POR Jorge Octavio González
Pese a que ya no está la anterior titular del Tribunal Electoral de Colima, que tomó decisiones parciales e injustas para beneficiar a sus amigos, los magistrados actuales retomaron los casos de violencia política en razón de género en contra de un abogado y dos periodistas por cuestionar a una mujer que era candidata a un cargo de elección popular.
Y aunque al menos dos comunicadores cumplieron en tiempo y forma con las disculpas públicas en el mismo medio donde se atrevieron a hacer la crítica a una mujer, resulta que las del abogado fueron “insatisfactorias” para la denunciante.
Pero no hay problema: de acuerdo a la resolución de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, con un José Luis Puente Anguiano ensoberbecido de poder, pese a denuncias graves que hay en su contra, puede ofrecer otras disculpas “con un script sugerido —si así lo desea— por la autoridad en mención”.
¿Qué significa lo anterior? Que ahora, como a la señora no le gustó cómo ofrecieron las disculpas, el sancionado tendrá que leer un guion que los propios magistrados escribirán; ellos elegirán las palabras y el tono pertinente para que la denunciante se sienta satisfecha.
Y aunque el abogado aludido, que es cercano al régimen actual y presume fotografías con prominentes funcionarios y políticos de MORENA, tendrá que volver a ofrecer disculpas por el atrevimiento de cuestionar a una candidata a un cargo de elección popular, también tendrá que pagar la suma de 45 mil pesos por incumplir con la resolución de primera instancia.
Ni siquiera ha entrado en vigor la tenebrosa Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por los diputados federales, donde la autoridad podrá censurar a todo aquel que no se alinee a las políticas del régimen, y en Colima ya están aplicando la censura por la puerta trasera, hoy muy recurrida por políticas de piel sensible e intolerantes, denominada violencia política en razón de género.
Aquí ya no se trata de defender a los periodistas y al abogado en cuestión —pues ellos son sólo un experimento de lo que viene— sino la libertad de expresión en sí: no es posible que una crítica, sólo porque a una mujer no le gustó, sea denunciada como violencia política en razón de género y que la autoridad electoral la avale y aplique sanciones desproporcionadas.
Ya sucedió en Sonora con la ciudadana Karla María Estrella, que fue denunciada por la esposa del poderoso presidente de la Cámara de Diputados y obligada a pagar una sanción económica y ofrecer disculpas por treinta días en todas sus redes sociales, además de ser inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género por varios años.
Este jueves informó el periodista Héctor de Mauleón que él y el periódico El Universal fueron sancionados por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, entidad donde gobierna el narcopolítico Américo Villarreal, por violencia política en razón de género.
El columnista escribió que será inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género por cuatro años, además de ofrecer una disculpa por 16 días seguidos en su columna y dejar fijado el mensaje.
Y como “medida idónea para inhibir conductas futuras como la acreditada en el caso concreto”, añadió, se le impuso una multa que debe pagar ante la Dirección Administrativa del Instituto, so pena de que se dé vista a las autoridades hacendarias para que sean estas quienes procedan al cobro.
Para el medio El Universal también se aplicaron las mismas sanciones.
Y concluyó el periodista: “El hecho referido arriba se enmarca, sin embargo, en el patrón de censura, en la embestida imparable contra medios, periodistas y ciudadanos que osan ejercer la crítica frente a un régimen que se dice democrático y que solo da muestras de practicar la intolerancia”.
Algo muy grave está sucediendo en México con las libertades: un régimen que llegó al poder por la vía democrática, que prometió ser diferente a sus antecesores, está utilizando todas las herramientas del Estado para acallar las voces críticas; antes se circunscribían a periodistas y activistas sociales, pero ahora se extienden a ciudadanos que se expresan en las redes sociales y que, de igual manera, son sometidos a la censura y a las sanciones económicas de las autoridades.
Si a la denunciante no le es satisfactoria una disculpa, qué es lo que sigue: ¿que el denunciado se arrodille frente a la víctima y le bese los pies, al mismo tiempo que le prometa que nunca más volverá a cuestionarla y que todo ello sea transmitido en vivo, como la humillación que le hizo el petulante Gerardo Fernández Noroña a un ciudadano que lo obligó a que se disculpara en el Senado de la República, ante las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación?
Para allá vamos si, como sociedad y medios en general, no alzamos la voz para que este tipo de arbitrariedades no continúen en este régimen autócrata.