POR Jorge Octavio González
El asesinato de policías en Colima es alarmante: tan sólo en lo que va de este 2023 se ha registrado el crimen de 16 elementos de distintas corporaciones.
Esta semana el crimen organizado atacó a dos policías, donde uno murió al instante y el otro quedó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a recibir atención médica.
Carlos Macías, el policía que falleció, ya había sido amenazado por las organizaciones criminales. Pero, de acuerdo al comunicado enviado por el gobierno del Estado, “el elemento fallecido estaba suspendido de sus funciones”. ¿Por?
Qué manera de justificar su indolencia y negligencia: “los elementos no estaban en servicio”, fue lo primero que se les ocurrió redactar para deslindarse de toda responsabilidad.
Pues no: sí tienen responsabilidad en la muerte del policía porque, siendo un elemento previamente amenazado, no pudieron garantizarle las medidas básicas de seguridad. Estaba suspendido, pero no dijeron por qué; tampoco si la suspensión fue derivada de la amenaza que recibió o de algo más.
Del otro, del herido, dijeron: “el lesionado se encontraba franco”. ¿Y? ¿Por eso tenía merecido los balazos que le dieron? Que estuviera franco no significa que ya no pertenecía a la corporación; estar franco no debió ser justificación para que le dispararan y la Secretaría de Seguridad Pública se deslindara de su responsabilidad.
¿Qué hacían, en todo caso, un policía suspendido y otro franco el mismo día que fueron atacados? ¿Por qué se reunieron? ¿De qué iban a hablar? ¿Quién los puso? ¿Sus jefes? ¿O sus otros jefes? Aquí hay mucho qué investigar, ciertamente.
El comandante Héctor Alfredo Castillo ha resultado peor que su antecesor: maneja la SSP como si fuera su casa de campo y no le interesa lo que les suceda a sus elementos; mucho menos si algunos de ellos son señalados por tener nexos con el crimen organizado.
Lo peor de ser policía en Colima es que ya no sólo atacan a balazos a los hombres sino también a las mujeres. Hace unas semanas, mientras estaban por la Gonzalo de Sandoval, una camioneta fue atacada a balazos, muriendo en el momento una mujer policía y los otros dos fueron trasladados al hospital para su atención médica.
Ser policía en Colima es corromperse o morir por negarse a colaborar con las bandas del crimen organizado. ¿Qué garantías les da el gobierno del Estado a los elementos que no quieren pertenecer a las organizaciones criminales? Ninguna. Que ellos se arreglen como puedan, parece ser la orden de la gobernadora Indira Vizcaíno.
Ella está más preocupada en robar para hacerse de casas y vehículos ostentosos; lo que les suceda a los policías le importa un comino. Total: a ella la cuida personal de la Guardia Nacional y otros más que suman una veintena de escoltas a su servicio.
Ser policía en Colima es un trabajo de alto riesgo. Ojalá la última opción, ante la falta de garantías de seguridad de su propio gobierno, no sea pasarse a las filas del crimen organizado.