POR Jorge Octavio González
El 8M en Colima tuvo encuentros y desencuentros que aquí vamos a analizar.
Lo primordial fue el legítimo derecho de mujeres a manifestar su rabia e indignación frente a un sistema que las invisibiliza y que tiene herramientas de defensa que sólo simulan una protección a las víctimas de acoso y hostigamiento sexual.
Pero también, como sucede cada año, hay grupos de interés que se infiltran en las protestas y sólo buscan generar violencia y estridencia para llamar la atención; con esto opacan las legítimas luchas de las mujeres que sí marchan para solicitar al Estado ayuda y acompañamiento en sus denuncias.
Lo anterior, por ejemplo, sólo focalizó el 8M en las mujeres y niños que se vieron afectados por el gas lacrimógeno lanzado desde Palacio de Gobierno, acción que causó la baja del subsecretario de Seguridad Pública, anunciado por la propia gobernadora Indira Vizcaíno en sus redes sociales.
Y dejó a un lado, casi como si no existiera, la exposición de los agresores sexuales que desde las altas esferas de la Universidad de Colima se venían protegiendo desde hace años: de acuerdo al comunicado difundido previo a la marcha, Colectiva Universitarias informó que estarían buscando el respaldo de la mandataria estatal para que, con las dependencias competentes de su administración, hicieran un acompañamiento para realizar las denuncias pertinentes y se les diera el seguimiento adecuado.
La estridencia, el morbo del fuego en las puertas de Palacio de Gobierno, opacó la verdadera lucha; hasta pareciera que la propia Universidad de Colima envió a ese grupo de choque para justamente desviar la atención de las demandas sentidas de alumnas que se armaron de valor y señalaron con nombre y apellidos a los maestros de la Facultad de Letras y Comunicación que por años han estado acosando y violentando a estudiantes, todo ante la complacencia de las autoridades de antaño y la actual, donde Christian Torres Ortiz Zermeño se ha visto como un cobarde y permisivo de las conductas perversas y pervertidas de sus amigos de parranda.
La irrupción de las estudiantes universitarias cimbró a la Universidad de Colima y sus denuncias han estado subiendo de tono de acuerdo a las confesiones de alumnas y ex alumnas que han estado relatando sus experiencias con los profesores que, de acuerdo a lo que han dicho, realizan fiestas en ranchos con alumnos y alumnas, en donde no hay adultos más que los maestros y el alcohol y otras sustancias más fuertes corren a raudales en ese lugar.
Muchas de ellas, que hasta hace unos pocos días tenían pánico de alzar la voz porque en la casa de estudios sencillamente no les creyeron y desecharon como basura sus quejas contra los profesores, acudieron a la macha del 8M para exhibir los rostros de sus agresores; el problema es que todo esto se vio opacado por las infiltradas que sólo buscan la desestabilización y no la justicia para quienes han padecido el acoso y violencia de género.
Si los audios y capturas de conversaciones que han estado subiendo a las cuentas de redes sociales sobre el acoso y hostigamiento de profesores de la Universidad de Colima no fueron consideradas como pruebas contundentes por quienes integran la Unidad para la Atención Integral a la Discriminación y la Violencia de Género, qué es lo que necesitan para condenar y sancionar a los maestros que utilizan su poder de autoridad para acosar y, en algunos casos, dormir con sus alumnas.
El rector Christian Torres Ortiz Zermeño, en un intento por justificar el pésimo y denigrante trabajo del protocolo para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género, dijo que han sido como 16 profesores los que han despedido y señaló que todas las alumnas que sientan que las acosado pueden presentar su queja en la Unidad en cuestión.
Y si de verdad funciona ese mecanismo de denuncia, por qué siguen en sus cargos los maestros Carlos “N”, Dante “N” y Alonso “N”, quienes han tenido varias generaciones de alumnas bajo su responsabilidad.
Esperemos que el gobierno del Estado haga el acompañamiento para que se presenten las denuncias y citen a declarar a los profesores, para que se pueda hacer público todo lo que hicieron a lo largo de muchos años, en donde el actual rector ya tiene casi un periodo con el conocimiento de estos casos y ha brindado impunidad a sus amigos de la Facultad de Letras y Comunicación.