¿Perseguida política? Claro que no

POR Jorge Octavio González

En la Escuelita Comunitaria, evento financiado y difundido por el ayuntamiento de Manzanillo, Martha Zepeda del Toro arremetió en contra de la gobernadora del Estado, de la Fiscalía General del Estado de Colima y anunció que ya se registró como aspirante a la candidatura de MORENA a la alcaldía del puerto.

Sin ser funcionaria de la administración municipal, separada por un juez como medida cautelar por el delito de falsedad de los servidores públicos, hizo uso de infraestructura y recursos públicos para una afrenta personal, todo con el objetivo de presionar a las autoridades para que no la sancionen por los señalamientos que sus mimos compañeros de Cabildo le hicieron.

El evento, llevado a cabo el jueves en el auditorio del Centro Cultural de Salagua, pareció el inicio de su campaña política para buscar la presidencia municipal de Manzanillo, además de servir como un mini consejo local de los que se dicen llamar fundadores de MORENA para planear las acciones a seguir en su causa política.

Y así sucedió: el viernes, cuando Martha Zepeda acudió a la audiencia para conocer de su segunda denuncia, llegó envalentonada con una caterva de reventadores que ejercieron violencia verbal e intimidación a las autoridades y al fiscal anticorrupción, encargado de convencer al juez de la culpabilidad de la ex secretaria del ayuntamiento de Manzanillo.

El problema es que, de acuerdo a la información que circuló ese mismo día, la gran mayoría de los asistentes a la audiencia, en “apoyo” a Martha Zepeda del Toro, eran funcionarios de la administración de Griselda Martínez Martínez, algunos de ellos conocidos como porros que han tenido la encomienda de ejercer violencia en actos públicos para reventarlos.

Quitando a los funcionarios de mayor y menor nivel, así como a los acarreados, en realidad la mano derecha de la presidenta de Manzanillo no tuvo el respaldo ciudadano que esperaba; con los servidores públicos que acudieron, ya plenamente identificados ante la opinión pública, muy difícilmente la seguirán acompañando en sus nuevas aventuras.

En la audiencia que tuvo en Manzanillo, que es por otro delito y no por el que ya está vinculada a proceso, Martha Zepeda llegó con una turba de porros funcionarios del ayuntamiento porteño y militantes de MORENA, de los que se dicen fundadores, para amedrentar a las autoridades y obligarlos a que se desistan de sus acusaciones.

Si bien, por una mala planeación del fiscal anticorrupción, que no esperó el recibimiento a gritos y a consignas de las huestes de Martha Zepeda, se difirió la audiencia para el próximo 13 de diciembre, está más que claro que ese día tendrá que acudir con más personal de las fuerzas armadas ante un posible acto de insurrección de los apoyadores de Zepeda del Toro, que harán todo lo posible por presionar a las autoridades de no aplicar la ley.

Y es que, como lo señaló la propia Martha Zepeda, si bien el delito por el que fue acusada no amerita cárcel, por esta segunda acusación el juez puede pedir como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en lo que se desahoga a plenitud el caso y se llega a una resolución, algo que puede tardar meses o años.

He ahí por qué la ex funcionaria teme que la encarcelen en su próxima audiencia: más que por dormir en prisión, es por ver cancelados sus derechos políticos y verse impedida de participar en la contienda en el 2024, ya que, como ella misma lo anunció, ya se inscribió para ser medida en el proceso interno de MORENA para la candidatura a la presidencia municipal de Manzanillo.

Esta misma semana, que es cuando el juez determinará si la vincula a proceso o la absuelve de este segundo delito que se le acusa, veremos si Martha Zepeda será respaldada por los funcionarios del ayuntamiento de Manzanillo y fundadores de MORENA y si, de acuerdo a la resolución que se tome, estarán dispuestos a generar violencia aun con las fuerzas armadas presentes en el lugar.

¿Eso es lo que busca Martha? ¿Violencia?

Lo dicho: es una provocadora profesional.