POR Jorge Octavio González
¿Y cuándo el Tribunal Electoral de Colima obligará al PAN a que justifique haber puesto como parte de la diversidad sexual a Jesús Alberto Partida Valencia, que está en el primer lugar en la lista de diputados locales por la vía de representación proporcional?
Porque, hasta donde nos quedamos, el actual síndico del ayuntamiento de Colima no tiene antecedentes de activismo o apoyo a favor de la comunidad LGBT+, por lo que es incongruente que su comadre Julia Jiménez lo haya puesto como parte de ese grupo prioritario para que tenga pase directo a la próxima Legislatura.
¿Si no hay denuncia no hacen nada en el TEE?
¿Y dónde está ese espíritu combativo por la legalidad de María Elena Díaz Rivera?
Más bien ha estado al servicio del PRIAN y se ha dejado presionar cobardemente por el septuagenario Arnoldo Ochoa González, el mismo que no es capaz de cumplir un laudo de una autoridad en materia laboral y se niega a pagar alrededor de 3 millones de pesos en salarios caídos de diez ex trabajadores del Revolucionario Institucional.
La sesión de ayer, sin embargo, tuvo al menos un buen resultado: le quitaron la candidatura a César Abelardo Rodríguez Rincón por no acreditar que es parte de la población con discapacidad.
El Tribunal Electoral de Colima le dio un plazo de 24 horas para que el partido que lo postuló, que es el PRI, acredite que tiene una discapacidad visual permanente o, de lo contrario, proceda con su sustitución.
El único documento con el que contaba el candidato a la diputación local por el Distrito IV es uno que le dio su compadre y candidato a regidor en la planilla Fuerza y Corazón por México a la presidencia municipal de Comala, Manuel Velázquez Ramírez.
Se entiende, hasta cierto punto, que su compadre le haya hecho el favor de otorgarle ese documento en tiempo récord y con las especificaciones para acreditar “que el asegurado presenta discapacidad visual de forma permanente y sin posibilidades de recuperación funcional en el ojo afectado”.
La cuestión es que, ahora que la autoridad electoral pidió al partido que acredite dicha discapacidad visual, ¿habrá algún otro médico que se preste a dar el mismo diagnóstico para recuperar su candidatura, cuando nunca dijo nada de tener ese problema en un ojo?
Se ve difícil. Y para no entramparse más en sus propias mentiras y cochupos, muy del PRI, lo que deberían hacer en la alianza Fuerza y Corazón por México es sustituirlo por alguien que en realidad sea parte de la población con discapacidad.
Y de nuevo: ¿la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer y que se cuestiona va a permitir que Beto Partida ocupe un lugar de la diversidad sexual y sea diputado local en la siguiente Legislatura sin que al menos logre acreditar que es parte de la comunidad LGBT+?
Sobre la determinación de quitarle la candidatura plurinominal a Benjamín Alamillo, está claro que se trata de otra encomienda de María Elena Díaz Rivera de parte de la mafia del poder que tiene gobernando Colima al menos los últimos 30 años y que, mediante amenazas de muerte, de publicar expedientes en medios de comunicación e incluso atentar contra la vida de sus opositores es como han operado para alcanzar sus bastardos intereses.
Para los que no se acuerdan: los mismos que hoy presionan y amenazan a la magistrada son los mismos que amenazaron de muerte a los magistrados Roberto Cárdenas Merín y Gonzalo Flores Andrade para no cambiar el resultado de la elección donde ganó Gustavo Vázquez Montes, que al final ratificó en la extraordinaria sin la ayuda de esos hampones que luego generaron las condiciones para el fatídico avionazo donde perdió la vida el ex gobernador.
Operadores políticos de aquellos tiempos hoy, sin embargo, ahí están, como si nada, opinando en redes sociales y en grupos de WhatsApp, como si no supiéramos la porquería que son.