POR Luis Fernando Moreno Mayoral
En menos de una semana han exhibido a dos choferes de taxi en situaciones que merecieron el repudio social y las sanciones de las autoridades.
El primero fue captado en fotografía tomando un trago a una lata de cerveza; la imagen circuló por las redes sociales y muchas personas se indignaron por el hecho.
El segundo fue grabado en video orinando en la vía pública; aquí la indignación aumentó debido a que, de acuerdo a quien divulgó el hecho, había niños con sus mamás cerca del lugar.
Al primero lo llamaron a la subsecretaría de Movilidad para sancionarlo y retirarle su permiso de chofer; sobre el segundo todavía no hay información oficial que determine qué fue lo que procedió ante la queja.
Como este tipo de situaciones no son comunes, es válido preguntarnos si hay una campaña negra en contra de los taxis amarillos que, a diferencia de los que prestan el servicio por medio de aplicaciones, tienen sus papeles en regla, tienen seguro de pasajeros y pagan los impuestos correspondientes.
No vamos a justificar al señor que fue captado tomando una cerveza —pese a que, posiblemente, ese día haya tenido que trabajar en el solazo y se le antojara un trago— ni al que orinó en la vía pública —pese a que lo más seguro es que llevara horas manejando y, por su edad, no haya podido aguantarse a llegar a un baño—.
La exhibición de dos casos de conductores de taxis amarillos se da, sospechosamente, en medio de un agresivo operativo del gobierno del Estado para poner en regla el servicio de transporte público por medio de aplicaciones.
Esta medida, cabe aclarar, viene desde el gobierno federal: no nada más tienen que pagar sus impuestos para poder operar en el país, sino que también deben asegurar a sus trabajadores y contar con los permisos que expide la subsecretaría de Movilidad.
Los taxis de aplicación, como los DiDi, tienen tarifas altas, mucho más que los taxis amarillos; también realizan los viajes por lugares que les marcan los mapas de la aplicación, por lo que no se pueden desviar ni un centímetro y rodean por lugares lejanos. Y por último dejan a los clientes donde el mapa les indica, no donde la gente les pide que se detengan.
Por supuesto que los taxis de aplicación deben pagar impuestos, contar con seguro de pasajeros y asegurar a sus conductores en el Instituto Mexicano del Seguro Social; no porque sean empresas extranjeras van a venir al país a hacer negocio —sobre todo competencia desleal— en detrimento de los taxis amarillos.
Bien que la subsecretaría de Movilidad realice operativos todos los días para verificar que los taxis de aplicación estén en regla; es lo mínimo que deben hacer dado que los taxis amarillos deben pasar por demasiados filtros — en especial con la Ley de Movilidad de José Ignacio Peralta Sánchez, cuya autora fue Gisela Méndez, que castigó severamente al transporte público y que debiera modificarse— para poder prestar el servicio.
Y si los conductores de taxis por medio de aplicación se enojan y amenazan con realizar manifestaciones, nomás habría que aclararles que los que sí tienen organizaciones establecidas y un número importante de afiliados son los que operan los taxis amarillos.
Lo que sí debiera hacer la subsecretaría de Movilidad es continuar con los operativos para verificar las tarifas de los taxis de aplicación: no es posible que un viaje del centro de la ciudad de Colima a Nuevo Milenio lo cobren en 80 ó 100 pesos o que, si hay lluvias, los conductores aumenten a discreción los precios hasta 200 pesos.
Eso sí es un abuso al cliente.