POR Luis Fernando Moreno Mayoral
Pasadas las elecciones del 2 de junio, el 2025 será de cambios radicales en las instituciones democráticas y en el sistema de justicia en México.
Truene, llueve o relampaguee, como han dicho los más encumbrados funcionarios del gobierno federal y de las Cámaras de Diputados y Senadores, el próximo año habrá elecciones para elegir jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial.
Todo va encaminado para que así sea.
En Colima, mientras tanto, también se están dando pasos hacia allá.
Se evitó que Roberto Ramírez Ramírez se reeligiera en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; en su lugar los diputados nombraron a Manuel Vega Zúñiga, de quien se espera no actúe como su antecesor y sí defienda los derechos humanos de los colimenses.
Acaban de nombrar a José Luis Puente Anguiano como presidente del Tribunal Electoral del Estado en sustitución de la comparsa del viejo régimen —que con sus resoluciones demostró trabajar para la mafia del poder en la entidad—, María Elena Díaz Rivera.
El Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional para incrementar de tres a cinco las magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa, hoy en manos del júnior Andrés Gerardo García Noriega, impuesto por José Ignacio Peralta Sánchez y cómplice de sus corruptelas.
En el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima terminó su periodo Indira Isabel García Pérez, emisaria del pasado neoliberal que la colocó en ese lugar para cubrir todas las corruptelas de los gobiernos del PRIAN.
Aunque ya fue a pedir anuencia para continuar al frente del Osafig, es un hecho que habrá cambio de titular.
Después de estos cambios en las dependencias electorales y de fiscalización gubernamental, tocará el turno al Poder Judicial de Colima de reinventarse.
Dos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, René Rodríguez Alcaraz y Leticia Chávez Ponce, aceptaron el programa del retiro voluntario aprobado hace unos meses por los diputados del Congreso del Estado.
Si no hay más togados que se acojan a este sistema para irse con una jubilación justa, vendrán los movimientos a través de las elecciones y las respectivas presiones que se ejercerán en contra de aquellos que se sientan dueños del cargo, como Miguel García de la Mora y Bernardo Salazar Santana, que han acudido a mítines políticos en donde diversos abogados hablaron pestes de la reforma al Poder Judicial y de quienes, desde el gobierno federal y estatal, la promovieron.
Si bien García de la Mora sólo fue un convidado de piedra en dichas manifestaciones, sí aplaudía cuando su amigo Salazar Santana criticaba la reforma con micrófono en mano.
2025, pues, viene interesante; a ver si en realidad se concreta el cambio profundo al Poder Judicial en Colima, que mucha falta hace.
** Quien está llore que llore por los rincones es el abogado Rumualdo García Mejía, en su momento el abogado de Héctor Insúa García que pretendía crear otro sindicato en el ayuntamiento de Colima para contrarrestar el de Héctor Arturo León Alam, porque el Instituto Electoral del Estado de Colima rechazó su petición para realizar la revocación de mandato a la gobernadora del Estado.
Ya anunció que interpondrá una impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado, que seguramente le responderá en el mismo sentido.
Total: el que pierde el tiempo es el abogado que, cuando fue director jurídico del Congreso del Estado, demostró ser puro pájaro nalgón, perdiendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad que interpusieron diputados en contra de reformas y modificaciones que hicieron en el Poder Legislativo.