POR José Luis Santana Ochoa
No es cierto que, como denuncia el dirigente emecista local, José de Jesús Dueñas García, “el Gobierno del Estado mantiene una persecución política contra liderazgos del Partido Movimiento Ciudadano en el estado”, nomás porque el Fiscal General del Estado, Bryan Alejandro García Ramírez, logró la vinculación a proceso del integrante del Comité Nacional de MC, Benjamín Alamillo González. Parafraseando a su compañera de partido ex alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez M, lo que pasa es que simple y llanamente se los quiere chingar aplicándoles sin miramientos la Ley de Herodes, la justicia a secas, pues la gracia la tiene reservada para los luchadores sociales de la Cuarta Transformación y conversos como, por ejemplo, los ex panistas y ex emecistas Leoncio Morán y Azucena la de Morena.
En opinión de Dueñas García, “El Estado sigue con la persecución política. No nos van a distraer de lo que realmente es importante para la gente: seguridad y salud, esos son los temas urgentes”. En tanto, Griselda Martínez M y la regidora Martha María Zepeda Del Toro seguirán defendiéndose de las acusaciones penales que enfrentan por ponerse con Bombón a las patadas a sabiendas de que su enemiga íntima no cejará hasta que se las chingue, en palabras de la propia Gris. Ahora que si a Indi se le van vivas las palomas hacia las próximas elecciones, terminará fortaleciéndolas como contendientes electorales. Al tiempo.
El que la regidora emecista Martha María Zepeda del Toro haya obtenido un amparo federal que reconoce la vulneración a su dignidad y a la presunción de inocencia, por parte de García Ramírez que difundió en perjuicio de ella “información difamatoria y contraria a derecho durante el pasado proceso electoral, afectando gravemente su reputación y sus derechos políticos”, y ordena la eliminación de la información difundida y abre la puerta para que se reconozca su calidad de víctima, permite concluir que fácil no la tendrá su ex jefa en la administración municipal de Cuauhtémoc 2012-2015 pa’ chingarla como pretende. ¿O sí?
Le asiste la razón plena y le cabe todo el derecho a Benjamín Alamillo González al jurar y perjurar que él nunca falsificó documento alguno para obtener como lo hizo constancia de residencia en el municipio de Minatitlán, él solo quiso pasarse de listo declarando falsamente ser vecino de larga data del mismo como confiesa: “Yo nunca falsifiqué un documento. Solicité la constancia como cualquier ciudadano y fue la autoridad municipal quien, después de evaluarlo, me la entregó. Ese es el pretexto que utilizan para perseguir a una voz crítica que ha denunciado los excesos de este mal gobierno”.
Y sí, el documento de marras es auténtico, sus firmas y sello, pero le fue expedido al truculento Benjamín Alamillo González porque éste le proporcionó información falsa a autoridad municipal de Minatitlán, delito que está bien fincado y del que no podrá librarse “dando la cara, defendiendo sus posturas políticas, levantando la voz frente a un intento de silenciar a la oposición”. No es por allí. Al mentir pecó contra la 4T-II y recibirá el castigo que merece. La justicia a secas le viene en camino. Así pasa cuando sucede.
EL ACABO
Alamillo González clama que los justicieros a secas de la 4T-II colimota “No tienen que perseguir a los críticos, tienen que perseguir a quienes le han quitado la paz y la tranquilidad a este estado”, y tiene razón, nada más que en su caso erró su jugada y fue cogido en la maroma.
Los mismos dirigentes nacionales del Partido Movimiento Ciudadano que nombraron a Benjamín Alamillo González como su representante en el estado de Colima, debieron haberlo regresado a los corrales naranja Fosfo-Fosfo en cuanto se hizo pasar por minatitlense sin serlo, y no solaparlo como lo han hecho. Lo mismo aplica a su dirigencia estatal.