POR Jorge Octavio González
Si con las puras publicaciones de Griselda Martínez en sus redes y el acoso de Martha Zepeda en las sesiones de Cabildo los limitados empleados de la dirección de comunicación social del ayuntamiento de Manzanillo apenas podían contrarrestar los golpes, exhibiendo una incapacidad preocupante para quienes trabajan con la aspirante más fuerte para suceder a Indira Vizcaíno, no hay que imaginarnos lo que pasará si las dos logran librar las acusaciones que hay en su contra.
Porque, aunque la ex alcaldesa y la ex secretaria del ayuntamiento han sido un dolor de cabeza para Rosi Bayardo, eso no se compara con lo que podrían realizar si llegan a ser absueltas de las denuncias que presentó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción: veremos a una Griselda más iracunda y estridente en sus publicaciones —además de hacer revelaciones de presuntos vínculos criminales de la clase gobernante— y a una regidora que incrementará el nivel de acoso a la presidenta municipal en las sesiones.
Lo que más les conviene a las autoridades que están denunciando a Griselda Martínez y a Martha Zepeda, pero sobre todo a la presidenta municipal de Manzanillo, es que aporten pruebas sólidas e irrefutables para que la jueza que lleva el caso logre condenarlas a cárcel y las inhabilite para contender por un puesto de elección popular.
La misma Martha Zepeda lo dijo cuando habló sobre las medidas cautelares que la jueza dictó: aunque no tenga el cargo de regidora, eso no le impide asistir a las sesiones de Cabildo en Manzanillo para seguir exhibiendo lo que ella considera que hacen mal en el ayuntamiento; también dijo que llevará a la gente o a organizaciones que han sido afectadas para hacer manifestaciones y lograr que las autoridades municipales las escuchen.
Esto es: la tendrán en todas las sesiones de Cabildo acosando a los funcionarios y a la presidenta con su celular y hará sus reclamos a gritos y a manotazos.
Advertidos están.
Sobre Movimiento Ciudadano hay que decir que tuvieron que salir a defender a Griselda Martínez Martínez y a Martha Zepeda del Toro por la presión que ejerció la sociedad en redes sociales, no porque en realidad las apoyen y crean que hay una persecución política en contra de ellas.
El comunicado del partido naranja, en donde ni siquiera quisieron poner los nombres de los integrantes, deja mucho que desear; además de lamentar que se haya tomado la determinación de separar de su cargo a Martha Zepeda, señalaron que “dejamos de manifiesto nuestra más profunda preocupación que utilicen las instituciones de justicia como herramientas para castigar a las voces críticas y no a los delincuentes”.
Y agregaron algo muy interesante: “la justicia no debe ser selectiva, ni sustentarse en conveniencias políticas, debe cimentarse en la imparcialidad y en la transparencia”.
El párrafo anterior es interesante porque, al hablar de justicia selectiva, tal vez quisieron decir que no ha sido igual de eficaz ni expedita en el caso de José Ignacio Peralta Sánchez y Carlos Arturo Noriega García, responsables del desfalco de las finanzas en el gobierno del Estado y acusados de delitos que el propio líder sindical Martín Flores Castañeda recordó en el aniversario del STSGE: pidió a sus agremiados a NO olvidar que Ignacio Peralta los dejó tres meses sin salario y desvió millones de pesos de las cuotas retenidas.
“No descansaremos hasta que toda la fuerza del Estado y la ley se la aplique a Nacho Peralta”, dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima.
¿En Movimiento Ciudadano se referían a esa justicia selectiva? ¿O a qué justicia selectiva se refieren si, como se puede apreciar, los que han sido acusados por la Fiscalía Anticorrupción, además de Griselda Martínez y Martha Zepeda, son el ex gobernador y el ex secretario de Finanzas del gobierno del Estado?
Sería una sorpresa que Margarita Moreno, que en estos momentos dirige la franquicia de MC en Colima, pida abiertamente que la justicia también sea pronta y expedita en los casos de su cuñado y de su esposo; el problema es que el comunicado no tiene ni pies ni cabeza y no se logra entender a qué justicia selectiva se refieren.
De igual manera, cuando dicen que “no es la primera vez que de forma arbitraria se utiliza la justicia para callar a quienes alzan la voz”, tampoco mencionan qué otros casos hay al respecto; sólo lanzan la acusación como si hubiera una persecución en contra de todos los críticos del régimen, cuando en Colima está claro que todos podemos escribir lo que sea sin que seamos reconvenidos.
Los únicos que están en el banquillo de los acusados, señalados por delitos de desvío de dinero y peculado y otros más, son los que ostentaron el poder en el pasado reciente, todos ex servidores públicos: ninguno por alzar la voz ni por estar cuestionado al gobierno estatal o al municipal de Manzanillo.
No traten de confundir a la sociedad: Griselda y Martha, así como José Ignacio y Carlos Noriega, están siendo investigados por denuncias que interpusieron sindicatos y autoridades actuales que encontraron un cochinero en sus administraciones.
De ahí que, ciertamente, lo más aconsejable es que la autoridad competente actúe en todos los casos de igual manera y logre condenas para todos los que hayan robado y desviado recursos públicos.