POR PXPress
CUANDO FUE CUESTIONADA LA GOBERNADORA Indira Vizcaíno Silva acerca del desalojo que se dio en la comunidad de Campos, en el municipio de Manzanillo, dijo que ese era un asunto resuelto y estrictamente judicial, que las personas que se encontraban ahí estaban invadiendo un predio del que no tenían derecho de posesión, y que un juez federal ordenó el despojo de las personas, pero que, cuando en un primer intento se les enseñó la notificación y se negaron a abandonar el lugar, se procedió a hacer uso de la fuerza pública, algo que es protocolario, dijo la gobernadora. Lo que la mandataria estatal quería demostrar es, en primer lugar, que el gobierno del Estado no estaba involucrado en el juicio. Cierto. Que la resolución vino de un juez federal. Cierto. Y que las personas que habitaban el lugar no contaban con el derecho de posesión. Cierto y falso. Cierto porque hay quienes, efectivamente, no cuentan con el derecho de posesión; falso porque muchos otros cuentan inclusive con escrituras. Al margen de que Indira Vizcaíno ignoraba el caso, para ella lo sucedido en Campos fue algo “estrictamente judicial”, mandatado por un juez, y justificado el uso de la fuerza; lo que olvida sobremanera es que en el lugar en cuestión vivían alrededor de 60 familias, en cinco polígonos de aproximadamente 40 hectáreas en total, y que cerca de 100 elementos, entre policías estatales, marinos y policías del municipio de Manzanillo, llegaron al predio con lujo de prepotencia, sin mostrar papeles que acreditaban su actuar y, en algún momento, encañonando a las personas a manera de intimidación. ¿Pero qué tanto se sabe de este litigio? Sólo lo que dicen los mismos habitantes de Campos, porque ni el gobierno del Estado ni la empresa que interpuso la denuncia ni la propia Fiscalía General del Estado han dado información al respecto. Y aunque la mandataria estatal dijo que la próxima semana darían un informe más detallado de lo que sucedió en la comunidad del municipio de Manzanillo, en ningún momento habló de ayudar a las personas que, entre niños, ancianos y mujeres, se quedaron en la calle, sin un hogar dónde pasar estos días y noches fríos y lluviosos. Hace más de diez años, narra uno de los afectados, lograron escriturar sus propiedades en el predio de Campos; meses después recibieron una denuncia de parte de una empresa denominada Desarrolladora Mar del Sur SA de CV. En una primera instancia ganaron el juicio, pero el litigio continúa por la vía civil; sin embargo, en este año, en el 2022, otra empresa, Consorcio Inmobiliario Arenal del Bosque SA de CV, que dicen es la que absorbió a la anterior, cambió la estrategia y denunció por el delito de administración fraudulenta. Un juez de Tonalá, Jalisco, ordenó a la Fiscalía General del Estado de Colima a que cumpliera la orden de desalojo; también lo apercibió a que, en caso de no cumplir la sentencia en un plazo de 72 horas, se le impondría una multa económica. El fiscal Bryan Alejandro García Ramírez, sin cuestionar que se trataba de un juez de otra entidad, acató la orden. Cabe destacar, según dicen los afectados, que en ningún momento se les notificó que estaban denunciados por el delito de administración fraudulenta. ¿Es normal que un juez de otra entidad ordene y aperciba a una fiscalía que cumpla con una sentencia? Los abogados dicen que no; lo normal sería que el juez de Tonalá le pidiera a un juez de Colima que analizara el asunto y, en caso de que estuviera todo en regla, procediera a hacer las gestiones para cumplimentar la sentencia. En todo caso, dicen algunos conocedores del derecho, la petición debió haber sido de la Fiscalía de Jalisco a la de Colima. Y he aquí por qué la rapidez e interés en ese predio de 40 hectáreas en el Ejido de Campos, Manzanillo: uno de los afectados señaló que casi un 80% de los terrenos han sido vendidos a empresas porque, dado que el puerto de Manzanillo es insuficiente, se tiene contemplada la ampliación portuaria justamente ahí. ¿Cuánto costaría un terreno en dicha comunidad cuando el proyecto tenga luz verde? Una millonada. Lo que en un principio parecía una acción judicial, mandatada por un juez de Jalisco, ahora toma otra dimensión: los terrenos tendrán un costo altísimo cuando la ampliación del puerto de Manzanillo se lleve a cabo. Lo que no se entiende es por qué el fiscal de Colima se prestó a esa jugada de la empresa Consorcio Inmobiliario Arenal del Bosque SA de CV. O por qué para Indira Vizcaíno curiosamente todo el asunto se trata de unas personas que invadieron un predio sin tener la posesión y un juez federal, después de analizar el caso, ordena el desalojo. Esta historia apenas comienza. Mientras tanto, cientos de personas desalojadas del Ejido de Campos vivirán en las calles, o con algunos familiares, sólo porque el hambre de dinero se apoderó de unos empresarios que ven un negocio jugoso en los terrenos que eran el hogar para los despojados.
SI EL DESALOJO QUE SE efectuó en el poblado de Campos el último día de junio pasado se hubiera ejecutado en cualquiera de los neoliberales gobiernos anteriores (por lo menos en el de los tres últimos gobernadores, como Silverio Cavazos Ceballos, Mario Anguiano Moreno o José Ignacio Peralta Sánchez), Indira Vizcaíno Silva y su padre Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, el Félix Salgado Macedonio colimote, en estos momentos ya se estarían desgarrando las vestiduras, inflamados de santa ira e indignación, por lo que estarían calificando un atropello a los derechos humanos y civiles de las decenas de familias que se quedaron literalmente en la calle por orden de un juez federal que se desempeña en Tonalá, Jalisco. No sería lo anterior nada raro, habida cuenta que ese tipo de causas son las que la izquierda suele defender con gran pasión, como se ha demostrado a lo largo de la historia de los que militan en la siniestra del espectro político-ideológico en México y en cualquier parte del mundo. El viejo padre de la Gobernadora Altozano, el gobernador de facto de Colima, hasta se llegó a dar el lujo de bloquear el puerto de Manzanillo, causando millones de pérdidas con sus payasadas, por quítame estas pajas, obviamente en su faceta de “luchador social”. Bueno, ahora que ambos personajes detentan un poder ganado a la mala, ignoran la realidad, se evaden, fingen que todo está en orden y minimizan lo ocurrido con el desalojo de decenas de familias que se quedaron sin techo en plena temporada de lluvias. La hipocresía de la izquierda es infinita: lo prueban estos izquierdistas rábanos (por aquello de que son rojos por fuera y blancos por dentro), que ahora que dejaron de ser borrachos porque se convirtieron en cantineros, no sólo no mueven un solo dedo en favor de gente que quedó en el desamparo, sino que hasta han dictado línea para que todos los medios de comunicación que tienen comprados (redes sociales, radio, TV e impresos —ya sólo dos pinchurrientos periódiquillos—) no escriban ni una línea sobre un problema social del tamaño de un desalojo en el que echaron al arroyo a decenas de familias colimenses en el municipio de Manzanillo. Con la honrosa excepción de los que estamos al frente del imprescindible portal PXPress y algunos pocos colegas más, el Gobierno del Estado tiene prohibido a sus matraqueros comprados se toque el tema del doloroso desalojo de la población de Campos, pues en el mismo está involucrada gente pobre que no le interesa a nadie en el indirato y sí, en cambio, hasta le da como un poco de asquito tratarlo, aunque sea de pasadita. En anteriores gobiernos se rescató a decenas de familias en parecidas condiciones a las que viven los de Campos, actos eminentemente sociales. ¡Ah!, pero para Indira Vizcaíno eso no es lo suyo, sino la foto del corte de listón, la foto de apoyos a los candidatos de su partido en actos anticipados de campaña, de fotos del apapacho hipócrita a la señora a la que le entregaron su despensa, etcétera; en cambio, el compromiso social con los gobernados es nulo. Hasta el gerente de un Walmart mostraría más empatía por la gente desalojada que esta inútil gobernadora, pero es a ésta a la que le toca atender a sus gobernados, pues para eso es la titular del Poder Ejecutivo. Así, pues, si la gobernadora de Colima no entiende que atender los problemas de esa gente desalojada no es su responsabilidad, ¿entonces para qué chingados se postuló para un cargo que no le interesa ejercer debidamente? No todo es andar de viaje, acudir a la voz del amo en cuanto le truenan los dedos, ya sea desde Palacio Nacional o desde la sede del Gobierno de la Ciudad de México, e irse de compras con las mejores nuevas amigas al Puerto de Liverpool, al Palacio de Hierro y demás grandes cadenas de tiendas de clientela pudiente. Sí, como los nuevos ricos de la política en Colima, cuya carrera inició con la máscara de izquierdistas rábanos.