POR Luis Fernando Moreno Mayoral
En cualquier otro lugar donde se respete la democracia y las leyes sería un escándalo que aspirantes a puestos de elección popular asuman candidaturas mediante las cuotas de grupos prioritarios sin pertenecer en realidad a ellos.
El primer caso que se dio a conocer fue el del candidato de Fuerza y Corazón por Colima a la diputación local por el Distrito IV, César Abelardo Rodríguez Rincón: de acuerdo a colectivos de discapacidad, el ex tesorero del ayuntamiento de Comala se hizo pasar por invidente para alcanzar una candidatura como parte de los grupos vulnerables.
En la propia página del Instituto Electoral del Estado de Colima se puede apreciar que César Rodríguez está inscrito en la parte de “Población con discapacidad”.
Cuando lo cuestionaron al respecto, sólo se limitó a decir que su afectación la tiene desde niño pero que nunca la dio a conocer; además indicó que tiene un certificado médico de un doctor del IMSS en donde afirma que, en efecto, tiene un problema en un ojo que le permite pertenecer al gremio de discapacitados.
Uno de los líderes de esos colectivos, César Castillo, afirmó que César Rodríguez Rincón no era invidente y que el médico que le expidió el certificado era, al mismo tiempo, candidato propietario a la segunda regiduría por la alianza PRI y PAN a la presidencia municipal de Comala.
Hoy podemos afirmar, sin embargo, que sí es cierto lo dicho por César Castillo: en nuestro poder tenemos el certificado médico que le expidieron al candidato del PRIAN a la diputación local por el Distrito IV, firmado por el doctor Manuel Velázquez Ramírez, compadre de César Rodríguez y candidato a la segunda regiduría en la planilla de Verónica Fermín Santana a la alcaldía de Comala.
Lo menos que hay en este caso es un conflicto de interés: ¿por qué, después de nunca saber de la afectación del ojo de César Rodríguez Rincón, de repente obtiene un certificado médico que avala su problema de salud que es expedido sospechosamente por su compadre y candidato a regidor en la misma alianza del PRIAN?
El segundo caso que también debe tomarse con toda la seriedad que amerita es el de Jesús Alberto Partido Valencia, registrado por el PAN en el primer lugar de la lista de diputados locales por la vía plurinominal, mediante la cuota de la diversidad sexual.
El problema aquí, sin embargo, es que no hay un antecedente de que Beto Partida haya sido activista a favor de los derechos de la comunidad LGBT+; por el contrario, de lo que sí hay evidencia es de un acta de matrimonio del 2005 en donde se asienta que se casó con una mujer.
Julia Jiménez, que es comadre de Beto Partida, tomó la determinación de registrar su candidatura como parte de los grupos prioritarios, en concreto de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, queer o que se cuestiona, sólo para rellenar la cuota de las acciones afirmativas.
Si Alberto Partida Valencia no puede acreditar que pertenece a la comunidad no tiene por qué seguir en la lista de diputados por la vía de representación proporcional; si tuviera dignidad ya habría renunciado a su posición para que el partido nombre a otro y no se vea afectada toda la lista.
El Instituto Electoral del Estado, ciertamente, tiene la responsabilidad de analizar estos casos para determinar si pertenecen a los grupos vulnerables o no; de no haber prueba de lo que afirman, se debe aplicar la ley y retirarles las candidaturas de inmediato, porque no cabe duda que este tipo de artimañas son una burla a quienes sí tienen una discapacidad física o son parte de la comunidad LGBT+ y desean participar en la política.
Los partidos políticos tienen mucha culpa de esto por no respetar las posiciones para los grupos vulnerables y pretender burlar la ley para que ingresen en las candidaturas sus amigos o compadres.
Pero dicen que la ley es la ley.
A ver si es cierto.