POR Jorge Octavio González
El litigio que lleva 15 años sin resolverse, en la zona norte de la ciudad de Colima, es más complejo de lo que se supondría; no basta la versión de una de las partes sino la de las autoridades que llevan el caso y, sobre todo, de los afectados que han invertido su dinero para hacerse de un patrimonio.
La semana pasada se presentó en estas páginas la versión de la señora que vendió los predios en lo que hoy se conoce como Residencial Victoria, a un lado de La Capacha; ella dio a conocer la serie de amenazas que recibió de un arquitecto y señaló nombres de jueces y magistrados del Poder Judicial de Colima presuntamente coludidos para perjudicarla.
Hoy, sin embargo, se presentará la otra cara de la moneda, la de los afectados que, ciertamente, son los que están sufriendo las consecuencias de que ninguna de las partes llegue a un acuerdo que deje satisfechos a todos.
Hace más de 15 años, cuando la zona norte de la ciudad capital estaba en breña y en total abandono, la albacea de la familia dueña de los predios vendió a un precio que, sin embargo, se disparó años después por la plusvalía que le dio el potencial inmobiliario que hoy se puede ver sin problema alguno; ella se arrepintió del precio que dio y lo aumentó de manera unilateral, provocando la molestia de los compradores que, desde luego, iniciaron las denuncias correspondientes.
De acuerdo a información proporcionada a este medio, todos los actos que reclama la denunciante ya están consumados con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, decidió desconocerlos y, por ese motivo, justo cuando se llevan a cabo elecciones extraordinarias para renovar el Poder Judicial del Estado, tomó la determinación de exhibir el caso en los medios de comunicación.
15 años de litigio, en donde la señora reconoció que ha tenido que gastar cantidades millonarias en abogados y demás, desgasta y merma las finanzas de cualquier persona; de ahí que, con el pretexto de las elecciones judiciales en puerta, este sea el momento perfecto para litigar en los medios, sobre todo porque la mayoría de los señalados está compitiendo para ser magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, jueces de primera instancia y magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, éste de la esfera federal.
No debe extrañar la actuación de la denunciante: la desesperación orilla a hacer lo que sea con tal de recuperar algo de lo perdido.
Lo que no se vale, por supuesto, es que en esta guerra de litigios se perjudique a las personas que, de buena fe, compraron predios en Residencial Victoria y a más de 15 años ni siquiera tengan los títulos de propiedad de venta certificados ante Notario Público para hacer uso de sus bienes.
El asunto, como se dijo líneas arriba, ya fue resuelto en última instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en estos momentos el caso se encuentra en calidad de ejecución, es decir, en cumplimiento de las sentencias luego de que los casos fueron dictaminados y revisados por tribunales locales y federales.
Se entiende, aunque no tendría que ser así, que pudiera haber favoritismo en una primera instancia hacia una de las partes, por las razones que sean; sin embargo, si el asunto escaló a tribunales federales y de la misma forma quedó firme la sentencia, la negativa a aceptarlo es porque apostó mucho y perdió.
En un litigio hay un ganador y un vencedor; desde luego que quien pierde queda molesto y frustrado, pero las resoluciones de las autoridades, sobre todo si son la última instancia, son inatacables.
En el caso en cuestión, en torno a los predios de la zona norte de la ciudad de Colima, lo que se diga en los medios no tiene ningún efecto porque la máxima autoridad, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció al respecto y dejó firme la sentencia que obliga a la vendedora de los predios y albacea de la familia a darle los títulos de propiedad certificados ante Notario Público a los compradores.
Los señalamientos a jueces y magistrados que participaron y conocieron del caso se puede entender como una campaña de desprestigio en su contra ahora que la mayoría de ellos están participando en estas elecciones extraordinarias para renovar jueces y magistrados en el Poder Judicial de Colima.