POR José Luis Santana Ochoa
La presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, so pretexto de “combatir la corrupción y desmantelar los privilegios ilegítimos que han permeado a diversos sectores”, se propone “devolverle al notariado su vocación de servicio público basado en el mérito y la transparencia, democratizando el acceso al gremio notarial a profesionales sin conexiones políticas”, noble intención que no logra esconder su verdadero objetivo de centralizar en su gobierno las funciones notariales a través de las que serán “Notarias del Bienestar”.
Cierto es que las patentes notariales en todos los estados del país históricamente han sido otorgadas a discreción por los gobernadores en turno a sus amistades y cómplices políticos, en muchos casos de bajos perfiles académicos y profesionales, medianías, mediocridades. Sin embargo, lo que viene en camino resultará peor, pues como pinta el panorama, el control del otorgamiento de patentes notariales pasará de las manos de los mandatarios estatales a las del Gobierno Federal. Claro, con tómbola de por medio, como la decretada para el nombramiento de ministros, magistrados y jueces, en el nuevo Poder Judicial del Bienestar. Faltara más y sobrara menos.
Para el investigador y abogado Carlos Pérez Ricart, “el problema con el gremio notarial en México no es su existencia, sino su operación basada en redes de clientelismo. La función notarial debería ser un servicio público esencial para garantizar la legalidad de los actos jurídicos. Sin embargo, en muchos estados ha sido capturada por élites políticas, lo que genera privilegios y perpetúa la desigualdad en el acceso a la función”, pero el remedio que propone la Señora Sheinbaum para liberar las notarías de las manos de los gobernadores y entregarlas a las garras de la insaciable sed de poder presidencial convertidas en “Notarías del Bienestar”, resultará peor que la enfermedad.
En opinión de Blanca Heredia, experta en derecho y administración pública, “Una reforma al sistema notarial no puede quedarse en la eliminación de los privilegios. Es necesario construir un nuevo sistema de acceso a las patentes que sea totalmente transparente, basado en criterios estrictamente meritocráticos y no políticos. Si no se cuida este aspecto, el riesgo es que la reforma no sólo no solucione el problema, sino que termine replicando el mismo patrón de favores políticos, pero bajo una nueva administración”, la del Segundo Piso encabezada por Sheinbaum Pardo.
Gibran Ramírez, politólogo y exasesor legislativo, advierte que las reformas anticorrupción a menudo corren el riesgo de convertirse en armas políticas. “En un país donde el Estado de Derecho aún enfrenta serios desafíos, podría tener consecuencias graves para la estabilidad institucional”, y para el sano desarrollo de las actividades empresariales y sociales en todo el país, habría que agregar.
El solo anuncio del proyecto 4teísta de reforma mencionado puso en alerta máxima a los notarios de tofo el país que temen que las patentes ya otorgadas sean revisadas o revocadas, y piden, con justa razón, “que el proceso de reforma incluya a los actores involucrados para garantizar que no se atente contra los derechos adquiridos de quienes ya ocupan una posición dentro del gremio.” Suena racional que la Asociación Nacional del Notariado Mexicano (ANNM) haya solicitado que se tomen en cuenta las diferencias entre los estados en cuanto a la regulación de los notarios, pues “es fundamental que cualquier reforma considere los matices locales para no aplicar una medida uniforme para todo el país”.
EL ACABO
“La función notarial no debe ser una extensión del poder político, pero tampoco puede estar subordinada a intereses que no sean estrictamente legales y profesionales”: José Ramón Cossío Díaz, Ministro en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“El problema con muchas de las reformas de la Cuarta Transformación es que atacan los síntomas, pero no las causas de fondo. Si el objetivo es desmantelar los privilegios del gremio notarial, la solución no es solo quitarles poder a los gobernadores, sino crear un sistema de acceso verdaderamente democrático y basado en méritos. De lo contrario, simplemente estamos cambiando de manos el control del poder”: Javier Coello Trejo.
Después de la “democratización” del Poder Judicial de la Federación, de las universidades públicas y de las notarías, vendrá la de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en México, cuyos cardenales, arzobispos, obispos y curas de parroquias serán electos por voto libre y secreto de quienes confiesen ser sus feligreses.