POR Luis Fernando Moreno Mayoral
En una dependencia tan importante como la Secretaría de Seguridad Pública o la Fiscalía General del Estado de Colima no se debe permitir tropezar con la información que se da a conocer a la sociedad.
La gente de la entidad, temerosa de la ola de violencia que se desató desde el 25 de enero del 2022 con la masacre en el CERESO, aún confía en sus autoridades y en lo que les informan sobre los sucesos de alto perfil que se presentan de tanto en tanto.
Ocultar, tergiversar o manipular la realidad sólo provoca ira en una ciudadanía ávida de certeza en cuanto a lo que sucede en Colima; ahora exigen datos y detalles sobre los hechos de violencia para saber por qué lugares pasar o no pasar o para de plano no salir.
La Fiscalía General del Estado, por ejemplo, desbarró en la información que se dio a conocer sobre la mujer estadounidense por la que el FBI pide 20 mil dólares por su localización: el mini fiscal Bryant Alejandro García Ramírez, incompetente y un bueno para nada en su trabajo, ni siquiera pudo atajar el rumor del supuesto asesinato de María el Carmen López enseguida de que los familiares pagaran el rescate.
Pasaron horas hasta que en un escueto comunicado, pésimamente redactado, desmintieran la especie; para ese momento la nota en cuestión era viral en las redes sociales y algunos medios serios lo retomaron, aunque después se tuvo la certeza de que era una fake news cuando uno de los hijos de la señora corroboró que aún no tenían noticias sobre su madre.
En la Fiscalía de Colima quedaron como unos ineptos. Ya no es novedad.
En cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del Estado, su error consistió en no ser claro en cuanto a la información del secuestro de una mujer policía en la comunidad de Madrid, Tecomán: en el Xpress´o de ayer jueves ya se detalló que primero hubo una versión, referente a que una mujer había sido reportada como desaparecida en una parada de autobuses en el municipio tecomense; la otra versión fue que habían secuestrado a una mujer policía mientras esperaba un camión que la llevaría a Colima.
No fue sino hasta después de varias horas que, de manera extraoficial, se dio a conocer que la mujer desaparecida y la mujer policía secuestrada por un comando armado eran la misma persona, pero que ya había sido liberada luego de un impresionante operativo realizado por la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal.
Hubo un comunicado, también horriblemente redactado, en donde en una primera instancia dijeron que la Policía Estatal había localizado a la mujer policía que se encontraba secuestrada; sin embargo, el titular de la dependencia, Héctor Alfredo Castillo Báez, en una entrevista con los medios de comunicación negó que Blanca Ruelas hubiera sido secuestrada.
El colmo de la desfachatez vino a continuación: para darle peso a su afirmación de que la policía no había sido secuestrada, dijo que ese día la mujer no se había presentado a trabajar; de acuerdo a los protocolos de la dependencia, añadió el comandante, “para nosotros estaba faltando y se buscó; se atendió el protocolo para buscarla y no estaba, y nos dedicamos a buscarla”.
Con ese lenguaje cantinflesco, Héctor Castillo Báez pretendió convencer a los reporteros de que la ausencia de la mujer policía no se debía a que la secuestraron sino a que se dieron cuenta que había faltado a su trabajo y decidieron buscarla. ¿Alguien le encuentra lógica a esa afirmación?
He aquí otra perla que sólo confunde más: “De hecho a ella (la agente) se le encontró caminando por la carretera de la comunidad de Caleras; yo infiero que fue liberada cuando vieron todo el trabajo de búsqueda”, indicó el secretario de Seguridad Pública.
Héctor Castillo, después de que aprobó un comunicado en donde afirmaba que la mujer policía había sido secuestrada y que, a través de un operativo conjunto con diversas dependencias federales se había logrado su localización, cambió su versión y dijo que la agente no fue secuestrada, que se dieron cuenta que faltó y, por protocolo, se dedicaron a buscarla, pero que la vieron caminando por una carretera porque, infirió el señor Castillo Báez, fue liberada cuando vieron el operativo implementado.
¿O fue secuestrada o sólo faltó al trabajo? Si no tiene información de que fue secuestrada, ¿cómo es que Héctor Castillo afirmó que la pudieron liberar cuando se dieron cuenta del operativo? Y más: la localización de la mujer policía no se debió a una labor de inteligencia sino a que la vieron caminando por la carretera de Caleras. Nunca hubo una estrategia para rescatarla de sus captores.
Tan confusa y opaca fue la información que dieron a conocer acerca de lo sucedido con la mujer policía, que tuvieron que cambiar en el comunicado oficial la frase “se encontraba secuestrada” por “se encontraba ilegalmente privada de su libertad”.
Secuestro es cuando se llevan a alguien sin su consentimiento; ser privada de su libertad es un secuestro. ¿A quién quieren engañar? Algo hay detrás demasiado grave como para exhibirse como unos principiantes ante la opinión pública; la cuestión es que esa es la tónica de la administración estatal, en donde lo que menos les importa es la transparencia y el derecho a la información de los colimenses.