POR Jorge Octavio González
Más allá de la narrativa del oficialismo, en donde la palabra terrorismo no existe en su vocabulario, lo sucedido en Coahuayana, Michoacán, fue, en efecto, un acto que provocó pánico y terror entre sus habitantes.
Derivado de la acción criminal que se dio a una semana del Plan Michoacán, que se diseñó a botepronto tras el asesinato del acalde de Uruapan, el fiscal Carlos Torres Piña, dentro de su incompetencia, ha querido embarrar a Colima en su guerra de cárteles.
Lo importante para el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla no fue el acto en sí —la explosión del coche-bomba frente a las instalaciones de la policía comunitaria— ni los muertos ni los heridos ni el desafío de las organizaciones criminales a la autoridad estatal.
Para ellos fue importante decir, así como así, que el auto se cargó de explosivos en Tecomán, Colima, como si ese sólo hecho los eximiera de toda la responsabilidad que tienen a cuestas por permitir que el terrorismo se asiente en sus municipios cada vez con mayor fuerza y letalidad.
Que en Colima se fabricó el coche-bomba. ¿Y? Bien se pudo hacer en Sinaloa, en Sonora, en Tamaulipas, en Chiapas o en Jalisco y eso sería lo más irrelevante; lo verdaderamente preocupante es que el objetivo fueron las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana.
Pese a la proximidad con Michoacán, Colima no tiene el mismo problema de violencia que ellos, como tampoco lo que sucede en Sinaloa es equiparable a lo que ocurre en Tamaulipas, como lo que pasa en Tabasco tampoco tiene nada que ver con lo que sucede en Chiapas.
Aquellos que demonizan Colima por el hecho de que se equipó el coche-bomba en Tecomán no tendrían el valor se irse a vivir a Michoacán ni un solo día: saldrían corriendo con la cola entre las patas de regreso a la entidad colimense.
El Plan Michoacán, que ha sido severamente cuestionado por su improvisación y tener puntos de otros planes que se hicieron en el pasado, ha demostrado su ineficacia sobremanera; lo único que ha provocado es que las organizaciones criminales escalen en violencia y generan pánico y terror entre los habitantes de Coahuayana y sus alrededores.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y su incompetente fiscal Carlos Torres Piña tendrán que hacerse cargo del desastre en el que tienen sumida a la entidad michoacana; también tendrán que rendir cuentas cuando sean llamados a hacerse responsables de la ola de violencia y la criminalidad que azota Michoacán y la gran parte del territorio que el crimen organizado tiene bajo su control.
La explosión del coche-bomba fue en sí un acto lamentable: las autoridades federales, dada la incompetencia del gobierno de Michoacán, tendrán que hacer una exhaustiva investigación para deslindar responsabilidades y llevar a los autores materiales e intelectuales tras las rejas.
Pero que no se equivoquen: la guerra entre las organizaciones criminales en Michoacán, encrudecida tras el asesinato de Carlos Manzo, es exclusivo de la mafia política michoacana.