POR Luis Fernando Moreno Mayoral
El fallo adverso de La Suprema Corte de Justicia de la Nación al periódico La Jornada, que denunció por daño moral a la revista Letras Libres, deja un buen precedente: por encima del honor, cuando se trate de un conflicto entre medios de comunicación, está la libertad de expresión; así lo determinaron los ministros que recibieron, la víspera de la resolución, una serie de cuestionamientos llenos de odio y frustración de parte de simpatizantes del medio dirigido por Carmen Lira.
El conflicto se originó por el artículo de Fernando García Ramírez denominado “Cómplices del terror”, en el que, exhibiendo que La Jornada había ocultado un convenio que firmaron con el periódico Gara, además de la campaña de desprestigio que emprendieron contra el juez Baltasar Garzón y, sobre todo, los procesos abiertos por terrorismo en España contra Josetxo Zaldúa, coordinador general de edición, “y acelerado proetarra”, les dijo que estaban “al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas”. Carmen Lira respondió y, enviando una carta que se publicó en Letras Libres, pidió que aportaran pruebas de que su medio tenía relación con el terrorismo o que, de lo contrario, se retractaran. No sucedió ni lo uno ni lo otro no obstante que el propio García Ramírez respondió a la señora Lira y celebró que rompieran con ETA.
La vía más sencilla para la directora de ese medio de izquierda fue la denuncia por difamación y daño moral. A partir de entonces se suscitó un debate intestino entre esos dos medios y otros externos que expresaron sus puntos de vista sobre el particular: unos defendiendo la libertad de expresión, y otros, en su papel de plañideras, pidiendo la indemnización a La Jornada por el daño que les causaron las acusaciones de García Ramírez.
Si hay un medio de información en México que ha empleado la libertad de expresión hasta rayar en la calumnia y la difamación ese es, desde luego, La Jornada: el golpeteo y el chantaje y la presión burda y mezquina de ese periódico se leía todos los días en contra de políticos y personas que no ostentaban cargos públicos pero que, de cualquier manera, no respondían a sus intereses. Y nadie, sin embargo, les dijo nada ni han sido objeto de amenazas ni de denuncias por lo que han publicado; como medio de información tienen toda la libertad de decir lo que se les pegue la gana sin que por ello reciban represalias.
Lo que ya fue incongruente en ellos es que se ofendieran porque Fernando García Ramírez, entonces subdirector de Letras Libres, les dedicara su artículo “Cómplices del terror”; fue ahí que pusieron el grito en el cielo y emprendieron la denuncia que, después de siete años, llegó a su fin: Letras Libres, según el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, no cometió ningún delito; simplemente emplearon la libertad de expresión y, dijo el ministro, aunque no compartían los adjetivos y el tono que utilizó García Ramírez contra La Jornada, los protegía la Constitución.
Miguel Ángel Granados Chapa, quien fuera fundador del diario y salió por la forma antidemocrática como se manejan al interior, escribió, a propósito del conflicto, una columna en donde hace una reflexión certera sobre el papel de los medios: “la prensa se combate con la prensa”.
Y, en efecto, el desaparecido columnista señaló que “el uso y el abuso de los instrumentos legales para defender el buen nombre de las personas proviene de ámbitos ajenos al periodismo, y ha dado lugar a una forma extrema de limitación a las libertades de información y de expresión, que es el acoso judicial”; también agregó que “cuando una publicación acude a los tribunales para denunciar la conducta de otra publicación, me parece que estamos ante una deformación del propósito legal, dañina para la prensa en su conjunto y que, en el caso al que ahora me refiero, puede redundar en perjuicio del demandante, que por la índole de su tarea quedaría sujeto a reclamos judiciales a tal punto que se anularía su derecho de informar”. Y, por último, cerró impecablemente: La Jornada, “en vez de refutar desde sus páginas las opiniones de que discordara, como corresponde a un diario que todos los días expresa juicios sobre multitud de personas en todos los ámbitos (…) acudió a la justicia, tan endeble en nuestro país”.
No obstante que las opiniones más sensatas y respetables giraban en torno a que era una desfachatez que La Jornada dirimiera en los tribunales lo que podía defender en sus páginas, el periódico de Carmen Lira abrió varios frentes contra la revista Letras Libres y, en especial, contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su editorial del viernes 18 de noviembre, a escasos días de que la SCJN resolviera el asunto, dijeron: “Más allá de la injusticia que se pretende consumar, la ponencia del ministro Zaldívar, de ser aprobada por la SCJN, establecería un precedente indeseable y peligroso para el periodismo nacional, por cuanto daría pie a la difusión de toda suerte de infundios en contra de lo que se denomina personas que se dedican a actividades públicas (físicas o morales), categoría aplicable a los medios, y los eximiría de cualquier responsabilidad legal por la propagación de falsedades, por evidentes que éstas sean”.
Y el día 23 de este mes, fecha en que la SCJN resolvía el caso, La Jornada publicó una carta para los ministros en el que señalaban: “para nosotros, además, no es lo mismo ejercer el derecho responsable a la crítica que difamar a terceros, personas o medios. Más aún cuando el país enfrenta una coyuntura en la que se pretende hacer pasar la libertad de expresión como libertad para calumniar, y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión como un delito contra la seguridad del Estado».
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que Letras Libres no cometía ilícito alguno, y que, aunque no compartían los adjetivos y cuestionamientos de Letras Libres contra La Jornada, la Constitución los protegía y, por tanto, podían emitirlas.
Y, como era de esperarse, la respuesta de La Jornada al fallo de los ministros en su contra fue contundente: “Con el precedente de la sentencia aprobada ayer por el máximo tribunal del país, cualquier medio podrá decir prácticamente cualquier cosa de cualquier persona de relevancia pública; los famosos de cualquier ámbito podrán cubrirse de lodo entre ellos, y los medios informativos podrán acusarse mutuamente de delitos graves –el de complicidad con el terrorismo, por ejemplo–, sin que el sistema de impartición de justicia se vea compelido a intervenir. Por añadidura, las corporaciones mediáticas, las revistas y los diarios tendrán manga ancha para recurrir a la injuria contra sus competidores comerciales”.
La nota fue de antología. “La Suprema Corte de Justicia dela Nación (SCJN) negó ayer (por cuatro votos a favor y uno en contra) el amparo solicitado por la La Jornada contra la sentencia que absolvió del delito de daño moral a la revista Letras Libres, aun cuando el ministro instructor, Arturo Zaldívar, aseveró que la decisión no significa que el máximo tribunal “comparta las manifestaciones o los juicios expresados por la revista Letras Libres”. Lo que sostiene la sentencia es que, constitucionalmente, tiene el derecho a emitirlas; nada más, pero nada menos.
El capítulo se cerró y, como esperábamos muchos de los periodistas que defendemos la libertad de expresión, venga de quien venga, la decisión de la SCJN en el caso de Letras Libres y La Jornada dejó un buen precedente; también tumbó los argumentos de los que, aun diciéndose periodistas y teniendo un medio de información para defenderse, acuden a los tribunales para pretender encarcelar y quitarle el patrimonio a quienes osaron cuestionarlos por asuntos del dominio público.
Irónico que, como en el caso de La Jornada, haya quienes acudan a las instancias legales para demandar a críticos cuando, como en el caso en cuestión, son ellos los que abusan de esa garantía constitucional para decir lo que quieran a quienes quieran sin que por ello sean juzgados o amenazados; a veces esos de piel sensible y que tienen espíritu franquista-stalinista son los más propensos a cometer las peores vulgaridades e ilícitos que en cualquier otro lugar pagarían no sólo con la cárcel sino con el desprecio de la sociedad en general.
Que La Jornada hubiera ganado daría pie para que, al menos en Colima, un medio de información denunciara y, sobre todo, encarcelara y pidiera millones de pesos para los que han dicho que mantienen una sociedad perversa con un ex gobernador, que durante su sexenio les dio dinero a manos llenas; también la emprendería contra los que han señalado que son voceros del crimen organizado por publicar mensajes de secuestradores. O sea: sería, esa sí, la ley de la selva.
La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue clara: la libertad de expresión puede emplearse aun cuando haya algunos que se ofendan y pidan la reparación del daño; por encima del derecho al honor está, pues, la libertad de expresión.
*Columna publicada el 25 de noviembre de 2011.