POR PXPress
CON LA EXHIBIDA QUE LE DIERON AL GOBIERNO DE Indira Vizcaíno Silva por el incremento criminal que se dieron ella y sus funcionarios más allegados, ahora se entiende por qué, hasta en más de cinco ocasiones en distintos foros públicos, repetía hasta el cansancio que su administración no estaba en condiciones de dar más del 3% de aumento salarial a los trabajadores del gobierno del Estado. Pues claro: todo lo que podría destinarse a la clase trabajadora se iría a engrosar las billeteras de sus amigos y cómplices de corruptelas de infancia. De acuerdo a los datos que se publicaron en un medio de comunicación y que fueron retomados por el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, (STSGE), Martín Flores Castañeda, tanto la gobernadora como 20 funcionarios más de su administración se hicieron incrementos que van desde el 25 hasta el 65%. Destaca, por tratarse de la encargada de evitar que se den actos de corrupción en el gobierno, Isela Uribe Alvarado, la contralora general: ella percibía al mes 59 mil 911.60 pesos, pero se le dio un incremento de 29 mil 833.62, por lo que ahora percibe 89 mil 745.22 pesos. En las mismas está el consejero jurídico, el veterano Roberto Rubio Torres: ganaba 59 mil 627.08 pesos al mes, pero con el aumento de 25 mil 986.76 ahora gana 85 mil 613.84 pesos. Si le encargada de sancionar la corrupción y el responsable de que todo se haga conforme a Derecho en el gobierno son de los beneficiarios de estos aumentos salvajes y deshonestos en sus percepciones salariales, ¿qué se puede esperar de los demás? Los números dados a conocer a la opinión pública, hasta ahora sin desmentir por nadie del gobierno del Estado (pese a tener nuevas adquisiciones de mercenarios que, además, tienen medios de comunicación que celebran contratos con gobiernos), son demoledores. De permanecer este tabulador todo el 2022, se erogarían en todo el año, con solo 21 funcionarios del gobierno del Estado, incluida la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, la cantidad de 6 millones 697 mil pesos; con más de 3 mil trabajadores sindicalizados, por el contrario, se erogarían al año 10 millones 260 mil pesos. Un abismo de diferencia. Para la mandataria estatal 21 personas deben ganar mucho más que 3 mil de toda la administración estatal. ¿Que no hay dinero? La abultada nómina acaba de confirmar que SÍ hay; lo que no existe es la voluntad de la gobernadora de racionalizar el gasto público y repartirlo equitativamente, como toda luchadora social de izquierda lo haría. Otro dato: mientras cada mes la gobernadora, el subsecretario de Administración, la contralora general y la directora general de Egresos ganan 35 mil 137.24 pesos, 28 mil 651.56 pesos, 29 mil 833.62 pesos y 27 mil 376.38 pesos, respectivamente, un sindicalizado auxiliar administrativo A, con el 3% de incremento salarial, gana 387.84 pesos, un sindicalizado auxiliar técnico, 367.72 pesos, un sindicalizado secretaria B, 356.45 pesos, y un sindicalizado auxiliar técnico C, 268.47 pesos. Si desde el gobierno del Estado se preparaban para asaltar al STSGE con la guerra sucia que le encargaron a mercenarios de reciente adquisición, con el bombazo que acaba de soltar el actual secretario general, y que tomará como bandera en la campaña para la sucesión sindical, de una vez deberían abortar la misión, pues estarían tirando dinero a la basura. ¿O a poco creen que Sergio Fuentes o Víctor Vázquez Cerda alzarán la voz ante estos incrementos corruptos y pedirán a la gobernadora de Colima que frenen los abusos para dar el aumento justo a los trabajadores? Aquí la lista completa de los funcionarios más allegados a la gobernadora que se dieron incrementos que no tiene ni Obama: Indira Vizcaíno Silva, de ganar 93 mil 374.04 pesos, ahora percibe 131 mil 511.28 pesos, más de 35 mil de incremento, equivalente a 36.5%. Fabiola Verduzco Aparicio, secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, ganaba 59 mil 627.08 pesos; ahora devenga 92 mil 57.90 pesos, 32 mil más al mes, equivalente al 54.4%. María Guadalupe Solís Ramírez, secretaria general de Gobierno, tenía un sueldo mensual bruto de 59 mil 627.08 pesos, y ahora percibe 92 mil 57.90 pesos, 32 mil más al mes, equivalente al 54.4%. Víctor Manuel Torrero Enríquez, subsecretario de Administración, antes del asalto a despoblado a las finanzas públicas ganaba 59 mil 461 pesos; ahora, con el 48.2% de incremento salarial, con 28 mil 651 más al mes, gana 88 mil 112.56 pesos. Francisco Javier Pinto Torres, subsecretario de Trabajo, percibía 56 mil 651.98 pesos; con el incremento de 16 mil 862.82 pesos al mes, equivalente al 29.8%, gana 73 mil 514.82 pesos. Eduardo Jurado Escamilla, secretario de la Oficina de la Gobernadora, ganaba 59 mil 627,08 pesos, pero con el incremento de 32 mil 430.82 pesos cada mes, equivalente al 54.4%, ahora gana 92 mil 57.90 pesos. Laura González Ávalos, directora general de Egresos, fue de las que más incremento tuvo en su salario: con un 60.9% de aumento, esto es, 27 mil 376.38 pesos más al mes, ahora gana 72 mil 331.20 pesos, cuando antes percibía 44 mil 954.82 pesos. Jorge Padilla Castillo, subsecretario de Turismo, tenía un salario mensual bruto de 58 mil 793.98 pesos; con el incremento de 14 mil 720. 84 cada mes, equivalente al 25%, ahora percibe 73 mil 514.82 pesos. Roberto Rubio Torres, consejero jurídico del gobierno del Estado, ganaba 59 mil 627.08 pesos; con el aumento de 25 mil 986.76 al mes, ahora gana 85 mil 613.84 pesos. José Emiliano Zizumbo Quintanilla, subsecretario de Cultura, tuvo un incremento de 16 mil 862.84 pesos mensuales, equivalente al 29.8%, ganando ahora 73 mil 514.82 pesos. Alberto Cortez Martínez, director general de Ingresos, fue otro de los que se despacharon con la cuchara grande: recibió un incremento del 63.5%, esto es, 28 mil 83.88 pesos mensuales, alcanzando la suma de 72 mil 331.20 pesos. Rosa María Bayardo Cabrera, secretaria de Desarrollo Económico, ganaba 59 mil 627.08 pesos; con el incremento de 25 mil 986.76 pesos, equivalente al 43.6%, ahora gana 85 mil 613.84 pesos. Isela Guadalupe Uribe Alvarado, la contralora general, percibía al mes 59 mil 911.60 pesos; con el incremento de 29 mil 833.62, ahora percibe 89 mil 745.22 pesos. Karely Leticia Vázquez Solórzano, que ya se fue con Viridiana Valencia Vargas a entregar becas y apoyos clientelares en el distrito I Federal, percibía 55 mil 938.98 pesos; con el incremento de 17 mil 575.84 mensuales, que al menos cobró durante dos meses como subsecretaria de las Juventudes, estuvo ganando 73 mil 514.82 pesos. Asdrubal Enríquez Melgar, director general jurídico de la subsecretaría de Administración, es otro de los que se llevaron el premio mayor: de ganar 44 mil 247.32 pesos, ahora se echa a la bolsa 72 mil 331.20 pesos, 28 mil 83.88 más cada mes, equivalente al 63.5%. María del Rosario Silva Verduzco, secretaria de Bienestar Social, Inclusión y Mujeres, ganaba 55 mil 938.98 pesos; con el incremento de 17 mil 575.84 pesos cada mes, equivalente al 31.4%, ahora gana 73 mil 514.82 pesos. Pablo Galindo Morales Matambú, director general de Recursos Humanos, tenía un sueldo mensual bruto de 45 mil 923.74 pesos; con el incremento de 21 mil 344.28 pesos cada mes, equivalente al 46.5%, ahora gana 67 mil 268.02 pesos. Marisol Neri León, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ganaba 59 mil 627.08 pesos; con el incremento de 25 mil 986.76 pesos cada mes, equivalente al 43.6%, ahora devenga 85 mil 613.84 pesos. Blanca Livier Rodríguez Osorio, subsecretaria de Movilidad, ganaba 58 mil 793.98 pesos mensuales brutos; con el incremento de 18 mil 140.12 pesos al mes, equivalente al 30.9%, ahora gana 76 mil 934.10 pesos. Y Jaime Enrique Sotelo García, subsecretario de Desarrollo Rural, percibía al mes 56 mil 651.98 pesos; con el incremento de 20 mil 282.12 pesos al mes, equivalente al 35.8%, ahora gana 76 mil 934.10 pesos.
LOS RESULTADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO, a más de ocho meses de infausto indirato, son completamente nulos. En la presente administración no hay un plan de trabajo al cual apegarse, sino que simplemente se avanza por la pura inercia. Además, esto es algo que, por sabido, se calla: la labor la sacan adelante los sindicalizados, que son los que mejor conocen el aparato gubernamental desde sus entrañas. Y esos, por cierto, en el gobierno de Indira Vizcaíno Silva no son muy apreciados que digamos, pues se les quiere imponer unilateralmente un mísero 3 por ciento de aumento salarial, aunque los integrantes del chiquigabinete de vacilada, con su jefa a la cabeza, se autorizaron incrementos que rebasan ¡hasta el 60 por ciento! Esa medida tomada por la administración estatal no tiene perdón de Dios, especialmente por una violencia imparable que ha sido generada por sus propios integrantes, pero tal parece que no les hace cargo de conciencia y fingen demencia sobre tal abuso. El caso es que con la Gobernadora Altozano sólo dan palos de ciego y, a falta de algún logro propio digno de presumir, tienen el descaro de anunciar inversiones de las que jamás se habla, pues la impresión y distribución de los libros de texto gratuito corren a cargo del Gobierno Federal. A los gobiernos estatales sólo les toca hacer la correspondiente entrega en sus aulas, pero nunca, en ningún gobierno, se había presumido el costo de los ejemplares, pues la educación en México es gratuita y, por tanto, no se hace referencia a esos gastos. Es simple: como parte de la educación gratuita, se hacen los libros y se distribuyen sin mayor alharaca. Así, a pesar de no haber invertido nada el nefasto gobierno de Indira, ésta se llena la boca al anunciar, con bombo y platillo, que se beneficiará a alumnos de 946 escuelas de nuestro estado para el ciclo escolar 2022-2023 “con una inversión de casi tres millones de pesos”. Por supuesto, una inversión en la que el Gobierno de Colima no tuvo nada que ver, pues el costo lo cubre la Secretaría de Educación Pública (SEP), como parte de la educación gratuita. El anuncio a voz de cuello, hecho en el municipio de Villa de Álvarez, fue sólo para querer demostrar que se hace algo, cuando en realidad una verdadera acción, digna de reconocimiento, sería entregar uniformes a los alumnos de educación primaria y secundaria, como lo hizo, por cierto, el nunca bien ponderado Nachito Peralta Sánchez, que al menos con esa acción demostró tener un poco más de sensibilidad que la que hoy cobra más que el mismo López Obrador, que se cree el rey de la austeridad viviendo en un palacio virreinal en el centro de la capital del país. A ver: eso es lo que sí sería una buena noticia: que el indirato regale los uniformes escolares a los alumnos de educación obligatoria, como son los de kínder, primaria y secundaria. ¿Quién dijo yo? No se oye.