POR Luis Fernando Moreno Mayoral
La reforma judicial, aunque tuvo sus imperfecciones a nivel nacional, en Colima tuvo un resultado satisfactorio: se removieron a todos los magistrados y jueces que, ciertamente, se habían enquistado en el Poder Judicial y utilizaban sus resoluciones como moneda de cambio.
Aunque todavía hay quejas de algunos servidores públicos que actúan como si estuvieran en el viejo régimen, como vender sentencias o inclinarse hacia uno u otro lado del conflicto, lo cierto es que se dio una sacudida a toda la corrupción y podredumbre que había.
Pero la justicia prometida, sin embargo, aún no llega.
Hace unos días se dio a conocer que el Tribunal de Disciplina Judicial había suspendido a dos personas “por posibles faltas graves en el desempeño de su actuar”: a una juzgadora la castigaron por actos de corrupción, mientras que a una secretaria actuaria por un conflicto de interés.
Bien que, en aras de impartir la justicia de manera eficiente y eficaz, actúen en contra de juzgadores y secretarios actuarios ante una evidente falta en el ejercicio de sus funciones; la cuestión es que no se ha visto ni palpado dicha justicia hacia la sociedad colimense.
Es el caso de la inhabilitación a Carlos Arturo Noriega García, que fue sancionado por el Congreso del Estado por 12 años: en una sesión del Tribunal Superior de Justicia que nadie conoció los magistrados redujeron su condena a sólo cinco años para no ejercer cargos públicos.
Pese a las múltiples irregularidades y actos de corrupción del ex secretario de Planeación y Finanzas del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, Noriega García sólo tendrá que esperar cinco años para volver a ocupar un cargo púbico.
También ha trascendido a los medios de comunicación la actuación parcial de juezas del juzgado de lo familiar: algunos padres de familia denunciaron que han sido separados de sus hijos sólo porque la madre hizo acusaciones falsas sobre la convivencia del hombre con los menores.
Pero el problema no es sólo que exhiban las mentiras de una de las partes para dejar sin la convivencia de ley al padre, sino que las juzgadoras se coluden entre ellas y alargan los procesos hasta que la situación se torna complicada para todos, en especial para los infantes.
Todo lo anterior, aunado a las acusaciones en contra del presidente Juan Carlos Montes y Montes, en el sentido de influir en un asunto familiar para beneficiarse, hace que el actuar del Poder Judicial de Colima esté en tela de duda.
Nadie va a extrañar a magistrados que hacían negocio en el Poder Judicial, o que acosaron a las secretarias que pudieron; sin embargo, los actuales jueces y magistrados deben poner el ejemplo para que no sigan siendo señalados como los magistrados y jueces del acordeón.