POR PXPress
NUNCA COMO AHORA los colimenses tendrán la oportunidad de ver la remoción de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima sin la necesidad de que lleguen a la edad de jubilación o su muerte.
Y ES QUE, de acuerdo a la historia del Poder Judicial de Colima, en el STJE ha habido pocos cambios de quienes lo integran desde hace más de 30 años, ya sea porque los que están se perpetúan con la figura de inamovibles, ya sea porque algún gobernador los convino a jubilarse para dar paso a las nuevas generaciones.
HUBO UN MANDATARIO DE triste memoria que, ante la frustración de no saber operar políticamente para tenerlos de su lado o lograr algunos cambios, decidió, como el autoritario que era, remover a varios de ellos para tener un Supremo Tribunal a modo.
FUE ASÍ QUE, en su infinita soberbia, envió al Congreso del Estado una iniciativa para remover de sus cargos a Enrique de Jesús Ocón Heredia, Jesús Rentería Núñez, Yolanda Macías García, Jorge Magaña Tejeda y Carlos Alberto Macías Becerril.
Y LOS AFINES a la causa del gobernador fueron Rafael García Rincón (el mismo que sigue en su cargo después de décadas), Felipe Chávez Carrillo, Ramón Cervantes Amezcua, José Alberto Peregrina Sánchez y Fidel Vega Gudiño.
TAN DESASTROSA fue esa maniobra que, en tribuna, el entonces diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez dio a conocer que rechazaron los nombramientos porque tres de los propuestos tenían antecedentes penales, debido a que el 7 de mayo de 1992 fueron consignados por abuso de autoridad y un mes después aprehendidos y remitidos al penal de Colima.
SOBRE JOSÉ ALBERTO Peregrina Sánchez, de acuerdo a la información de ese momento en la prensa, fue rechazado por los diputados porque “tenemos conocimiento de que ha sido detenido en estado de ebriedad y que las autoridades administrativas lo han dejado en libertad gracias al cargo que tiene”.
AL MARGEN DE que se impusieron a los cinco magistrados por el oficialismo en el Congreso del Estado, en ese momento del partidazo PRI, siguieron en sus cargos los cinco que fueron removidos, pero cuando fueron finalmente destituidos se ampararon y tuvieron que pagarles los salarios caídos, lo que costó al erario 5 millones de pesos por la obsesión y la ignorancia del Poder Ejecutivo de entonces.
PARA NO TENER que pasar por el mismo problema, en el Congreso del Estado se aprobó el dictamen de reforma a la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Colima, para que se cree un programa temporal de retiro por jubilación, vejez y retiro anticipado en edad avanzada, en forma exclusiva y por única ocasión, para las y los Magistrados del Poder Judicial del Estado de Colima, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente dictamen y que opten por acogerse al programa de retiro voluntario.
EN PXPRESS YA hemos analizado los casos de al menos dos magistrados, Bernardo Salazar Santana y Miguel García de la Mora, consentidos del ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos y premiados por los favores personales que les hizo en su momento, hoy señalados por actos de corrupción y de abuso de autoridad en contra de empleados y empleadas, a las que se les premió o castigó de acuerdo a si cedieron o no a sus perversas peticiones.
LOS PRÓXIMOS DÍAS estaremos informando sobre las actuaciones ilegales y nada éticas y morales de los demás magistrados, que tienen la oportunidad de salir por la puerta grande con una jubilación de 70 mil pesos al mes para dar paso a nuevas generaciones que sí apliquen la ley y no tengan intereses creados como los que están actualmente.