POR Jorge Octavio González
Uno de los argumentos para llevar a cabo la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de Colima y de todo el país es que entren al relevo las nuevas generaciones de abogados comprometidos y sin una red de intereses que los obliguen a torcer la ley a contentillo.
Hasta Miguel García de la Mora y Bernardo Salazar Santana, unos vulgares ambiciosos, se negaron a competir en la elección del próximo primero de junio de este 2025, lo que habla de que les quedó un poquito de decencia y vergüenza; los dos regresarán a sus casas a ver si como simples ciudadanos continúan con su estilo de vida.
José Alfredo Jiménez Carrillo, quien hoy es integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, se registró como candidato a magistrado del nuevo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima, con todo y que lleva décadas en ese cargo.
En estos momentos, en lugar de competir para ser magistrado por 7 años más, el señor debería jubilarse y dejar que las nuevas generaciones tomen las riendas de la impartición de justicia en Colima; lo que está haciendo es pretender perpetuarse en el poder por la red de intereses que ha creado a lo largo de los años y no perder esa cartera de clientes que seguramente tiene y que le reditúa algunos beneficios.
Y si no contemplaba dejar su lugar por decencia y prudencia, algo que definitivamente no tiene, al menos tendría que hacerlo ahora que salió a relucir su nombre en un presunto despojo de varios predios a una familia colimense.
Como ya se documentó en la columna ORDEN POLÍTICO, José Alfredo Jiménez Carrillo es uno de los señalados por la señora María de la O de estar coludido con otras instancias del Poder Judicial de Colima que tienen el objetivo de favorecer a un arquitecto que ha logrado que el litigio se alargue por más de 15 años.
¿Qué necesidad tiene el magistrado de concluir su carrera judicial con estos escándalos? Mejor debería renunciar a su candidatura para no ensuciar este proceso que, ciertamente, no ha sido el mejor de todos, pero al menos tiene el objetivo de limpiar el Poder Judicial de las corruptelas y privilegios que por décadas prevaleció entre sus integrantes.
De igual manera otro de los imputados en este litigio es el señor José David Cisneros Alcaraz, actual presidente del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito (Colima), y que pretende ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima.
Y el ajonjolí de todos los moles es el juez cuarto de Lo Familiar del Poder Judicial de Colima, José Villalvazo Martínez: el sujeto tiene toda una serie de señalamientos por su mezquina e irregular forma de impartir justicia en los bueyes de su compadre.
El manoseo que hizo en dos juicios sucesorios es un claro ejemplo de cómo este juez es capaz de prestarse a las peores bajezas con tal de beneficiar a una de las partes; lo bueno de todo esto es que no será candidato ni a magistrado ni a juez de primera instancia en este proceso electoral que se llevará a cabo el 1 de junio.
La tríada en cuestión ha hecho mucho daño a la justicia en Colima; lo que deberían hacer es retirarse ahora que tienen la oportunidad y no arriesgarse a que se lleve a cabo una extensa y profunda auditoría de sus respectivas funciones como magistrados y jueces.
Podrían salir muchas sorpresas.
Miguel García de la Mora y Bernardo Salazar Santana, que se veían como los dueños del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima por muchísimas décadas más, entendieron que no podían pelear contra el sistema que, con sus pros y contras, tiene un poder inmenso; a su edad no les gustaría pisar una cárcel ni tener que rendir cuentas del mal manejo de las finanzas en el Poder Judicial.