POR Jorge Octavio González
Un duro golpe acaba de recibir Indira Vizcaíno de parte del Poder Judicial del Estado de Colima: no le alcanzó el dinero ni los expedientes judiciales para doblegar a siete magistrados con el objetivo de inhabilitar a Felipe Cruz Calvario y a Héctor Magaña, principales objetivos de la venganza de la mandataria.
Y es que, si bien es una buena noticia que cinco magistrados no se hayan prestado a la infamia de la gobernadora, es preocupante que haya otros cinco que sí se hayan sumado a un proyecto de sanción a todas luces elaborado con los pies.
¿Quiénes fueron los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que votaron en contra de semejante bodrio realizado por la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, a cargo del sirviente de la mandataria, Armando Reyna?
María Luisa Ruiz Corona, Leticia Chávez Ponce, Bernardo Salazar Santana, Miguel García de la Mora y Sergio Marcelino Bravo Sandoval. Ellos, pues, se sujetaron a lo que dice expresamente la Constitución y no vieron viable que un asunto hecho con el hígado y violatorio de todos los derechos y garantías de los imputados fuera aprobado.
¿Quiénes fueron los que, con toda la desfachatez y cinismo del mundo, le dieron la razón al brazo ejecutor de Indira Vizcaíno para cobrar venganzas políticas?
Lilia Hernández Flores, Juan Carlos Montes y Montes, René Rodríguez Alcaraz, Rafael García Rincón y José Alfredo Jiménez. A ellos hay que vigilarlos de cerca en todo lo que hagan para que no manipulen la ley a contentillo de la gobernadora para sus aviesos y bastardos intereses. Si en este caso dejaron su dignidad a un lado, lo volverán a hacer en otro que le interese a la administración estatal, dejando entrever que les encontraron algo que los puede destituir como magistrados o llevar a la cárcel.
A inicios del sexenio más siniestro y sangriento que hemos tenido en toda la historia de Colima, las plumas pagadas de Indira Vizcaíno emprendieron una campaña sucia y de bajísimo nivel en contra del entonces presidente del STJE y magistrados de su círculo, todo con el objetivo de que no dejara en la presidencia a un afín y con ello pudiera tapar todas las tropelías de corrupción y líos de faldas que se ventilaron.
La víspera podemos concluir que esos comunicadores a sueldo, parte de la prensa oficialista que hoy se benefician de contratos en el gobierno del Estado, el Congreso del Estado y la Universidad de Colima, no pretendían limpiar al Poder Judicial con la remoción de Bernardo Salazar Santana, sino imponer a uno a modo de la gobernadora Indira Vizcaíno, como finalmente sucedió.
Juan Carlos Montes y Montes entró con un aura de pureza que le endilgaron sus promotores del gobierno del Estado, alguien que no permitiría los viejos esquemas de corrupción y perversión con el personal femenino de la dependencia; el tiempo sólo demostró que el magistrado es tan débil y afecto a la libido como su antecesor, con la diferencia de que ahora está al servicio de la gobernadora en funciones.
Si tan malo era Salazar Santana, como tanto la prensa oficialista como un grupo de abogados corruptos lo estuvo denunciando (hay uno que se enojó porque perdió sus privilegios, cuando el sujeto perdió su licencia de abogado por prestarse a actos deshonestos), por qué sigue como magistrado y no hay una sola acusación o proceso en su contra.
Indira Vizcaíno intentó chantajearlos y extorsionarlos para que votaran con ella cuando lo requiriera; sin embargo, los cinco magistrados que le dieron la espalda a la intentona de la gobernadora de torcer la ley le dieron una lección que ella no podrá entender: en el ámbito personal podrán ser lo que sea, pero cuando se trate de aplicar la justicia, los principios y el apego a la Constitución debe ser lo que predomine.
Bernardo Salazar y Miguel García de la Mora pueden tener todos los defectos personales habidos y por haber, incuso haber desconocido el segundo a quienes lo ayudaron a llegar al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y creyeron en él cuando era un abogado del montón en la Dirección Jurídica del Congreso del Estado, pero al menos se tiene que reconocer que estuvieron a la altura del reto al desechar una sanción eminentemente política.
La magistrada Lilia Hernández Flores, que tanto alabaron sus promotores cuando apareció en la terna para ser magistrada, resultó ser una vulgar ambiciosa que dejó a un lado todo lo aprendido para arrodillarse ante el Poder Ejecutivo.
De René Rodríguez Alcaraz, Rafael Rincón y José Alfredo Jiménez después hablamos.
Por lo pronto se debe celebrar que Indira Vizcaíno no pudo corromper al Poder Judicial.