POR Jorge Octavio González
Ayer miércoles el líder sindical Martín Flores Castañeda volvió a arremeter en contra de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva por el impago de su administración al Instituto de Pensiones del Estado de Colima (IPECOL), lo que lo llevó a declararse en pie de lucha a partir de hoy jueves con la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que estará en el Congreso del Estado para convencer a los diputados de las bondades de la militarización del país.
Y es que, de acuerdo a la conferencia de prensa que ofreció el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), la mandataria estatal debe cantidades millonarias de las retenciones que quincenalmente les hacen a los trabajadores del gobierno del Estado.
No sólo se debe lo que se dejó de pagar en la pasada administración, sino también de los 11 meses que lleva la actual; lo anterior deja entrever una vez más la mitomanía de Indira Vizcaíno y su proclividad a engañar a la sociedad colimense.
Si bien ella ha dicho que están al corriente con sus aportaciones, los números no mienten: el dinero de las retenciones de los trabajadores no está enterado al IPECOL. Una de dos: o la gobernadora no lo sabe o de plano no le informan lo que sucede con el dinero de los colimenses. Lo primero sería desastroso, habida cuenta de que la mandataria debe ser la persona mejor informada de la entidad; lo segundo sería gravísimo, pues quiere decir que funcionarios de su administración están haciendo un uso indebido de ese recurso que debía ingresar a las arcas del Instituto de Pensiones.
Martín Flores dijo que le pedirán a la gobernadora que se conduzca con honestidad. Si paga, significa que sí lo es; si no lo hace, acreditará que su gobierno es CORRUPTO. Así, con esas palabras, lo dijo el líder sindical.
Sobre los asesores que hemos estado exhibiendo en estas páginas, Flores Castañeda calificó como un error mayúsculo su contratación, pues por un lado sus asesores tienen sueldos de 40 y 50 mil pesos mensuales, pero por el otro dicen no tener dinero para el incremento salarial del 8% a los trabajadores sindicalizados. Sí tiene para asesores, pero no para los trabajadores; eso habla mal de un gobierno que se dice emanado de izquierda y que defiende a la clase trabajadora.
La incongruencia en el gobierno de Indira Vizcaíno es más que claro: se han exhibido apenas a 3 asesores de la Oficina de la Gubernatura, a cargo del oscuro Eduardo Escamilla Jurado, con sueldos onerosos e insultantes; sin embargo, hacen falta alrededor de 50 más que están en las mismas condiciones y con remuneraciones obscenas e indignantes, sobre todo porque es esta administración la que se niega a incrementar el salario de los trabajadores pretextando que no tienen recursos suficientes.
Dinero sí hay, y ahí está el claro ejemplo de lo que gastan en asesores que, al final de cuentas, para nada sirven, pues la gobernadora no ha salido a hacer declaraciones ni a resolver conflictos que hayan surgido de un plan o estrategia diseñada en la Coordinación de Asesores del gobierno del Estado, cuya cabeza es Miguel Ángel Vargas Vaca, que también se hace cargo de la Coordinación de Comunicación Social como un favor a la gobernadora tras irse el florero que estaba ahí, de nombre Alex Carbajal.
Indira Vizcaíno debe dejar de lado sus filias y fobias y reconocer que, aunque cuentan con dinero, no quieren ayudar a la clase trabajadora; nada más que no salgan con el cuento de que las finanzas no soportarían un mísero 8% de incremento porque se ha documentado el despilfarro de recursos nada más en la Oficina de la Gubernatura, algo que pegó en la línea de flotación del discurso de la honestidad y transparencia que tanto pregona la mandataria estatal.
Indira miente, engaña, no es transparente y no le gusta la rendición de cuentas; tampoco le agrada cumplir compromisos con la clase trabajadora ni respetar a los organismos autónomos que requieren financiamiento para operar.
Este gobierno es un caos y solamente Indira no se ha dado cuenta.