POR Luis Fernando Moreno Mayoral
Un magistrado o ministro o juez debe tener, además de estudios, una carrera judicial que los acredite como buenos impartidores de justicia.
Así como nadie le confiaría la vida de su madre a un pasante que aprendió a operar a corazón abierto a través de un tutorial de YouTube, tampoco dejarían su patrimonio o libertad en manos de un sujeto que salió sorteado mediante una tómbola.
Respecto a la reforma al Poder Judicial de la Federación, la oposición argumentaba que cualquier persona podría llegar a ser juez, ministro o magistrado sin tener aval de una carrera judicial.
Y aunque ciertamente debería cambiarse en las leyes secundarias ese apartado y ser más estrictos en la selección de los futuros impartidores de justicia a nivel federal, también debería serlo en los tribunales locales.
En el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, por ejemplo, sólo cuatro de los 10 magistrados que se han nombrado desde el año 1999 hasta el 2021 tienen carrera judicial.
¿Y quiénes creen que son los que NO tienen carrera judicial:
Bernardo Alfredo Salazar Santana, propuesto por el ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos: fue, en el 2005, director jurídico del Congreso del Estado; también fungió como secretario auxiliar en apoyo a la dirección general, y asesor jurídico del ISSSTE.
De 1997 a 1998 fue asesor de la Unidad de Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo en el gobierno de Fernando Moreno Peña, así como asesor jurídico de la Secretaría Particular del gobernador del Estado, en el periodo de Elías Zamora Verduzco.
Miguel García de la Mora, propuesto también por Silverio Cavazos Ceballos: pese a que se cree hecho a mano y actúa con soberbia y patanería, sólo ha sido, en el 2005, subdirector jurídico del Congreso del Estado y director jurídico del Poder Legislativo en el 2009.
María Luisa Ruiz Corona, propuesta por Fernando Moreno Peña: fue, de 1989 a 1999, defensora pública federal, adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Colima.
Rafael García Rincón, propuesto por Fernando Moreno Peña: en 1998 fue subdelegado estatal de la Procuraduría Agraria en el Estado, además de catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.
Sergio Marcelino Bravo Sandoval, propuesto por José Ignacio Peralta Sánchez: Abogado “A” de la dirección de asuntos jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en el periodo de Elías Zamora Verduzco; presidente del CDM y del Consejo Político Municipal del PRI en Manzanillo, de 1995 a 1997.
Secretario general del CDE del PRI en Colima, de 2000 a 2002; diputado local por el PRI en la Legislatura del 2000-2003; presidente del Comité Directivo Estatal del PRI de agosto a noviembre de 2003.
Y secretario de Turismo en el periodo de Silverio Cavazos Ceballos, de 2005 a 2009.
René Rodríguez Alcaraz, propuesto por José Ignacio Peralta Sánchez: magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, magistrado del Tribunal Electoral del Estado, secretario general de Gobierno en la administración de Mario Anguiano Moreno.
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, subdelegado en Colima del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como jefe delegacional de servicios jurídicos, seguridad en el trabajo y clasificación de empresas, de la Delegación del IMSS.
Quienes a lo largo de 25 años han tomado las decisiones más importantes en materia de justicia en Colima han sido impuestos por ex gobernadores de la era corrupta y criminal del PRI y, lo más lamentable, sin tener una carrera judicial que los avale.
Ahora podemos entender por qué el sistema judicial en la entidad es corrupto y negligente.