POR Luis Fernando Moreno Mayoral
A este gobierno, que llegó diciéndose diferente a los de antes, si se le escudriña tantito brotan por doquier las irregularidades y los negocios al amparo del poder.
En todas las áreas, por donde le busquen, habrá un negocio, un conflicto de interés o tráfico de influencias; para ser el primer año aprendieron muy bien las mañas de los que fueron sus mentores.
Hoy nos concentraremos, a diferencia de otras entregas, en una proveedora muy particular que tiene contratos por adjudicación directa con la Secretaría de Educación y Cultura, con la Oficina de la Gubernatura, con la Secretaría de Salud y con el DIF Estatal.
Su nombre es Adriana Julieta Aguirre Pérez. Fue directora de Adquisiciones en el gobierno de Mario Anguiano Moreno, justamente del otro lado de donde se encuentra actualmente, esto es, otorgando contratos a empresas que concursaban por una licitación en el gobierno del Estado.
Pero hay más: el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, Osafig, la sancionó con una amonestación pública y una sanción económica resarcitoria directa por la cantidad de un millón 96 mil pesos, que fue ratificada por el Congreso del Estado de Colima en el Decreto 375.
¿Qué fue lo que le detectaron para sancionarla? De acuerdo a la Observación F73-EXCEPCIÓN/01/2015, el Osafig “verificó la adquisición de un servicio de cursos de capacitación del Programa SUBSEMUN 2013 para los municipios de Colima, Tecomán y Villa de Álvarez, requerido por la Secretaría de Seguridad Pública, y adjudicada a la persona moral INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE CAPACITACIÓN JURÍDICO POLICIAL, PREVENCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO, S.C, por un monto de $1,096,000.00 pesos, a través del procedimiento de adjudicación directa por excepción a la licitación pública, con fundamento en los artículos 25, 26 fracción III y 41 fracción X de la Ley de la materia, según las declaraciones establecidas en el contrato de adquisiciones sin número de fecha 15 de abril de 2013; observándose la falta del dictamen u oficio de excepción emitido por el Sub Comité de Adquisiciones o el titular de la Dependencia, fundado y motivado en criterios de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y financiamiento para el Estado, con el que se justifique la operación compra”.
Y es que, según se concluye de la investigación del órgano fiscalizador, “no se exhibe evidencia física y/o documental que acredite la real y efectiva prestación de los servicios de capacitación por parte del proveedor”.
En el Decreto 375, además de Adriana Julieta Aguirre Pérez, también fueron sancionados Mario Anguiano Moreno, Jesús Orozco Alfaro, Clemente Mendoza Martínez, Blanca Isabel Ávalos Fernández, Rogelio Valencia Sánchez, Ignacio Castro Osobampo, Gabriel Valdovinos Vázquez, Jorge Anguiano Olmos, Xani Citlali Mata Valdez, Eduardo Camarena Berra, Carlos Alberto Ceballos Radillo, Carmen Yolanda Núñez Sosa, Rafael Gutiérrez Villalobos, Carlos Arias Guillén, Gustavo Allen Ursúa Calvario, Rigoberto Salazar Velasco, Juan José Alcaraz Robles, José Santos Juárez, René González Chávez, José Fernando Morán Rodríguez, Héctor Faustino Sandoval Fierros, Raúl Pinedo Dávila, Rebeca Alexandra Herrera Díaz y Karewi Viridiana Flores Eusebio.
En esa lista, pues, se encuentra Adriana Julieta Aguirre Pérez, la proveedora consentida del gobierno del Estado, a la que se le asignó el contrato SPFYA/SSA/3CE-042-2022/DGAABS/DABS, donde se obliga a proporcionar los bienes consistentes en MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; el contrato SPFYA/SSA/IRE-027-2022/DGAABS/DABS, en donde, a invitación restringida, llevó a cabo el SERVICIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2022; y tuvo una invitación restringida identificada como IRE/04DIF/2022 para proporcionar artículos de papelería y tóner, tintas y cartuchos para el DIF estatal.
Se trata de una persona que, además de ser señalada como corrupta cuando fue directora de Adquisiciones, hoy obtiene contratos para surtir medicinas, organizar eventos y vender artículos de oficina.
¿Qué puede salir mal?