POR Jorge Octavio González
Desde la oposición festinan las acusaciones de narcopolítico hacia Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa y en el oficialismo acusan a Maru Campos de permitir operar a la CIA en territorio mexicano sin la autorización del gobierno de la República.
Aunque una parte justifica el actuar de la gobernadora de Chihuahua argumentando que los señalamientos de Estados Unidos en contra del mandatario con licencia de Sinaloa son más graves, lo cierto es que los dos incurrieron en ilegalidades que deben ser sancionadas por las autoridades competentes.
Sinaloa es emblemático: desde el 2021, cuando se llevó a cabo la jornada electoral, el PRI acusó el levantamiento de operadores del tricolor por parte de presuntos delincuentes, a quienes mantuvieron secuestrados hasta que concluyó la elección constitucional.
Al paso de los años, sin embargo, se documentó todo el entramado criminal que llevó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa: desde el apoyo irrestricto de la facción de Los Chapitos, pasando por el robo de urnas en donde la oposición podía tener mayor respaldo, hasta la validación de la elección por la hermana de Enrique Izunza, uno de los acusados por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos criminales con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Pero Chihuahua no se queda atrás: la mandataria María Eugenia Campos, por acción o por omisión, no informó al gobierno de México de la presencia de agentes de la CIA en operativos en territorio chihuahuense; el caso en cuestión fue el del desmantelamiento de un narcolaboratorio en donde murieron dos agentes estadounidenses en un accidente.
Si bien no se compara con lo que sucedió en Sinaloa, sobre todo en lo que respecta a la colusión criminal para gobernar la entidad, en Chihuahua también se violó la ley que, en esencia, dice que está estrictamente prohibido la participación de agencias extranjeras en territorio mexicano sin la debida autorización del gobierno federal.
Aunque Maru Campos ha negado una y otra vez que ella haya dado la autorización, no obstante en entrevistas ha confesado más cosas que de igual manera no son justificables, lo cierto es que se violó la soberanía y las leyes mexicanas pueden encuadrar la ilegalidad en traición a la patria.
Que lo de Chihuahua no se compara con lo que ocurrió en Sinaloa es irrelevante: la realidad es que los dos gobernadores deben afrontar las consecuencias de sus actos y comparecer ante las autoridades por los delitos que se les acusan.
No porque en Sinaloa la colusión del gobierno con crimen organizado es algo aberrante vamos a cerrar los ojos a la flagrante violación a la soberanía nacional en que incurrió la gobernadora de Chihuahua; tampoco porque Maru Campos es panista se le tiene que lanzar todo el aparato del Estado para equilibrar el cochinero que hay en Sinaloa.
Tanto Rubén Rocha Moya como María Eugenia Campos deben comparecer ante las autoridades competentes y un juez debe valorar si las acusaciones en su contra están o no sustentadas.
En el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, si no encuentran elementos para sancionarlo en México, deben proceder a extraditarlo hacia los Estados Unidos, tal y como lo solicitó de manera formal el gobierno de Donald Trump de acuerdo a los tratados que tienen firmados las dos naciones.
Si el oficialismo se ve mal defendiendo a un narcopolítico como Rubén Rocha Moya, que fue señalado por el mismo Ismael Zambada García de estar invitado a la reunión donde le tendieron la celada y se lo llevaron a Estados Unidos, también se ve pésimo el PAN y la oposición en pretender que Maru Campos es una blanca palomita que nunca se enteró de la presencia de agentes de la CIA en operativos en la entidad que gobierna.
En el caso particular de Chihuahua, sin embargo, tanto Maru Campos con Andrea Chávez Treviño son iguales: las dos son soberbias, altaneras y corruptas.
Ni a cuál irle.