Movimiento Ciudadano, refugio de impresentables

POR Jorge Octavio González

Movimiento Ciudadano Colima ha resultado una cueva de impresentables que, sin embargo, están utilizando algunos políticos para evadir la justicia.

Vayamos de ahora hacia atrás:

Benjamín Alamillo González fue vinculado a proceso “por los delitos de uso de documento falso, cometido en agravio de la sociedad, y de falsedad ante autoridad no judicial en agravio del Estado, por hechos relacionados con el Proceso Electoral Local 2023-2024 en Colima, donde buscaba obtener el registro como candidato del partido Movimiento Ciudadano a una diputación local por el principio de representación proporcional”.

La propia Fiscalía General del Estado de Colima, en el comunicado que emitió sobre el particular, sentenció: “Esta conducta reviste especial gravedad, pues atenta contra los principios de legalidad y certeza jurídica, además de constituir un engaño deliberado a la autoridad”.

Martha Zepeda del Toro fue vinculada a proceso por los delitos de “peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades y violación a la ley que fija las bases para las remuneraciones de los servidores públicos”; además de lo anterior fue destituida de su cargo de regidora al menos los tres meses que durará la investigación.

Aunque hay elementos para iniciar la investigación en contra de Zepeda del Toro, en Movimiento Ciudadano no sólo no se deslindaron de ella, sino que la premiaron con la coordinación del partido naranja en Manzanillo para tener el pretexto perfecto de continuar el acoso y hostigamiento a la presidenta Rosa María Bayardo Cabrera.

La semana que termina, sin embargo, acudió a la sesión de Cabildo para provocar a los presentes, en especial a la presidenta; para su mala fortuna no la dejaron ingresar y se quedó con las ganas de hacer su circo para las redes sociales.

Pero ella va a seguir, ahora como flamante coordinadora MC en Manzanillo, su campaña de desprestigio y de odio en contra del progreso del puerto; al final ella va a seguir teniendo una representación política, aunque no sea como regidora.

Griselda Martínez Martínez también fue vinculada a proceso por “peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades y violación a la ley que fija las bases para las remuneraciones de los servidores públicos”; el problema es que ella no tiene cargo púbico y puede seguir denostando a las autoridades desde sus redes sociales.

Benjamín Alamillo, luego de hacerse pública su vinculación a proceso por tramposo y sinvergüenza, salió a los medios a decir que la acusación en su contra se trata de una persecución política. Qué cinismo el de ese corrupto: el propio ayuntamiento de Minatitlán se deslindó de la constancia de residencia que él solicitó con información falsa y todavía tiene la caradura de hacerse la víctima.

Pero no se tiene que olvidar que Margarita Moreno también fue señalada de falsificar su renuncia al PRI y de utilizar indebidamente los sellos del partido tricolor; el propio ex gobernador fue enfático en señalar, en pleno proceso electoral, que la entonces presidenta municipal de Colima se sacó de la manga la supuesta renuncia desde el 2023, aunque se dijo sorprendido que continuara yendo a los actos partidistas y visitara hasta en tres ocasiones al dirigente Alito Moreno Cárdenas, hoy vuelto un payaso de la política nacional que pronto pisará la cárcel por corrupto.

Si hay una denuncia contra Margarita Moreno por falsificación de documentos y uso de sellos en la Fiscalía General del Estado de Colima se están tardando en activarla; ahora que vincularon a Benjamín Alamillo también deberían hacerlo contra la regidora, que se la pasa muy feliz como su cuñado José Ignacio Peralta Sánchez, otro impresentable que dañó al pueblo de Colima al dejarlo sin su salario por tres meses.

Movimiento Ciudadano se ha convertido en un refugio de haraganes que, ahora que los están haciendo pagar sus fechorías, tienen el cinismo y la desvergüenza de decirse perseguidos políticos, como el tramposo y falsificador de Benjamín.

Resulta incongruente, por último, que en MC digan que están a favor de la clase trabajadora —del Poder Judicial, claro— cuando el dueño de la franquicia en la entidad, Ignacio Peralta, dejó en la calle a cientos de trabajadores el último semestre de su desastroso sexenio y prefirió quedar bien con la banca que con la gente a la que ahora apelan para que no permitan la supuesta persecución política en su contra.

Definitivamente en el partido naranja sus dirigentes perdieron cualquier gramo de dignidad hace mucho tiempo.