POR Jorge Octavio González
Increíble que se utilice para fines perversos una herramienta noble que surgió para castigar a quienes violenten a una mujer en los medios de comunicación.
Últimamente, sin embargo, las denuncias de violencia política en razón de género se han pervertido por personas que desprecian la crítica y no conciben ser sujetas al escrutinio público.
Personalidades como la diputada federal Andrea Chávez y la senadora Citlali Hernández, intolerantes a la crítica y denunciantes compulsivas, han interpuesto denuncias a decenas de comunicadores y gente en X (antes Twitter) que han sido, en algunas ocasiones, desechadas por las autoridades electorales.
Andrea Chávez incluso se desistió de una denuncia en contra de alrededor de 20 personas por las críticas que le llovieron; sin embargo, dejó firme la que puso en contra Denisse Dresser, que al final resultó deslindada de toda responsabilidad por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Citiali Hernández, además de tener a centenas de personas denunciadas por violencia de género, tiene un odio personal en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ya fue sancionado por una autoridad electoral, pero ha sido recurrida la resolución por considerarse injusta en contra de particulares, cuando esa herramienta se creó para castigar a los servidores públicos.
A Salinas Pliego, cabe decir, le importa poco lo que las autoridades electorales determinen sobre su estridente forma de referirse a sus críticos, en especial a la secretaria general de Movimiento de Regeneración Nacional, a quien le cuelga epítetos duros, pero al nivel de una servidora pública, como bien lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una jurisprudencia en el sentido de que la critica a un funcionario debe ser más dura y éste debe tener más tolerancia que cualquier otra persona.
En Colima, sin embargo, apenas estamos viendo denuncias de este tipo en contra de personas que incomodan a abogados que se meten a la política para no vivir en el error.
Es el caso, ciertamente, que el Tribunal Electoral de Colima analizó recientemente y donde determinó que tres personas eran culpables de ejercer violencia política en razón de género en contra de quien fuera candidata —perdedora— de Fuerza por México a una diputación local.
Lo curioso es que, contrario al origen de dicha herramienta, la denunciante es una mujer blanca que llevó a tribunales a tres personas con el color de piel morena; uno en especial, Belisario Romero Sánchez, es un chiapaneco de la etnia tzotzil maya.
El TEE, en este sentido, estaría incurriendo en discriminación y racismo.
La sanción del Tribunal Electoral de Colima, radicada en el expediente PES-16/2024, es una amonestación pública para Belisario Romero Sánchez, Anilú Salazar Mejía y Abraham Méndez Palomares, además de ofrecer una disculpa pública y, sobre todo, dar vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para ordenar a que se inscriba a los responsables en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
La disculpa pública, de acuerdo a la resolución del magistrado José Luis Puente, se tendrá que dar en 5 días hábiles a partir de la notificación, “debiendo conducirse con respeto y con un lenguaje inclusivo”.
Encima de que los quieren exhibir en un padrón de violentadores de mujeres, así como lo hicieron los nazis con los judíos cuando marcaban sus cuerpos, los sancionados tienen que utilizar un lenguaje inclusivo cuando se refieran a la denunciante.
Así o más fascistas.
Pero eso no es todo: deberán abstenerse, en los ámbitos público y privado, de realizar expresiones que abonen a reforzar los estereotipos de género negativos en contra de la abogada que quiso ser diputada.
¿Y quién va a controlar que, en una plática privada, Belisario, Anilú o Abraham se expresen de forma negativa en contra de la abogada eslovaca? ¿Acaso también, como en la era nazi, tendrán a delatores cuidando lo que hablen los comunicadores y el abogado?
Menos mal que, como dijera George Orwell en la obra 1984, la mente y el pensamiento es lo único que no pueden violentar los gobiernos. Que si no…
La abogada de la mujer blanca y privilegiada, para reforzar la narrativa de que la denuncia es por cuestiones personales, celebró la sanción, pero dijo que no era suficiente; para ella también deberían estar en la cárcel y purgar una condena por atreverse a cuestionar a una persona que estaba participando como candidata en la pasada elección.
Esta nueva modalidad de censura, utilizando herramientas que surgieron por la vulnerabilidad de las mujeres ante ataques misóginos y machistas, será utilizada si la sanción en contra de Belisario Romero, Anilú Salazar y Abraham Méndez queda firme en las instancias federales.
Queda la certidumbre, sin embargo, que en la Sala Regional o en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación den un revés a este intento burdo y miserable de coartar la libertad de expresión de tres personas que se referían a una candidata en términos críticos.
Podrá gustar o no la forma en que se expresan estas tres personas, pero bajo ninguna circunstancia tienen el derecho de acallarlos o amedrentarlos con denuncias ante autoridades locales que, como el TEE y el Instituto Electoral del Estado de Colima, han demostrado estar al servicio de una élite de poder, por lo que es necesario que se proceda con la desaparición de estos entes para dar paso a una renovación en las instituciones.
Hoy festinan una resolución parcial de un magistrado mediocre y cobarde como José Luis Puente Anguiano.
Pero no les durará el gusto mucho tiempo.