POR Jorge Octavio González
Si de por sí la elección extraordinaria para elegir jueces y magistrados del Poder Judicial carece de una eficiente difusión de parte de las autoridades electorales —tanto en lo local como en lo federal—, con la restricción que impusieron a los candidatos la gente menos tendrá la oportunidad de conocer quiénes serán los nuevos impartidores de justicia en Colima y en el país.
Y es que, de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, el órgano electoral tiene la facultad de “garantizar que ningún partido político o persona servidora pública realice actos de proselitismo o posicionamientos en favor o en contra de alguna candidatura”, además de “garantizar la equidad en el desarrollo de las campañas entre las candidaturas”.
Lo último, sin embargo, es falso: vemos en los medios de comunicación, sobre todo en la radio y la televisión, que aspirantes al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima, al Tribunal de Disciplina Judicial y a jueces de primera instancia aparecen cotidianamente en espacios noticiosos sin que haya una equidad entre todos los que contienden por el mismo cargo.
Y en lo que respecta a que ningún político o servidor púbico debe hacer proselitismo a favor de alguno de los candidatos a ministros, jueces y magistrados, también el INE está completamente rebasado: se sabe que gente del PRI y el PAN están promoviendo figuras de impresentables que, ciertamente, les devolverán el favor una vez que ganen.
Pero también trabajadores del Poder Judicial de Colima están incurriendo en una ilegalidad: en horarios laborales y con equipo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado están promoviendo a sus compañeros en las redes sociales, dejando en la indefensión a los nuevos que se inscribieron con la finalidad de terminar con esa etapa de privilegios.
No se diga de los mismos magistrados en funciones que, como Miguel García de la Mora, promueven a su títere Sabino Hermilo Flores Arias, uno de los candidatos más serviles al poder, más corruptos y con un carácter fácil de manipular.
El ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, por ejemplo, será rehén de sus promotores y le cobrarán hasta el último peso invertido en él; de ninguna manera permitirán que sea autónomo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como jamás lo fue como ex ombudsman de la entidad, pues su trabajo era proteger a José Ignacio Peralta Sánchez y a su séquito de aduladores y consentidas que, como una ex directora altanera y evasora de la ley, fue beneficiada con resoluciones a modo para no tener en su currículum una recomendación por su manera prepotente de conducirse hacia sus ex trabajadores.
¿Quién va a vigilar que magistrados en activo, como el caso de García de la Mora, no se estén metiendo en la elección extraordinaria para beneficiar a uno de los suyos? ¿Y quién será la autoridad que sancione dichas violaciones a las leyes en esta contienda?
¿El INE? Ha quedado demostrado que no puede con el paquete, sobre todo porque no ha sido capaz de promover la elección judicial para que la mayor cantidad de gente sepa quiénes son los candidatos a convertirse en ministros, jueces y magistrados.
Y en cuanto al Instituto Electoral del Estado de Colima, de acuerdo a los lineamientos dados a conocer hace algunos días, parece que su función es ser una especie de inquisición en contra de los medios de comunicación.
Dijeron, por ejemplo, que “los medios de comunicación tampoco podrán organizar foros o espacios de debate en condiciones de inequidad, así como noticias y entrevistas”.
En los medios, sobre todo en la radio y la televisión, hay infinidad de entrevistas a candidatos a jueces y magistrados que, sin rubor alguno, están hablando de sus propuestas y su trayectoria, sin darle el mismo espacio a los contrincantes. ¿Qué van a hacer al respecto?
Otro de sus lineamientos dice: “Se sancionará la difusión de noticias “frívolas” que no tengan sustento jurídico o evidencia, ofensas o improperios contra otros candidatos ni tampoco la violencia política de género”.
¿Qué es, al ver y entender del IEE en Colima, una “noticia frívola”? ¿Quién lo va a determinar? ¿Cuáles son los nombres de esos sesudos analistas que determinarán qué es una “noticia frívola”? Y sobre las ofensas e improperios a otros candidatos, ¿quién será el sancionado, el medio o uno de los candidatos que lo diga? Ni siquiera son específicos ni claros.
De la violencia política de género no hay mucho qué decir: si toda crítica hacia una candidata va a ser considerada como violencia política de género, tal y como lo hicieron en el pasado proceso electoral del 2024, cuántos columnistas serán denunciados y amenazados con ir a la cárcel sólo porque se atrevieron a cuestionar a una mujer que, con la delicadeza de su piel sensible, se sintió ofendida por los comentarios.
La actuación del INE y el IEE es, en esencia, pobre y con atribuciones que no le corresponden: hacerle marcaje personal a los medios de comunicación para que no se atrevan a insultar a algunos de los candidatos que, como se ha comprobado, tienen antecedentes de ligas con políticos, fueron corruptos, golpeadores de mujeres y demás, no es en lo que se deberían enfocar las autoridades electorales.
Deberían, eso sí, estar al pendiente de que políticos y servidores públicos no estén promoviendo a candidatos o que medios como la radio y la televisión concedan espacios a unos sobre los demás, incurriendo en una inequidad que no es sano para esta primera elección extraordinaria judicial.