POR Jorge Octavio González
Justo cuando Movimiento Ciudadano Colima se la jugó con la denuncia en contra de la presidenta municipal de Manzanillo, según ellos por actos anticipados de campaña, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima inhabilitó por 5 años al secretario de Planeación y Finanzas del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez.
Aunque habría que conocer los nombres de los magistrados que votaron en abstención y de quién propuso reducir la sanción de 12 a cinco años, que fue fijada por los diputados del Congreso del Estado, lo cierto es que el partido naranja recibió otro golpe moral por las corruptelas de Carlos Arturo Noriega García.
El otro cañonazo fue hace sólo unos días: la detención y posterior vinculación a proceso del secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la administración de Ignacio Peralta y director general del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima (IPCO) en el periodo 2021-2024.
Y cosas de la vida: en la conferencia donde anunciaron la denuncia en contra de Rosa María Bayardo Cabrera se rasgaron las vestiduras con el respeto a la legalidad, a los tiempos electorales, cuando el propio Noriega García fue inhabilitado por actos de corrupción y Martha Zepeda del Toro y Griselda Martínez Martínez están vinculadas a proceso por un juez y en breve podrían ser también sancionadas con la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El partido que dirige Margarita Moreno sólo está dando patadas de ahogado; sabe que en el debate de la legalidad y el combate a la corrupción están perdiendo por los impresentables que la rodearon en el gobierno del Estado y los que se llevó al ayuntamiento de Colima con el objetivo de utilizar la plataforma para regresar al poder en el 2027.
Margarita Moreno y Chuy Dueñas, una caricatura de político que desprecia a los medios y cree —como su jefe— que su estirpe le da la calidad moral para hacer lo que sea, se dejaron engañar por los odios y prejuicios de Martha Zepeda y Griselda Martínez; fue idea de ellas presentar la denuncia contra la presidenta de Manzanillo y abrir otro frente más contra el oficialismo que, ciertamente, no se quedará de brazos cruzados.
Martha Zepeda y Griselda Martínez no tienen nada que perder: ellas bien saben que en cualquier momento pueden ser inhabilitadas y ya tienen preparado todo el circo para hacer disturbios en Colima y presentarse como víctimas.
Ellas ya están acostumbradas a la política de carroña y de golpeteo sucio y bajo.
Pero Margarita Moreno y Chuy Dueñas, dos privilegiados que nunca en su vida han salido a marchar por causas justas ni se ensucian los zapatos para trabajar en territorio, no están en la misma sintonía que sus compañeras radicales; ellos saben que la Fiscalía del Estado de Colima puede activar las múltiples denuncias que hay en su contra y llevar a más de uno de su grupo a la cárcel.
En el oficialismo ya demostraron, con Jesús Sánchez Romo y la inhabilitación a Carlos Noriega García, que no están jugando; si siguen estirando la liga pueden reventarla por lo más delgado, que son los ex funcionarios del gobierno del Estado y del ayuntamiento de Colima que tienen denuncias por desvío de recursos y otros delitos.
Las autoridades electorales, tanto las locales como las federales, ya tienen un precedente de ese tipo de denuncias que se hicieron en la elección presidencial del 2024: determinaron que no había delito alguno porque la ley electoral define las causales para que se configure el delito de actos anticipados de campaña.
Que el oficialismo sepa la manera de darle la vuelta es culpa de la ambigüedad de quienes redactaron en el pasado las leyes electorales, cuya arquitectura se definió como si el PRI jamás fuera a perder el poder que amasó durante más de 70 años en el país.
Lo único cierto, más allá de las eventuales sanciones que esperan Martha Zepeda y Griselda Martínez, es que Rosa María Bayardo Cabrera será la candidata de Movimiento de Regeneración Nacional, con los aliados del Verde Ecologista y del PT o sin ellos, a la gubernatura de Colima.
Lo demás es exposición gratis y una demostración de cómo MC está fungiendo como rémora política: están viendo cómo les puede redituar en bonos ante el rotundo fracaso de su proyecto.