POR Luis Fernando Moreno Mayoral
Un grupo de mujeres estudiantes y otras que ya egresaron de la Universidad de Colima nos acaban de dar la razón en cuanto al nulo interés de la casa de estudios y su rector Christian Torres Ortiz Zermeño por los casos de acoso y hostigamiento sexual de profesores contra alumnas de la institución educativa.
En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram (@universitariasfeministascol) ayer jueves 4 de marzo, el grupo Colectiva Universitarias exigió al rector de la U de C modificar el protocolo para la atención de la violencia de género, que lleva por nombre Unidad para la Atención Integral a la Discriminación y la Violencia de Género, porque revictimiza a las denunciantes y las obligan a convivir con sus agresores.
El problema al interior de la comunidad universitaria es peor de lo que nos imaginábamos: de acuerdo a lo señalado por quienes conforman Colectiva Universitarias, cuando una estudiante es acosada y hostigada sexualmente e interpone la denuncia a través de la página de internet, lo primero que hacen las autoridades universitarias es dar a conocer la identidad de la denunciante al agresor.
¿Dónde está el derecho a la privacidad de la mujer víctima de violencia de género? Queda claro, con esta denuncia, que al rector Christian Torres Ortiz Zermeño le importa un comino; su actitud machista y de complicidad con sus amigos acosadores es tal que no le importa revelar los datos personales de quien se atreve a denunciar conductas indebidas y deplorables de profesores en contra de alumnas, muchas de ellas menores de edad.
Cierto es que, aprovechándose del anonimato, pueden surgir acusaciones falsas en contra de maestros que no tienen nada que ver en agresiones o violencia de género; sin embargo, debe haber un filtro para que las autoridades corroboren o rechacen las pruebas después de un análisis profesional. Y entonces, sólo entonces, el denunciado puede conocer quién lo acusa y por qué.
En los planteles de la Universidad de Colima, sin embargo, no son rumores ni leyendas urbanas las historias de profesores que acosaron e, incluso, tuvieron intimidad con estudiantes; hay casos en donde hasta tuvieron hijos y se casaron, sin que haya habido sanción alguna para el maestro por su calidad de autoridad.
Las mujeres que conforman Colectiva Universitarias reconocieron que han interpuesto infinidad de denuncias a través de la Unidad para la Atención Integral a la Discriminación y la Violencia de Género, siendo desechadas todas por no querer actuar en contra de los profesores señalados.
E incluso amenazaron con acudir, en caso de no ser escuchadas por el rector Christian Torres Ortiz, al Instituto Colimense de las Mujeres, con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, con la Fiscalía General del Estado de Colima y con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, para actuar en consecuencia y por la vía legal.
La semana pasada, concretamente el viernes primero de marzo, la Abogacía General de la Universidad de Colima envió un comunicado en donde informan el despido de un maestro del nivel superior por “conductas graves de hostigamiento sexual en perjuicio de una estudiante”.
La columna OPINIÓN EXPRESS, en respuesta a ese comunicado, se burló del suceso porque, aun cuando se sabe que hay cientos de denuncias contra profesores que acosan y hostigan a estudiantes menores de edad, sólo habían sancionado a uno en más de tres años desde su último informe sobre el combate a la violencia de género en la U de C.
Una burla, por supuesto.
Pero ahora, con las denuncias valientes de mujeres acosadas y hostigadas sexualmente por maestros que protegen en la Universidad de Colima, el rector Torres Ortiz Zermeño tendrá que ponerse a trabajar y dejar a un lado la frivolidad; estas acusaciones retumbarán el próximo 8 de marzo, cuando salgan las mujeres a protestar por la violencia que viven todos los días, y ni los medios que tienen a su servicio podrán minimizar las quejas y los gritos de quienes han sufrido acoso y violencia sexual.
Se le viene al rector una cascada de señalamientos por encubrir a maestros que deberían estar en la cárcel en lugar de un salón de clases.