POR Luis Fernando Moreno Mayoral
La manifestación que se hizo ayer de personal del Poder Judicial de la Federación no tiene nada que ver con el retiro voluntario que en Colima se está planteando para los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Son dos cosas totalmente diferentes.
A nivel nacional, ciertamente, hay inconformidad por el Plan C, sobre todo en lo que respecta a la elección de los impartidores de justicia a través del voto popular; de lo demás se puede discutir y debatir en foros para perfeccionar una profunda reforma al Poder Judicial.
Y eso fue justamente lo que reclamaban los trabajadores ayer en su manifestación ante la ponencia que haría el senador Ricardo Monreal en un hotel de la ciudad de Colima, que al final no atendió a la gente ni habló al respecto.
El retiro voluntario en Colima, que es el dictamen de reforma a la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene un propósito similar, pero está focalizado a remover a los magistrados enquistados por ex gobernadores corruptos y otros que se hicieron inamovibles por errores de procedimiento de los diputados.
¿El Poder Judicial de Colima ha dado resultados satisfactorios para la sociedad colimense?
Si la respuesta fuera afirmativa no habría necesidad de hacer cambios en su interior; el problema es que la impartición de justicia en la entidad es lenta, tortuosa y suele beneficiar a quienes tienen el dinero para comprar jueces y magistrados.
El caso del magistrado Miguel García de la Mora es emblemático: fue propuesto por Silverio Cavazos Ceballos, que solía premiar a sus amigos y allegados que le ayudaban en asuntos personales, en especial si tenían que ver con mujeres; la terna donde estaba se aprobó y tomó la protesta de ley.
Como a muchos les sucede, cuando arribó al cargo cambió de manera radical: García de la Mora desconoció a sus amigos, a compañeros de trabajo que le ayudaron a llegar y la ambición lo consumió de tal manera que hasta a su familia hizo a un lado.
Pero ese no era el problema; su cargo como magistrado tenía fecha de caducidad.
La cuestión, sin embargo, es que los diputados responsables de presentar una terna para la sustitución de Miguel García de la Mora no hicieron el procedimiento conforme a la ley y, aprovechando la ignorancia de los legisladores, el magistrado controvirtió el asunto y se hizo inamovible.
Los diputados, como Crispín Guerra Cárdenas, ni una disculpa ofrecieron a la sociedad por el garrafal error que cometieron; no hicieron nada para reparar el daño y dejaron el tema por la paz.
Pero qué necesidad teníamos los colimenses de pagar a un magistrado de por vida, que se hizo inamovible por la negligencia de unos diputados, si resultó un soberbio, malagradecido y rufián en el cargo.
A través de los mecanismos legales es prácticamente imposible que un magistrado inamovible, como es Miguel García de la Mora, sea removido de su cargo; como su magistratura es de por vida, lo único que lo haría separarse de su toga sería llegar a la edad de jubilación o la muerte.
Con el retiro voluntario propuesto y aprobado en el Congreso del Estado, el magistrado no tiene que esperar a su edad de jubilación ni a su muerte para separarse; sólo basta acogerse al programa para irse a su casa.
El magistrado se iría con 70 mil pesos al mes para lo que le reste de vida, es cierto, pero eso, el dinero, es lo único que se llevará.
Pero en el caso de Miguel García de la Mora, la dignidad, la honestidad, el respeto y la vergüenza ya la perdió desde hace mucho tiempo.