POR Luis Fernando Moreno Mayoral
Partamos de un dato incontrovertible: gracias a José Ignacio Peralta Sánchez, que ordenó cerrar el caso Altozano en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Indira Vizcaíno no fue a la cárcel y pudo ser candidata de MORENA y después gobernadora de Colima.
Pero en el camino el ex gobernador se dio cuenta de algo que muchas otras personas lograron ver por sí mismas: la mandataria es una malagradecida y no tiene palabra de honor.
Y es que, aun cuando el favor que Nacho Peralta le hizo a su ex funcionaria la habilitó para que hoy ocupara el cargo ostenta, para ella no fue suficiente y puso más condiciones para no proceder en contra del priísta por el desfalco a las arcas del Estado.
Lo primero fue obligar a renunciar a Gabriel Verduzco Rodríguez, pese a que le faltaban 3 años para concluir su periodo en la Fiscalía General del Estado de Colima y tenía la posibilidad de reelegirse otros 6 años más, e impulsar ante el Congreso del Estado a Bryant Alejandro García Ramírez para que lo sustituyera.
Lo segundo fue que buscaran el mecanismo para correr a todos los trabajadores de confianza del gobierno del Estado para que cuando ella llegara tuviera los espacios disponibles para nombrar a su gente.
Y la tercera se explicará luego de dar el siguiente contexto: este sábado, en el periódico REFORMA, la periodista Peniley Ramírez publicó un trabajo en donde revela más datos acerca del espionaje que llevó a cabo la Fiscalía General de la Ciudad de México en contra de opositores y miembros de Movimiento de Regeneración Nacional.
Pero también reveló que la Fiscalía de Colima envió una solicitud de información a Telcel para intervenir el número telefónico, que incluye llamadas, mensajes y la geolocalización, del senador Ricardo Monreal Ávila.
Cierto es que, si analizan el oficio que el alcalde Santiago Taboada mostró con Carmen Aristegui, se darán cuenta que uno de los oficios es del 11 de julio de 2021 y fue firmado por el agente del Ministerio Público José Luis Beltrán Araiza, cuando todavía estaba como gobernador Ignacio Peralta.
Pues bien: Indira Vizcaíno y su mini fiscal, para deslindarse del tema, dirán que el oficio de solicitud fue en la pasada administración y que ellos nada tienen que ver con la intervención de las telecomunicaciones del senador y que no son iguales.
Pero aquí lanzamos una pregunta: ¿por qué, si para el 11 de julio el partido de José Ignacio Peralta ya había perdido la elección para gobernador y estaba a escasos 10 días de anunciar que se habían quedado sin dinero para pagar a los trabajadores del gobierno del Estado, tuvo la iniciativa de pedir a la compañía telefónica intervenir el celular de Monreal Ávila y otros 10 números más?
Exacto: porque no lo hizo por su propio pie; fue una más de las órdenes que le dio Indira Vizcaíno para terminar de sellar el pacto de impunidad al que llegaron.
Y así, al haber propuesto a su inútil ahijado como mini fiscal, dejarle más de mil cargos libres en el gobierno del Estado para su gente y que se intervinieran números telefónicos de políticos que eran mal vistos en Palacio Nacional, es como finalmente se selló el pacto de impunidad y la gobernadora instruyó a sus empleados en el Congreso del Estado a no avanzar en el juicio político en su contra.
A Ignacio Peralta le salió muy caro ese pacto de impunidad: no sólo fue obligado a hacer cosas que no quería, sino que, encima de todo, ni siquiera le dieron una embajada como a otros ex mandatarios que entregaron la plaza y no hicieron nada para intervenir en las elecciones.
Aclarado el asunto de las fechas de la solicitud de información a Telcel que hizo la Fiscalía de Colima, ahora tendríamos que cuestionarnos a cuántos más, entre políticos, periodistas, académicos, activistas y miembros de la sociedad civil están espiando en esta administración y tienen en su poder los registros de llamadas telefónicas, mensajes y hasta su geolocalización.
Pero eso será en la siguiente entrega de ORDEN POLÍTICO.
CONTINUARÁ…