POR Jorge Octavio González
Ridículo que la contralora Isela Uribe Alvarado presuma que se han auditado 175 millones de pesos al gobierno del Estado y que no hallaron ninguna anomalía.
De acuerdo a un comunicado enviado por la administración estatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) analizó la cuenta pública 2022 y, de los 2 millones 300 mil pesos auditados, “no se obtuvo observación alguna respecto al origen y destino de dichos recursos, lo que indica que se usaron de manera adecuada”.
Y la Secretaría de la Función Pública, en la revisión del ejercicio fiscal 2022 en el programa U013 de Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población Sin Seguridad Social, fiscalizó poco más de 169 millones de pesos.
El gobierno de Colima, añadió la contralora general del Estado, “resultó con un dictamen limpio, sin observación alguna y sin montos financieros por aclarar”.
Si tomamos en cuenta que el recurso que aprobó la Federación para Colima en el 2022 es de más de 15 mil millones de pesos, esto significa que los 175 millones de pesos auditados por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública no cubre ni siquiera el .5% del total del dinero que dispuso el gobierno del Estado de la Federación.
Absurdo, por supuesto, que el gobierno del Estado pretenda engañar a la sociedad a partir de una muestra insignificante de los recursos enviados por el gobierno federal. Algo más serio sería que se auditara al menos el 40% del recurso destinado de la Federación, pero ahí habría, desde luego, observaciones y montos por aclarar.
En Colima, sin embargo, qué ha hecho la Contraloría General del Estado en lo que respecta a sus responsabilidades.
De acuerdo a una información proporcionada por la propia dependencia a cargo de Isela Uribe Alvarado, en donde la cuestionan acerca de las denuncias hechas en contra de funcionarios que adquirieron casas millonarias en Bosque Real, amén de otras cuestiones, los resultados son pobrísimos.
Al margen de señalar que, a la fecha de la respuesta, el 14 de septiembre de 2023, no había denuncia alguna en la Contraloría sobre las casas de Eduardo Jurado Escamilla, Arnoldo Vizcaíno Silva y Rosi Bayardo, señalaron que se han radicado 53 expedientes de investigación derivado de auditorías realizadas en el ejercicio fiscal 2022; sin embargo, en el 2023 no hay ni una sola.
Y aquí viene el nulo trabajo que han hecho en la dependencia encargada de vigilar a los funcionarios del gobierno del Estado.
No hay un solo procedimiento de responsabilidad administrativa resuelto. No hay una sola sanción impuesta a funcionarios públicos por responsabilidad administrativa. No hay una sola denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por hechos en apariencia de delito. No hay un solo funcionario público sancionado en los ejercicios fiscales 2022 y 2023. Y no hay un solo expediente de responsabilidad administrativa que haya sido enviado al Tribunal de Justicia Administrativa por falta grave.
Así de increíble el trabajo en la Contraloría General del Estado: no hay nada.
¿Qué hace, entonces, Isela Uribe Alvarado? Además de presumir una auditoría que no representa ni el 1% del presupuesto que envía la Federación, sólo encubrir a la gobernadora y a sus funcionarios de las irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones.
Qué gran desilusión de la funcionaria que, cuando estaba en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, exigía cuentas claras a los funcionarios de la pasada administración.