POR Luis Fernando Moreno Mayoral
Si hay algo peor que un magistrado sin carrera judicial, eso es, por supuesto, un togado sin carrera judicial impuesto por razones políticas.
La semana pasada, en ORDEN POLÍTICO, se dio a conocer la lista de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima que, desde 1999 hasta 2021, fueron nombrados sin tener carrera judicial.
Ellos son: Bernardo Salazar Santana, Miguel García de la Mora, María Luisa Ruiz Corona, Rafael García Rincón, Sergio Marcelino Bravo Sandoval y René Rodríguez Alcaraz.
Todos ellos, pues, tuvieron cargos en el entonces partidazo (PRI) y fueron asesores jurídicos en los gobiernos estatales del tricolor; otros fungieron como secretarios de Estado y otros más salieron de la academia.
Los otros cuatro, igual nombrados desde 1999 hasta el 2021, tienen carrera judicial; dos de ellos fueron presidentes del STJE y las otras dos han tenido un papel aceptable.
José Alfredo Jiménez Carrillo, propuesto por Fernando Moreno Peña: fue Juez de Primera Instancia, secretario general de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, secretario de Acuerdos de la entonces Sala Civil del STJE, notificador del STJE y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.
Lilia Hernández Flores, propuesta por José Ignacio Peralta Sánchez: Juez de Primera Instancia, proyectista jurídica de la Sala Mixta, secretaria general de Acuerdos del STJE, secretaria de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia y secretaria Actuaria de Juzgados.
Leticia Chávez Ponce, propuesta por José Ignacio Peralta Sánchez: Juez de Primera Instancia, secretaria de Acuerdos de la Sala Mixta del STJE, secretaria de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia y secretaria Actuaria de Juzgados.
Juan Carlos Montes y Montes, propuesto por Silverio Cavazos Ceballos: Juez de Primera Instancia, proyectista jurídico adscrito a la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y secretario de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia.
José Alfredo Jiménez Carrillo, con sus bemoles, fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, igual que ahora lo es Juan Carlos Montes y Montes, afín al régimen actual después de una desastrosa y atropellada presidencia de Bernardo Salazar Santana, donde se detectaron infinidad de irregularidades en las cuentas públicas, mismas que sirvieron para destronarlo y evitar que dejara a un alfil que le cubriera las espaldas.
De Lilia Hernández Flores y Leticia Chávez Ponce no hay mucho qué decir: se han mantenido con un bajo perfil, alejadas de los reflectores y los escándalos; es de lo poco rescatable del Poder Judicial de Colima.
De los diez magistrados nombrados desde 1999, esto es, desde hace 25 años, es un hecho que los togados sin carrera judicial obedecieron a razones políticas y sirvieron a pie juntillas al gobernador en turno; eso es lo que se debe desterrar en el Poder Judicial para que los próximos impartidores de justicia sean imparciales y su único patrón sea la Constitución.
De ahí que, si en realidad tuvieran vergüenza los 6 magistrados impuestos por gobernadores priístas y ratificados por Legislaturas con la mayoría tricolor, debieran tomar el programa de retiro voluntario que se aprobó hace unas semanas en el Congreso del Estado, con el dictamen de reforma a la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Colima.
¿Quién o quiénes lo tomarán?