POR Luis Fernando Moreno Mayoral
Así como el Instituto Nacional Electoral tomó la acertada determinación de cesar de sus funciones a María Elena Adriana Ruiz Visfocri por “notoria negligencia”, el mismo camino debería seguir la titular del Tribunal Electoral de Colima.
Y es que, de acuerdo a lo que todos vimos durante la campaña electoral, doña María Elena Díaz Rivera tomó partido en sus proyectos de resolución y se dejó presionar por quienes tienen cooptadas las instituciones desde hace más de 30 años en la entidad.
Tan solo la decisión que tomaron ayer, de ordenar al Congreso del Estado que reincorporen a Carlos Arturo Noriega García como diputado plurinominal en un plazo no mayor a tres días hábiles, es una desfachatez.
Rememorar la lista de las inconsistencias en que incurrieron los magistrados del Tribunal Electoral sería ocioso; lo que no debe ignorarse es que muchas de sus resoluciones perjudicaron sobremanera a candidatos que se vieron obligados a competir en circunstancias adversas.
Bien, pues, que el INE haya cesado de la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Colima a María Elena Adriana Ruiz Visfocri.
Aquí sólo algunas de las omisiones de quien hace más de 20 años quiso revertir el resultado del triunfo del priísta Gustavo Vázquez Montes, costumbre que, como se puede apreciar en esta contienda electoral, nunca dejó atrás, como sus defensores decían en el sentido de que ya había sido juzgada en su momento y que merecía otra oportunidad:
La negligencia de dejar acéfalas las direcciones de Organización Electoral, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Jurídica de 3 a 8 meses sin nombrar a personas encargadas de despacho, lo que, añadieron, “se tradujo en un descuido en el desarrollo de las funciones inherentes a cada área”, de acuerdo al Proyecto de Resolución UT/SCG/PRCE/JLSS/JL/COL/1/2023 y su acumulado UT/SCG/PRCE/CG/8/2023, con denuncias presentadas por José Luis Salvatierra y otras personas.
Si ya iniciaron con la remoción de la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima deben continuar con las demás instituciones electorales que, al menos en la entidad colimense, quedaron mucho a deber.