POR PXPress
DESPUÉS DEL SECUESTRO DE ALTO IMPACTO que se realizó hace varias semanas, donde dos mujeres fueron sacadas de un negocio a punta de pistola, la intensidad en la búsqueda de personas desparecidas en Colima había bajado. Se dejó de bloquear el libramiento Ejército Mexicano y de hacer plantones a las afueras de la Fiscalía General del Estado. Pero el miércoles 27 de julio, después de que todo el día se estuvo compartiendo en redes sociales la desaparición de José Francisco Rodríguez Ballesteros sin que la autoridad acusara recibo, en un medio se publicó que se bloquearía el libramiento. Fue a partir de ese momento que las autoridades de la FGE se pusieron en contacto con los familiares y se reunieron con ellos a puerta cerrada, todo con la finalidad de amenazarlos; cuando salió el hermano de José Francisco de la oficina, sus declaraciones denotaron un aleccionamiento total: dijo que los responsables de buscar a su familiar estaban haciendo todo lo posible por traerlo con vida y que ya tenían la ubicación del celular (si fue así, ¿por qué no fueron en ese momento a buscarlo?). Ingenuos, aunque entendible por la situación de dolor y desesperación por la que atravesaban, los familiares pidieron a los medios que dejaran hacer su trabajo a las autoridades y que, por recomendación de ellos (más bien amenaza), no harían ningún bloqueo a carreteras. Así transcurrió ese día: sin bloqueo y sin noticias del paradero de José Francisco. Al no obtener respuestas satisfactorias, los familiares decidieron ejercer presión: bloquearon el libramiento a la altura de la Fiscalía. Desafiaron al gobierno del Estado. Y la respuesta oficial no se hizo esperar: el mismo 29 de julio, medios al servicio del gobierno del Estado publicaron que ya se había localizado con vida; sin embargo, minutos más tarde los propios padres de Rodríguez Ballesteros desmintieron tal situación. Como no les funcionó la estrategia, desde la coordinación de Comunicación Social ordenaron a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) a emitir un posicionamiento al respecto. Dijeron en un comunicado publicado en sus redes sociales la noche del viernes pasado: “(…) este tipo de situaciones afecta a los negocios y empresas de nuestro estado, ya que la situación también pone en riesgo a los trabajadores de cada entidad”. Y añadieron: “consideramos existen otras formas de manifestación que no afectan el sector Empresarial y a la comunidad por el cierre de vialidades extremadamente concurridas, este tipo de acciones impiden generar ese ingreso económico a muchas de las familias Colimenses”. Al margen de que requieren de manera urgente de alguien que les escriba sus comunicados sin errores de redacción y sintaxis, lo cierto es que el mensaje no surtió el efecto deseado; por el contrario, fueron cientos de expresiones en su página y en la de los medios que retomaron su posicionamiento que cuestionaron severamente la insensibilidad de quienes conforman la CANACINTRA, a quienes les preocupó más el dinero perdido que la vida de una persona. Fue el sábado 30 de julio cuando, finalmente, se dio a conocer la noticia de la localización con vida de José Francisco. Hartos de que el gobierno mienta y falseé datos, sucedió algo sorprendente: la gente no se creyó nada. Tuvo que salir la gobernadora Indira Vizcaíno, desde su cuenta de Facebook, para corroborar la información. Molestos porque la sociedad y los medios no creyeron a pie juntillas las versiones oficiales, desde la coordinación de Comunicación Social, con un Miguel Ángel Vargas Vaca que ya no distingue entre lo correcto e incorrecto, se ordenó la publicación de una nota en un medio a su servicio en donde, además de corroborar que fue encontrado José Francisco Rodríguez Ballesteros, dijeron que nunca fue secuestrado ni se pidió dinero por su rescate, sino que se ausentó de manera voluntaria, para a continuación soltar el reclamo: “esa información era conocida por algunos de sus familiares”. Pero lo peor vino después, el domingo 31 de julio: el padre de José Francisco, a través de la cuenta de Martín Rodríguez Ballesteros, fue obligado por la autoridad, en un guion preparado por la Coordinación de Asesores del gobierno del Estado, a agradecer a la gobernadora y a pedir (no ofrecer) una disculpa por el daño causado por los bloqueos. Dijo: “Sin mi consentimiento, parte de mi familia llevó a cabo bloqueos carreteros”. Añadió: “Desde que levantamos la denuncia, las autoridades estuvieron acompañándonos en todo momento e informándonos de los avances en la investigación que hiciera posible que hoy mi hijo esté en casa”. Y remató: “Queremos ofrecer una disculpa pública porque al haberse ausentado voluntariamente hoy podemos decir que ni nuestra angustia ni todo el esfuerzo y trabajo de las corporaciones ni la protesta ni el bloqueo tenían razón de ser”. No podemos cuestionar al señor por prestarse al circo del gobierno del Estado; a él lo que le importaba era que su hijo regresara con vida. Lo que sí es cuestionable es la mala entraña de los empleados de Indira Vizcaíno Silva para hacer creer a la opinión pública que siempre estuvieron al pendiente del caso (mentira), que hicieron su mejor esfuerzo para localizar al joven (mentira) y que no era necesario el bloqueo (mentira: mientras no se hacía el cierre de carreteras no habían hecho absolutamente nada). Para los familiares de las próximas víctimas de desaparición: bloqueen todo lo que sea necesario, cierren calles, cierren avenidas, tomen casetas; al final todo eso se paga con los impuestos de la gente. Y lo más importante: no se dejen amedrentar por las autoridades.
LA PRÓXIMA ELECCIÓN DE dirigente de la Sección XII del ISSSTE en Colima nunca había tenido tanta atención mediática, como hasta ahora, pero tampoco nunca antes nadie extraño se había querido inmiscuir en la vida interna de un organismo autónomo de trabajadores federales. A diferencia de otras ocasiones, el Gobierno del Estado, por conducto de Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, gobernador de facto y padre de la gobernadora del estado, pretende inmiscuirse con un candidato a modo al que pueda manejar como a una vil marioneta para futuras movilizaciones de acarreo político en mítines de la campaña presidencial de la candidata del indirato, Claudia Cheinbaum Pardo. Por tanto, no es extraño que el viejo cacique arrocero de Buenavista haya tenido un revés en su intentona con la Sección 39 del SNTE, donde los maestros estatales le plantaron un tremendo patadón que debió haberse escuchado hasta Bora-Bora. El vejete, por supuesto, no entendió el mensaje que le mandó el magisterio, pues insiste con su necedad. En estos momentos hay dos cambios de dirigentes sindicales en puerta: el del STSGE, donde Martín Flores Castañeda busca la reelección, enfrentando al delfín del indirato, Sergio Alejandro Fuentes, así como en la Sección XII del ISSSTE, donde el médico cirujano Pablo Olachea Martínez dará la batalla al que trae la bendición de Indira y Arnoldo Vizcaíno, el médico general José Madrigal Galván, quien reúne a la perfección el perfil que requiere el partido de los nuevos ricos que actualmente está en el poder: sinvergüenza, cínico, chueco, procaz, amén de algunas cuantas “virtudes” más. En estos días tendrán lugar sendas elecciones de líderes sindicales, por lo que la administración estatal tiene enfocada toda su artillería pesada para tratar de imponer a sus respectivas cartas marcadas. Es difícil que cante victoria el indirato en la jornada de la elección sindical en el STSGE y en el ISSSTE: sus miembros estarán muy atentos a que no se vulneren organismos gremiales que no quieren sostener el tutelaje de agentes externos que sólo buscan utilizarlos como carne de cañón en manifestaciones de apoyo a candidatos de elección popular impuestos por dedazo y que les resultan ajenos. En la campaña de proselitismo del chueco médico José Madrigal, popularmente conocido como el Doctor Fraudes, hay elementos que igualmente tienen el perfil de morenacos, quienes están poniendo su máximo esfuerzo a favor de su –mala— causa. Uno de los que está comprometido con José Madrigal es César Pérez (alias el Apache), quien fue candidato del PVEM a diputado por el VI distrito local electoral, donde le pusieron una paliza en los comicios del año pasado. La plaza del Apache Pérez es federal, pero tiene la promesa de una chamba estatal en el INCODE, pero si gana su gallo. También se han prestado a apoyar al delfín del indirato el doctor Vicente Solano, personaje mal visto lo mismo por el gremio que por los derechohabientes, pero que cuenta con la mejor plaza para un médico general gracias a su hermano, Manuel Solano, que es integrante de la actual directiva sindical. Hay otros personajillos impresentables, como el cuarro Rafael Galindo, experto en difamar, pero con lo anterior es más que suficiente como para que se tenga una idea de la clase de lacras que buscan el poder sindical para beneficio personal y grupal, no realmente en favor de los agremiados.
HACE DÉCADAS SE PODRÍA ENCUBRIR UN crimen y la sociedad no se enteraba jamás de lo sucedido. Eran otros tiempos. Hoy ya no. Y qué bueno que la gente perdió el miedo y no está dispuesta a callarse nunca más. El sábado 23 de julio hubo un accidente que tuvo como consecuencia la muerte de un taxista. El auto que provocó el percance está registrado a nombre del hijo del diputado Armando Reyna Magaña, coordinador de MORENA en el Congreso del Estado. De inmediato algunos medios de Tecomán, los que no han sido comprados por el ayuntamiento tecomense y el gobierno del Estado, comenzaron a ocuparse del caso y hablaban de la responsabilidad del hijo de un legislador de Movimiento de Regeneración Nacional. El mismo diputado se encargó de confirmar la especie…el 29 de julio, ¡6 días después de haber ocurrido el accidente! Y sólo salió a decir que, en efecto, el auto involucrado en el percance estaba a nombre de su hijo, pero que nadie vio que el júnior conducía el vehículo. La viuda del taxista ha sido valiente: denunció que sí fue el hijo del diputado el responsable de la muerte del señor, que el propio legislador acudió al lugar, que sobornó a los tránsitos del ayuntamiento de Tecomán porque no se detuvo a nadie y que desde la Fiscalía General del Estado le querían dar carpetazo al asunto. Está claro que el diputado Armando Reyna no es responsable de que su hijo haya provocado un accidente y muriera el taxista; de lo que sí es responsable es de ir al lugar de los hechos, hablar con los tránsitos y ayudar a su hijo a escapar. Esperemos que no quede impune el crimen del júnior y que le caiga todo el peso de la ley.
HA QUEDADO DEMOSTRADO que la tan cacareada Bancada de Género del Congreso del Estado no sirve para nada. Sólo fue un gesto de la fracción oficialista hacia la diputada Evangelina Bustamante para que tuviera algo que presumir a falta de resultados concretos. Caro le sigue saliendo al pueblo de Colima mantener a rufianes como Joel Padilla Peña.