POR Édgar Rodríguez H
La Contralora General del Gobierno del Estado de Colima, Isela Guadalupe Uribe Alvarado, no es la única funcionaria que en lugar de “investigar y sancionar las posibles faltas a la ley, ya sean administrativas o penales”, se dedica a taparlas para que los excesos y abusos de sus jefes no sean sancionados, pues lo mismo hacen otros titulares de instancias como la Fiscalía Anti-Corrupción o el Congreso del Estado con sus diputados subordinados al gobierno del estado. Todos, juntos y revueltos, son los responsables de que la corrupción siga imperando en la actual administración estatal de peor manera que en los tiempos dorados de los gobiernos priistas neoliberales.
Todos los órganos públicos de control habidos y por haber tienen como encomienda encubrir, tapar, proteger, el explicable enriquecimiento de los hombres y de las mujeres en posiciones de poder político como gubernaturas, alcaldías, programas sociales, etc., sin importar la suerte que corra el pueblo bueno de Colima que no tiene ley que lo ampare y proteja. Por eso, felices, le siguen pegando con fe a los moches, comisiones, entres, retornos y negocios como fraccionamientos de lujo.
Casos escandalosos como los 740 millones de pesos que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva le achaca a José Ignacio Peralta haber desviado del presupuesto estatal, o la media docena de casitas de interés social de las que se hicieron la mandataria estatal y su primer círculo de cómplices, no les quitan el sueño ni a Isela Guadalupe ni a sus colegas. Tampoco el saqueo que le atribuyen al ex secretario de Planeación y Fianzas del Gobierno del Estado, Carlos Arturo Noriega García.
Dejar correr el tiempo a fin de que los plazos establecidos para armarles las acusaciones a los corruptos fenezcan, es la fórmula que aplican al pie de la letra los funcionarios dizque fiscalizadores del dinero público como la señora mencionada en el primer párrafo y sus colegas que muy caros le salen a los colimenses, tanto por sus altos sueldos y prestaciones, como porque no recuperan ni un sólo peso partido por la mitad de los millones que se embolsan los funcionarios a quienes supuestamente deben vigilar, no protegerlos para que queden impunes.
De forma cínica, el jefe de la banda, Eduardo Jurado Escamilla, tiene la desfachatez de presumir que la Contraloría “lleva a cabo un seguimiento del patrimonio de los funcionarios, año con año al ir declarando las propiedades, cuentas bancarias, etc., se puede dar la alerta, pero aquí no hay nada, es transparente la información y está en el portal”, y de afirmar que por motivaciones políticas sus enemigos los exhiben.
“Yo creo que lo limpio no necesita lavarse, pero al parecer los amigos de la oposición se encuentran desesperados, quienes constantemente han estado buscando como dañar la imagen del gobierno, pero lo hacen de manera muy burda”, acusan sin fundamento y señala Jurado Escamilla a sabiendas de que no ha sido la oposición sino la poca prensa que él no controla, la que ha puesto al descubierto sus corruptelas. La imagen del gobierno de la 4T la han dañado constantemente las Chicas y Chicos super poderosos, Dos8, como él, con sus abusos y frivolidades.
Se dice que…
*Cada vez que funcionarios públicos municipales, estatales o federales de la Cuarta Transformación, a lo largo y ancho del país, son cogidos en la maroma, lo primero que hacen es negar sus robos a la nación, al pueblo bueno de México, siguiendo la línea presidencial en la materia.
*Si a pesar de clamar pureza alegando que no son iguales a quienes sustituyeron en sus jugosos cargos, nadie les cree, se tiran al piso gritando que los liberales y conservadores los atacan porque defensores de oficio son de la entelequia que ellos llaman Cuarta Transformación.
*En resumidas cuentas, no hay cómo castigar a quienes dicen estar “muy tranquilos, hacemos las cosas correctas, no somos iguales y por eso caminamos tranquilamente y nos presentamos en cualquier lugar, porque hacemos las cosas correctas”, como el deshonesto que todo mundo sebe que es Eduardo Jurado Escamilla.