POR Luis Fernando Moreno Mayoral
“Si así tratan el (atentado) de una presidenta municipal, qué me puedo esperar de los demás expedientes que tienen ahí de asesinatos en todo el Estado de Colima”, fue lo que dijo Griselda Martínez Martínez tras cuestionar la “indolencia tremenda y falta de compromiso” de la Fiscalía General del Estado de Colima.
La presidenta municipal de Manzanillo tiene razón en algo tan grave y serio como un intento de asesinato de una funcionaria de primer nivel: si las autoridades, por lo que sea y por órdenes de quien sea, no actúan ni investigan ni castigan a los responsables, qué puede esperar la gente que se atrevió a denunciar a su violador o al ratero de su casa o al que lo amenazó de muerte.
Si en la Fiscalía de Colima no mueven un solo dedo para sancionar las conductas delictivas, esto genera impunidad y, por tanto, el criminal se sabe impune y vuelve a cometer delitos.
Pero en el caso de Griselda Martínez no hablamos sólo del atentado de hace cuatro años, sino de otro que sucedió el pasado 29 de junio del 2022 a unos metros de la presidencia municipal de Manzanillo, en donde unos sujetos dispararon desde el monte a las camionetas que trasladan a la alcaldesa y sus escoltas y que estaban estacionadas a un costado del edificio donde despachan los funcionarios municipales.
El caso no lo desconocía la gobernadora Indira Vizcaíno ni el inútil Bryant Alejandro García Ramírez; la propia presidenta de Manzanillo dijo que de inmediato se anexó a las carpetas de investigación que están en la Fiscalía General del Estado de Colima y en la Fiscalía General de la República, en donde, dice, no se ha avanzado nada.
¿Por qué, entonces, la indolencia y desprecio de la autoridad estatal hacia el doble atentado a Griselda Martínez Martínez? Porque, ciertamente, ella fue parte de la conspiración que se hizo desde el gobierno federal en contra de la manzanillense, en donde se pretendió vincular a ella y a su familia como miembros activos del CJNG, por lo que se procedió al bloqueo de cuentas de Martínez Martínez y gran parte de su familia.
En alguna otra ocasión narró que su hija, al querer abrir una cuenta en un banco para poder cobrar una beca del Conacyt, no pudo porque le dijeron que estaba en la lista negra. Esto es: a cuatro años las consecuencias para la alcaldesa y su familia continúan, aunque los responsables materiales e intelectuales del intento de asesinato siguen en libertad.
La justicia en Colima se debe medir en razón a los resultados que dan. Si un atentado en contra de una presidenta municipal no se resuelve ni se castigan a los responsables, por qué debemos confiar en que sancionarán y enviarán a la cárcel a los asesinos que han desatado esta ola de terror y violencia desde el 25 de enero del 2022 en el CERESO de Colima.
Y hay otra razón de peso: de acuerdo a los cables confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional hackeados por Guacamayas, desde la Fiscalía de Colima se protege a uno de los cárteles que domina y opera en la entidad y que, según uno de sus ex integrantes, ordenó el asesinato de la gobernadora por no cumplir los compromisos que hicieron con ella desde la campaña electoral para que llegara a la gubernatura.
¿Cómo confiar en una Fiscalía tan desprestigiada y manchada de corrupción y nexos con la delincuencia?
O más claro: si Griselda Martínez tiene cuatro años sin que se le haga justicia, ¿qué les hace creer que la denuncia que tienen en la FGE se resolverá a su favor, sobre todo si hay organizaciones criminales detrás de los hechos?