientos de estar al servicio del crimen organizado.
Hoy, los mismos que no hicieron nada por aplicar la justicia a los corruptos y a los criminales, exigen resultados inmediatos a la actual administración, que se encontró con un auténtico cochinero en todas las dependencias del gobierno del Estado, empezando por la Fiscalía General del Estado, no se diga en las áreas de finanzas y todas las demás.
Conmociona, eso es cierto, un crimen de esta naturaleza, no sólo porque era una regidora en funciones, sino porque tenía muchos amigos y familiares que la querían, como se ha podido comprobar en las innumerables publicaciones en las redes sociales.
Gaby Mejía era muy querida por muchos, pero así también lo eran la inmensa mayoría de las víctimas de la delincuencia organizada que esta ola criminal ha dejado en el camino en una guerra de cárteles que no parece tener fin.
La estrategia de seguridad del gobierno federal ha dado un viraje para bien, aunque para llegar a la raíz del mal hace falta todavía mucho tiempo.
Pero no será con discursos incendiarios, señalando culpables, como se va a solucionar este problema que viene desde hace décadas.
Lo primero que tiene que hacer la clase política, así como lo señalan en sus comunicados, es no politizar este atentado y esperar los resultados de las autoridades competentes; en tanto ellos deben ponerse a trabajar para coordinarse con todos los órdenes de gobierno, en aras de que a todos nos vaya bien.