POR Luis Fernando Moreno Mayoral
La historia es la misma de siempre: quienes prometen ser austeros y cuestionan hasta la saciedad los privilegios llegan a los cargos y se olvidan de su esencia.
Queda a la perfección a los actuales funcionarios del oficialismo, pero se trata de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: aquellos que tanto atacaron a Norma Piña hoy, sin embargo, se ven envueltos en un escándalo por la adquisición de camionetas machuchonas.
En un cargo de gran responsabilidad, como la del presidente de la República, gobernadores, los secretarios de seguridad, jueces, ministros y magistrados, es de vital importancia que cuenten con protección personal; además de las escoltas de rigor, deben trasladarse en vehículos con alto blindaje.
Sería irresponsable no proveerles de las herramientas necesarias para su protección.
El problema, como se pudo observar el fin de semana, es que los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegaron a sus cargos con la narrativa del oficialismo: la austeridad republicana.
Los hechos han probado lo contrario: además de los asesores que contrataron —más, dicen, que los que estaban en la anterior administración de la SCJN—, les descubrieron la adquisición de camiones de último modelo con el blindaje más alto del mercado.
Por la responsabilidad de sus encargos, ciertamente, nadie tendría que cuestionar la compra para los ministros y ministras; el problema es que la narrativa con la que llegaron al poder sólo fue un discurso barato y vacío.
Después de la crítica que hizo Claudia Sheinbaum Pardo a los ministros por las camionetas blindadas, la Suprema Corte dio reversa y, en voz de su presidente Hugo Aguilar, determinaron regresar los vehículos y utilizar los que manejaban los anteriores funcionarios judiciales.
Esto no estaría pasando si los ministros y ministras no se hubieran montado en la campaña cuatroteísta de la austeridad republicana; finalmente los togados del máximo tribunal de justicia del país deben tener las garantías suficientes para ejercer su trabajo.
Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el ojo vigilante de la sociedad y de los medios de comunicación encima, lo mismo debería pasar en los demás tribunales del país: en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima, por ejemplo.
¿Alguien sabe en qué se mueven los nuevos y flamantes magistrados y magistradas del Poder Judicial del Estado? ¿Saben si tienen partidas secretas? ¿Si tienen gastos de representación? ¿Cuántas personas contrataron después de los despidos que se dieron? ¿Cuánto del personal que despidieron lo recontrataron? ¿Qué tanto se está invirtiendo en el edificio de Calzada Galván y qué otros tienen planeado construir? ¿Cuál ha sido su productividad? ¿Cómo va el rezago judicial?
Hasta el momento, después de tres meses que asumieron sus responsabilidades, en el Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Colima priva la opacidad y el silencio; no rinden cuentas a nadie y parece que no les importa.
Habrá que tener un ojo vigilante al nuevo Poder Judicial del Estado de Colima.