POR Bibiano Moreno Montes de Oca
Viajar por las carreteras de algunos estados del país es casi una invitación al suicidio, así sean vecinos. Un ejemplo así es el de Colima, pequeña entidad que se encuentra atrapada entre dos grandes, Jalisco y Michoacán, con una tercera frontera que es el Océano Pacífico.
La autopista Colima-Guadalajara se puede calificar de regular: será muy buena cuando se convierta totalmente de cuatro carriles, pues un buen tramo sigue siendo sólo de dos. Eso sí: entre la capital de Colima y la de Jalisco hay dos casetas de cobro, y la amenaza de ¡dos más que ya casi se terminan de construir! Dicen que una de las actuales va a desaparecer; sin embargo, de todas maneras nadie se va a salvar de las otras tres que queden.
Pero el de las casetas no es el tema. Lo que afirmo aquí es que la citada autopista se puede utilizar sin que el automovilista se tope con algún peligro adicional que no sea el de siempre: un accidente automovilístico por una colisión de frente, un choque por alcance o salirse de la carpeta asfáltica por una falla mecánica. Fuera de eso, el camino Colima-Guadalajara es seguro.
El problema son los caminos secundarios. En Colima hay una carretera vieja que conduce a Guadalajara, que pasa por Pihuamo, Tecalitlán y otros pueblos jaliscienses, pero intentar recorrerla es hacerlo bajo tu propio riesgo: abundan los criminales que se molestan por el simple hecho de no traer placas del estado. Por esos rumbos ha habido muchas muertes. Incluso, hasta aparecen muertitos llevados de otros lados.
No se puede decir lo mismo de la antigua carretera a la capital tapatía, supuestamente la ruta más corta durante muchos años (que conectaba la mayoría de las poblaciones del sur de Jalisco: Tuxpan, Ciudad Guzmán, Sayula), hasta que se sustituyó por la actual autopista Colima-Guadalajara. No obstante, resultaría imposible sostener que es un camino seguro.
Pero la que se lleva las palmas es la carretera que conecta al estado de Colima con el de Michoacán, cuando abandonas el colimense pueblo de Cerro de Ortega y te introduces por los municipios de Coahuayana, El Ranchito, La Placita, etcétera, totalmente en manos de narcos. Aquí sí, de plano, se puede decir que puedes entrar, pero no que puedes salir.
Entrar a los poblados michoacanos es una aventura alucinante. A la entrada de cualquier pueblo te preguntan a qué vas. Si les convence tu argumento, te dejan pasar; si no, te regresan con cuerdas destempladas. Y más vale hacerles caso a esos tipos, porque no son policías o miembros de las fuerzas armadas, sino los dueños de la plaza.
En pueblos que están más adentro ya ni siquiera se cuidan las formas. Llegan los mafiosos a los restoranes y ordenan que les sirvan gratuitamente, asegurando ser enviados de X o Z capo local. Se zampan todo lo que pidieron y, eso sí, dan las gracias antes de retirarse.
Esta situación que señalo no se vive en todo el país, sino en estados que ya estaban bien ubicados desde antes de que Calderón iniciara su unilateral guerra: Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Baja California y Chihuahua. Es probable que haya aumentado el número de entidades (bueno, el sur de Jalisco es un polvorín), pero hasta cierto punto es normal por todo el desmadre que generó el gobierno panista.
Si Calderón se hubiera centrado sólo en los estados que tenían los focos rojos y deja en paz al resto del país, es probable que los resultados obtenidos hubieran sido muy diferentes. Lo peor de todo es que Fecal dejó al país bien alborotado y, por tanto, con una violencia que no disminuye ni por equivocación; al contrario, sigue subiendo de tono. ¿Hasta cuándo?
*Columna publicada el 10 de abril de 2013.