POR José Luis Santana Ochoa
En mala hora para el país, el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, graciosamente les entregó el control del tráfico carretero, aéreo, marítimo y aduanal, a las fuerzas armadas, dizque porque le garantizaban honestidad a toda prueba, aunque no estuvieran calificadas para el eficaz desempeño de tales menesteres. El previsible desastre no se hizo esperar. Con la militarización 4teìsta decretada por el Peje que resultó muy lagarto, la movilidad de personas y mercancías se volvió más ineficiente e insegura, onerosa, que en los tiempos neoliberales.
Con el propósito de devolver a manos civiles la administración de las aduanas y de los puertos que opera la Secretaría de Marina, la diputada federal Julia Lizet Jiménez Angulo, el jueves 18 de septiembre de 2025 presentó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión su sensata propuesta para reformar la Ley Aduanera en vigor, a fin de regresarles a los puertos mexicanos, entre ellos el de Manzanillo en Colima, la competitividad y la eficiencia perdidas.
“Las aduanas requieren personal especializado en materia tributaria y administrativa, con procesos sujetos a transparencia y rendición de cuentas. Al militarizarlas, se opacaron los procedimientos y se debilitó el control civil, sin resolver los problemas de corrupción, contrabando ni el llamado huachicol fiscal”, dispara apunta con puntería apache dando en el blanco la diputada federal panista Jiménez Angulo.
“En el Puerto de Manzanillo, el más importante del país, persisten la saturación, pérdidas económicas y denuncias por extorsión de parte del personal de aduanas a los importadores, lo que ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza. Es necesario respetar a las Fuerzas Armadas y evitar distraerlas de su misión constitucional, devolviendo estas tareas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la instancia con las competencias técnicas y administrativas para garantizar eficiencia y transparencia”, ejemplifica Julia Lizet para convencer a sus 499 compañeros legisladores federales de la imperiosa necesidad de corregir el desastre al que, so pretexto de combatir la supuesta corrupción heredada del viejo régimen la hizo crecer a escandalosos niveles nunca jamás vistos.
Ojalá que la propuesta que hace la diputada federal Julia Lizet Jiménez Angulo sea analizada a conciencia en la Cámara de Diputados, junto a la que ha presentado el Ejecutivo federal, porque, al margen de colores y siglas partidistas, pues es impostergable “construir una solución real que permita combatir el fraude fiscal, el huachicol fiscal y recuperar la competitividad de los puertos”, como ella sostiene.
Desde Paso Del Norte, el dirigente local de los Agentes Aduanales, Adrián Rodríguez Almeida, informa que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) “volverá a contar con funcionarios civiles y poco a poco irá retirando a militares de los cargos de control dentro de las distintas plazas fiscales. Paulatinamente se estarán haciendo cambios operativos en las aduanas de todo el país y Ciudad Juárez ya empezó con los movimientos administrativos. El Gobierno Federal busca optimizar los servicios en los puertos fronterizos, agilizando los procesos de importación y exportación, pero con gente más capacitada”. ¡En hora buena!
A pesar del huachicol fiscal y el ingreso por los puertos mexicanos de cocaína, precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas y mercancías ilegales de topo tipo, la mejor presidente del mundo, incapaz de darle contras a su hacedor, sentenció que las fuerzas armadas continuarán en el control de aduanas y puertos dizque porque “La Marina ha tenido un papel muy importante en las administraciones del sistema portuario nacional; hay mucho mayor control y desarrollo de los puertos. En el caso de Aduanas, cuando el presidente López Obrador tomó la decisión de involucrar a las fuerzas armadas, la recaudación subió 250 mil millones de pesos de un año a otro, y este año ha aumentado en casi 200 mil millones adicionales”.
EL ACABO
También debe quitárseles a los militares el control de las carreteras y los aeropuertos del país, y sacarlos de las grandes obras de infraestructura como lo fueron las del Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas. Ojalá que con ellas se den ya por bien servidos. Lo mismo debe hacerse en todas las áreas de la administración pública donde todavía anden metidos. ¿O no?
Ojalá que con la deshonra y el oprobio que dañaron la imagen de la Secretaría de Marina por andar metida donde no debía, los militares hayan tenido ya suficiente para tocar retirada de funciones y tareas que simple y llanamente nos les competen.