POR Jorge Octavio González
La anulación de la primera parte del Plan B del presidente López Obrador no debería ser festejada como una victoria monumental sino como lo que es: la aplicación de la ley de parte de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y es que, acostumbrados a normalizar cómo desde el gobierno de la República imponen leyes y decretos por decisión de un solo hombre, que nueve de 11 ministros hayan echado abajo la primera parte de un entramado de leyes que destazaban al INE es un tanque de oxígeno que nos devuelve la confianza en las instituciones.
Esta semana, el martes concretamente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se discutió la primera parte que el presidente AMLO llamó Plan B, pues existe una segunda parte que también se impugnó pero que todavía no se delibera en el máximo tribunal de justicia; sorprendió que Arturo Zaldívar se sumara al proyecto de Arturo Pérez Dayán, en tanto que Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf se opusieron para complacer a su jefe López Obrador.
La primera parte del Plan B contempla las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fueron, con el voto de los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Fajart, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Norma Piña, invalidadas.
El motivo: la violación al procedimiento legislativo. De acuerdo al ex titular del INE, Lorenzo Córdova, la actitud de los senadores de MORENA y aliados en el Senado de la República fue indigno; ellos sabían de las violaciones flagrantes al procedimiento y a la Constitución misma. Y por obedecer a ciegas, como lo han hecho desde que asumieron su responsabilidad, terminaron traicionando lo que juraron al rendir protesta: hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Llama la atención que fue sólo la violación al procedimiento legislativo por lo que se anularon las reformas a las leyes antes mencionadas, esto es, ni siquiera se fueron al fondo del asunto y la inconstitucionalidad de origen, que sería otra discusión.
La segunda parte del Plan B, que se votó en otro momento pero con las mismas violaciones al procedimiento como la primera parte, seguramente tendrá la misma suerte, aunque todavía no existe la fecha para deliberarla en la SCJN.
Lo que para los morenistas y aliados fue un golpe al pueblo y a la democracia, lo que hicieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue simplemente la aplicación de la ley y el respeto a la Constitución antes que cualquier otra cosa. De reconocer la postura de Arturo Zaldívar, que se había congregado en el bloque oficialista para oponerse a las decisiones de Norma Piña; su voto habla al menos que todavía tiene un sentido de respeto a las leyes y que no piensa jugarse su prestigio por complacer al señor de Palacio Nacional.
Quienes no tienen vergüenza son, de plano, la plagiaria Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf, quienes con tal de seguir en el ánimo del presidente de la República fueron capaces de traicionar a la Constitución y exponer un sinfín de incongruencias para defender su postura de validar el Plan B de López Obrador.
Senadores como Bertha Caraveo, Citlali Hernández, Andrea Chávez, el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo, el gobernador Cuitláhuac García, entre otros, se dirigieron con odio y saña en contra de los ministros que invalidaron el Plan B; señalaron que dieron un revés a la voluntad del pueblo que eligió a la mayoría morenista en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.
Tener la mayoría, como la tienen con sus aliados, no significa que pueden hacer lo que quieran y pasarse los procedimientos legislativos por el arco del triunfo; en caso de suceder eso, para eso existe la Suprema Corte de Justicia de La Nación, que al analizar los proyectos determina si la ley o decreto es constitucional o no.
Los aliados, incluso, se sumaron al coro indigno del oficialismo, aun cuando renunciaron a la única reforma que los beneficiaba, en donde se les daba vida eterna al transferirle votos para que nunca pudieran perder el registro aun cuando tuvieran baja votación. Aun cuando esa parte la retiraron de la Reforma Electoral, se unieron al coro indigno para pisotear la ley.
Esos senadores y diputados de MORENA tendrán su merecido en el 2024, cuando los manden al basurero de la historia de la política por no defender al pueblo sino a un solo hombre: el presidente Andrés Manuel López Obrador.