POR José Luis Santana Ochoa
El Gobierno del Estado tiene todo el derecho, y además la plena obligación, de fortalecer su capacidad recaudatoria, pero tomar los bienes incautados a los causantes en mora “hasta por el 60% de su valor catastral”, parece un comportamiento agiotista, injusto, inequitativo y alejado de cualquier proporcionalidad, como lo expresó desde tribuna el diputado Jesús Alberto Partida Valencia cuya voz discordante sonó clara y fuerte en su posicionamiento sobre ese punto de la Reforma al Código Fiscal del Estado aprobado por la mayoría 4T en la sesión de la LXI Legislatura Local celebrada el miércoles 9 de julio de 2025.
Para el abogado tecomense José Alberto Sánchez Nava, en sintonía con el diputado Partida Valencia, “si un bien embargado no se logra vender en remate público, el fisco podrá adjudicárselo por el 60% de su valor de avalúo (artículo 190 reformado). Y si no hay postores, el artículo 191 ordena lo mismo. Esta norma rompe con la proporcionalidad, elimina la competencia real en el remate y convierte al Estado en comprador privilegiado a precio de ganga”.
Tiene razón la gobernadora en quejarse de las dificultades que históricamente han tendido las administraciones estatales para convertir en cash los bienes embargados a deudores por créditos fiscales no pagados en tiempo y forma, y en haber concretado su reforma al Código Fiscal del Estado a fin de que los bienes embargados puedan ser rematados para hacer efectivos los cobros respectivos, pero decretar que sean casi tostoneados, hasta un 60% de su valor catastral, es a todas luces un exceso. En opinión del abogado Sánchez Nava, “esta reforma habilita que la autoridad fiscal embargue, valore, remate y adjudique un bien con una simple firma administrativa, sin intervención judicial. Lo que en el papel suena técnico, en la práctica es un despojo institucional con papeles en regla”. ¡No pos’ sí, pero palo dado no lo quita ni Dios Padre!, así es que a seguir disfrutando lo votado.
“Con esta reforma, el procedimiento se simplifica a una sola almoneda, donde el bien se mantiene en las dos terceras partes de su valor, garantizando así que no se devalúe aún más. Si no hay postores, el Estado podrá adjudicar el bien por hasta el 60% del avalúo, lo cual sigue siendo más justo que perderlo en una tercera almoneda con un valor aún menor. Esta reforma representa un avance en favor del deudor, y una protección más sólida a su patrimonio. Por eso, voté a favor. Seguimos legislando con responsabilidad y visión social”, sentenció la diputada priista Hilda Lizette Moreno Ceballos que suele respaldar la mayoría de los proyectos legislativos de la gobernadora, aunque con su colaboracionismo les dé contras a sus propios compañeros priistas, no se diga a los panistas.
Si bien el grupo de diputados de oposición no pinta en la LXI Legislatura Estatal dominada absolutamente por los del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados, parece que el único de ellos que se comporta a la altura es el panista Jesús Alberto Partida Valencia que tuvo hasta cuatro intervenciones en tribuna para expresar sus bien fundamentados razonamientos sobre el impacto negativo que la reforma fiscal podría tener en el patrimonio de los ciudadanos que lleguen a caer en la mira del aparato recaudador del Gobierno del Estado.
EL ACABO
A propósito de la reinauguración que la mañana del viernes 11 de julio de 2025 hizo la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, del Parque Regional ‘Griselda Álvarez Ponce de León cuyo ingreso será gratuito durante lo que resta de este mes y todo el próximo agosto, la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Seidum), Marisol Neri León, calificó la importante intervención constructiva como “una más de las #ObrasQueTransforman y que dejan un arraigo de Colima, un buen lugar para vivir. Estos espacios son lo que generan estas convivencias familiares; sin duda, el poder reactivar estos espacios lo que hacen es generar paz, que todas y todos necesitamos». ¡Y sí!