POR Jorge Octavio González
El recién estrenado Tribunal de Disciplina Judicial, conformado tras la elección al Poder Judicial para renovar ministros, jueces y magistrados, acaba de emitir la primera resolución sobre un juez de Colima.
Los integrantes de este órgano de disciplina judicial a nivel nacional dieron a conocer que un juez federal de Colima fue suspendido por tener un “notorio desvío de la legalidad” en sus fallos.
Y es que, para tener el contexto de la situación, resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que en Colima habían aumentado ligeramente los homicidios dolosos, pese a que la Guardia Nacional y la Marina Armada de México estaban ayudando sobremanera en la entidad; cuando preguntaron por qué estaba pasando eso, respondieron que se debía a que un juez había liberado a un generador de violencia.
Lo anterior, sin embargo, sirvió para que la presidencia de la República enviara una carta a la Suprema Corte explicando el caso; cuando se enteraron del hecho, iniciaron las investigaciones correspondientes y determinaron que dicho juez había emitido fallos irregulares en diversos casos que llevó.
El Tribunal de Disciplina Judicial dio a conocer su resolución este lunes 3 de noviembre. Y explicaron algunas de las razones para llegar a este acuerdo: “De forma reiterada —señalaron en un comunicado—, el juzgador redujo las penas acordadas entre la Fiscalía y los imputados que optaron por el procedimiento abreviado. Proceder que fue corregido por Tribunales de Alzada que en sus resoluciones señalaron que este acto era contrario a Derecho”.
Y también “concedió beneficios de la condena condicional, lo que generó violaciones al debido proceso, y no cumplió cabalmente con requisitos de procedencia para iniciar el procedimiento abreviado”.
Debido a que “el juzgador no actuó como garante del cumplimiento de requisitos legales sino que, por el contrario, asumió una conducta reiterada y sistemática que excedió sus facultades y contravino principios rectores del procedimiento penal”, la Comisión de Investigación determinó la suspensión (del juez), “a fin de evitar que continúe poniendo en riesgo la correcta administración de la justicia”.
Aunque quienes estuvieron en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación están asegurando que esta sanción es el inicio de la persecución contra jueces no alineados, lo cierto es que la noticia debiera generar tranquilidad a la sociedad en general, pues se suspendió a un juez que, ciertamente, no actuó conforme a los principios rectores del procedimiento penal.
Más allá de la jerga jurídica para explicar el proceder del Tribunal de Disciplina Judicial, es una buena noticia que un juez capaz de manipular asuntos relativos a procedimientos de delitos de portación y posesión de armas de fuego, así como estupefacientes, sea suspendido de sus funciones para que no continúe afectando a las víctimas y favoreciendo a los presuntos criminales.
Si ese juez, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, liberó a un delincuente que generó una escalada de violencia en la entidad colimense, por supuesto que se tiene que actuar en su contra por haber tomado una decisión que afectó a la sociedad; no proceder o ignorar lo que hizo sería como regresar a los tiempos oscuros de la impunidad.
¿Quién va a estar en contra de suspender a un juez que libera delincuentes? ¿Quién estaría en contra de que se tomen medidas severas en contra de juzgadores que facilitan la reducción de condenas a generadores de violencia? ¿Quién estaría en contra de que los jueces, por primera vez en la historia de México, sean auditados en tiempo real por un tribunal de disciplina que no va a permitir que se cometan actos ilegales?
Sólo quienes apoyan al crimen organizado podrían estar enojados con este tipo de sanciones.
La gente de bien, los que denuncian con la esperanza de que se les haga justicia, ven con buenos ojos que por fin se sancione a jueces corruptos que, por complicidad o por amenazas, manipulan la ley para favorecer a los integrantes de la delincuencia organizada.
Si un juez favorece a un criminal porque recibe dinero de ellos debe ser investigado y sancionado.
Y si un juez libera a un delincuente porque recibió amenazas definitivamente tampoco debe estar impartiendo justicia y debería dedicarse a otra cosa.
Esperemos que el Tribunal de Disciplina Judicial investigue todos los casos irregulares de jueces, de Colima y de todo el país, para que no continúen liberando delincuentes o maniobren para reducir sus condenas.
