POR Luis Fernando Moreno Mayoral
Dos bombas le estallaron al ayuntamiento de Colima esta semana.
La primera fue el despido injustificado de Raymundo González Saldaña: a través de sus redes sociales evidenció el oficio de su cese por parte de la oficial mayor y cómplice de corruptelas de Carlos Arturo Noriega García.
“Con motivo de pérdida de confianza en sus funciones y labores”, se lee en el documento OM-191/2024.
El entonces funcionario de la administración municipal escribió, al calce, “recibí con fecha de 10 de junio bajo protesta por no estar de acuerdo en el motivo del cese”.
Y añadió: “Asimismo, hago constar que en su momento me negué a apoyar a la Presidenta (Margarita Moreno) en su campaña”.
Vendetta, tal cual. Nada más.
Si así se desahogó de su fracaso por buscar la reelección, está bien; ella tiene la facultad de mover o despedir a quien se le dé la gana sin consultar a nadie.
Lamentable final para una alcaldesa que prometió mucho y cumplió muy poco.
La otra bomba, sin embargo, fue la detención del policía municipal por parte de la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del Estado por el robo de hidrocarburos.
El policía del huachicol, ciertamente, incurría en un delito grave, pero lo interesante de todo esto es el intento del ayuntamiento de Colima por encubrir la falta de su elemento.
Y aquí, por supuesto, surgen varias preguntas:
¿Desde hace cuánto el policía cometía este delito? ¿Quién lo metió en esto? ¿Con qué autoridades, de qué nivel, estaba arreglado? ¿Cuánto dinero recabó por la ilícita actividad? ¿Las autoridades del ayuntamiento de Colima sabían de las andanzas de este policía municipal? ¿El policía repartía las ganancias con alguna autoridad de la administración municipal? Si es así, ¿con quién? ¿O quiénes? ¿La presidenta municipal de Colima estaba al tanto de las actividades de su funcionario? ¿Dinero del huachicol fue a parar a la campaña de reelección?
Son muchas las interrogantes que surgen después de la extraña detención del policía municipal por el hermetismo con que se condujo la comuna capitalina al informar del hecho.
Lo dicho: el final de la presidenta municipal pudo ser mejor, con honor, con dignidad; el problema es que se dejó llevar por sus miedos y odios y actuó equivocadamente en cada uno de los pasos que dio para buscar su reelección por Movimiento Ciudadano.
Benjamín Alamillo, el transa que fue capaz de mentir sobre su residencia con tal de estar en la lista de diputados por la vía de representación proporcional, tiene mucho que ver en el desastre y la deshonra de una política que estaba construyendo su propio camino, pero que nunca pudo quitarse la mancha de pertenecer al grupo político de José Ignacio Peralta Sánchez, el ex gobernador más corrupto y miserable que haya tenido Colima.