POR Jorge Octavio González
Años antes de que se implementara la reforma judicial, cuando la justicia se compraba y jueces y magistrados estaban infestados de corrupción —algo que no ha cambiado mucho—, en Colima sucedía algo sospechoso, pero que nadie se atrevía a señalar: varios jueces de control liberaban de manera reiterada a integrantes de un grupo delictivo en particular.
Un caso sonó demasiado: el día que un juzgador volvió a dejar libre a dos miembros de una célula criminal, que tenían poco más de 20 años de edad, apenas pusieron un pie afuera de las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal de Colima fueron acribillados por unos sujetos que los estaban esperando en un vehículo que se dio a la fuga.
Los jóvenes, de acuerdo a la información disponible, ya habían sido detenidos y posteriormente liberados por jueces federales de Colima; los dos pertenecían a la misma organización criminal de Jalisco y eran liberados pese a ser detenidos con drogas y armas.
Pero esta vez, tal vez cansados de que los delincuentes fueran dejados en libertad una y otra vez, sus enemigos quisieron acabar con el problema de raíz: alguien del mismo Centro de Justicia Penal Federal les avisó el día y la hora exacta de su liberación y los esperaron hasta que salieron para acabar con sus vidas a balazos.
Con la reforma judicial implementada en Colima, donde se renovaron los jueces y magistrados de la entidad, el Tribunal de Disciplina Judicial suspendió al juez de distrito Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido por haber dejado libre a 7 integrantes del cártel jalisciense, aun cuando fueron detenidos con un arsenal de armas y drogas.
Este martes, en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el defenestrado juez fue a contar su versión de los hechos para ejercer presión sobre la resolución de su caso: aunque fue confuso en su explicación, porque ante las preguntas directas respondía dándole vueltas al asunto, finalmente señaló que lleva 11 meses ganando el 30% de su sueldo sin las prestaciones y privilegios que les otorgan a los juzgadores.
Si como narró el caso que lo tiene suspendido por el Tribunal de Disciplina Judicial argumenta los casos que lleva, definitivamente no es preciso ni claro: su cantinfleo le impide aterrizar sus ideas para que sean entendidas.
El caso de Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido es el primero que se ventiló tras la implementación de la reforma judicial; la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue enfática en responsabilizar el juez de que, tras haber liberado a los miembros del grupo criminal de Jalisco, uno de ellos resultó un generador de violencia en Colima y fue el culpable de asesinar a la titular de la Unidad Antisecuestro del Estado.
El señor Sigales Obrador tendrá sus argumentos para defender su trabajo como juez de distrito especializado en materia penal en Colima; sin embargo, sus decisiones judiciales tienen la constante de otros juzgadores que hicieron lo mismo por esas fechas: liberar a integrantes de una célula delictiva de Jalisco a días de ser detenidos.
No es normal que en Colima haya habido una racha de liberaciones exprés de integrantes de la organización criminal de Jalisco que, ciertamente, habían sido detenidos con armas y drogas y otros más por haber participado en homicidios.
El caso ya se hizo público a nivel nacional; falta que los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial argumenten su caso para justificar la suspensión del juez de distrito que, de acuerdo a la misma presidenta de la República, fue el responsable de liberar a uno de los generadores de violencia en Colima que llegó a asesinar a una funcionaria de la Fiscalía General del Estado.
