POR Luis Fernando Moreno Mayoral
El asesinato de Carlos Manzo era una de las cosas que todos sabíamos que iba a ocurrir en cualquier momento.
Lo que no sabíamos era cuándo sucedería y quién lo haría: fue el 1 de noviembre de 2025 y al parecer contrataron a suicidas que, de cualquier manera, iban a morir porque eran desechables.
Nadie que reta a los criminales, mucho menos en una ciudad donde domina la delincuencia, podía esperar una reacción tímida; cuando se desafía al poder fáctico la respuesta es contundente: amenazas y, eventualmente, la muerte.
El presidente municipal de Uruapan, Michoacán, era un sujeto que estaba dispuesto a combatir al crimen con las herramientas que tuviera; aunque el gobierno federal lo abandonó y nunca quiso intervenir el municipio de acuerdo a la peligrosidad de los criminales, Carlos Manzo nunca se rajó.
Pero sabía las consecuencias de combatir frontalmente a los miembros de los cárteles de la droga: si no son las amenazas a la familia, es el ataque directo.
Carlos Manzo fue asesinado en una plaza pública, con sus dos hijos menores de edad ahí presentes, mientras los responsables del crimen esperaban el momento oportuno para atacar.
El gobierno de la República, tan obsesionado por dominar la narrativa del suceso, intentó por todos los medios hacer saber que el presidente municipal de Uruapan tenía 14 escoltas de la Guardia Nacional que lo cuidaban día y noche, además de vehículos y policías de todas las confianzas de Carlos Manzo.
Pero lo que pedía el alcalde de Uruapan no era protección para él; lo que pedía y casi suplicaba era que el Estado se hiciera presente e interviniera con inteligencia y estrategia para pacificar la ciudad; el problema es que nunca entendieron que Carlos Manzo no hablaba por él sino por toda la gente que padecía la criminalidad.
Con 14 escoltas o no, protegido o no, Carlos Manzo fue, de cualquier manera, ultimado en su territorio: el mensaje enviado por la delincuencia es que, por más fuerzas armadas que envíen e intenten combatirlos, los criminales son más poderosos que el Estado.
El presidente de Uruapan no era cualquier político, ni siquiera era un bravucón que de repente se le ocurrió la idea de salir a combatir a los criminales para llamar la atención; el señor Carlos Manzo era todo un símbolo y representaba la esperanza de miles de mexicanos que, aun con el miedo y la zozobra de no saber si van a regresar con vida después de salir a trabajar, veían en el político independiente un ejemplo a seguir y un faro de luz que los guiaba hacia el camino de la paz.
Los políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, están enfrascados en una discusión estéril: que si todo fue culpa de Felipe Calderón por su guerra contra el narco o si en el sexenio de los abrazos no balazos de López Obrador se les dio manga ancha a los criminales para sentirse los dueños del país.
Entre que se descalifican y se culpan de las desgracias de México, lo cierto es que Carlos Manzo es el sexto alcalde de Michoacán asesinado por el crimen organizado; a lo anterior hay que agregar a los síndicos, regidores y funcionarios municipales que han silenciado en zonas dominadas por la delincuencia.
¿Quién más tiene que caer por las balas de los sicarios para dejarse de politiquería y actuar en consecuencia? ¿Qué maten a un gobernador o gobernadora? ¿A uno de MORENA? ¿O que escale más arriba el terror criminal?
El crimen de Carlos Manzo no debe quedar como uno más de los muchos que se quedan en la impunidad; debe haber consecuencias y castigar a los responsables, tanto a los que ordenaron el ataque como a los funcionarios que no hicieron su trabajo y permitieron que unos sicarios de poca monta burlaran la seguridad del alcalde y dispararan en repetidas ocasiones sobre su humanidad.
El tigre, ese con el que tanto amenazaba AMLO, al parecer está a punto de despertar.